La presentación del proyecto de Presupuesto 2025, que el presidente Javier Milei hizo hace dos domingos en un acto inédito para la tradición política argentina, dejó varias polémicas abiertas. Más allá de las discusiones sobre la audiencia y la escasa presencia de legisladores opositores, las cuestiones centrales de la proyección de gastos del gobierno libertario marca que el modelo de ajuste se mantendrá con el tiempo, priorizando ante todo el equilibrio fiscal. Por eso, muchas de las metas marcadas por el mandatario aparecen a priori como “inconsistentes” y de “muy difícil realización”.
Así lo marca un análisis del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, que tomo los indicadores y los pasó por el tamiz de la actual situación. En momentos que crece la desocupación y se mantiene la caída de los salarios, las ideas plasmadas por el equipo económico mantienen el rumbo recesivo actual, según el informe, que hizo hincapié en las dificultades de alcanzar algunas metas, como la inflación del 2025. Además, otros trabajos vinculados al presupuesto se centraron en el ajuste, en áreas sensibles como educación y ciencia, anticipando nuevos conflictos con los trabajadores del sector.
El trabajo del IEF descree abiertamente de los números planteados por el presidente Milei en el Congreso, y pone en duda su posibilidad de realización. Por eso, llamó a la iniciativa “un presupuesto para la gilada”, y al mensaje televisado en cadena nacional como “un compromiso con el déficit cero y un ajuste perpetuo necesario para cumplir con los pagos de la deuda”, enviado a los acreedores de la Argentina.
“El presupuesto presentado ante el Congreso está lleno de inconsistencias: subestima la tasa de inflación, sobreestima el crecimiento económico, y deja sin resolver justamente de dónde saldrán los dólares necesarios para afrontar los vencimientos del próximo año”, destacó el informe, al que tuvo acceso data gremial. Para la entidad, estas contradicciones dentro de esta política económica “han generado un cuadro de absoluta irracionalidad: un presidente que se posiciona como garante del pago de la deuda, pero que no cuenta con los dólares para pagarla”.
Mientras se promete austeridad y disciplina fiscal, recalcó el IEF, “lo paradójico es que el presupuesto no ofrece una solución concreta sobre cómo se logrará cumplir con los compromisos financieros”. “No existe saldo comercial suficiente para afrontar las obligaciones que Argentina tiene el próximo año, por más que se implementen estrictas reglas fiscales o ajustes disciplinantes”, agregaron. El esquema planteado, en términos generales, “indica que para el año que viene se experimentará una recuperación económica basada en la recomposición del mercado interno por la vía de una fuerte desaceleración de la inflación”. “Si bien también se prevé un aumento de la inversión, ésta no resulta significativa frente a la magnitud de la tasa de actividad prevista porque lo que parece estar de fondo, es la apuesta por la utilización de la capacidad instalada”, resaltó el informe.
La entidad de la CTA Autónoma se basó para su análisis en cuatro grupos de “inconsistencias”: Sobre la estimación de inflación; sobre el crecimiento económico y otras variables de la oferta y demanda agregada; acerca del saldo comercial y respecto a la recaudación tributaria.
Inflación
Uno de los temas centrales de esta realidad lo marca la proyección de inflación, tema central en las promesas de campaña de Milei, y que según los especialistas en opinión pública es uno de los temas que es fundamental para sostener el apoyo al gobierno. De hecho, el último registro de 4,2 por ciento en agosto fue tomada como una mala noticia.
La proyección de presupuesto en 2025, “se espera una variación intermensual promedio del índice del 1,4 por ciento que permita alcanzar una variación anual respecto de diciembre de 18,3 por ciento”. El gobierno está realizando en materia de estimación de la inflación “una hipótesis muy difícil de cumplimentar ya que descuenta que el éxito que hasta ahora no tuvo, lo tendrá necesariamente en los próximos meses y el próximo año, repitiendo la misma fórmula de equilibrio fiscal y ancla cambiaria”.
De acuerdo con los cuadros presentados por el Poder Ejecutivo, al mes de diciembre de 2024, “el IPC habrá registrado un aumento interanual del 104,4 por ciento”. Visto que, al mes de agosto, “dicha variación ya acumula un 94,8 por ciento, para cumplirse la meta prevista el índice mensual debería desplomarse desde un promedio de 4,2 por ciento en los últimos 4 meses (mayo/agosto) a un promedio de 1,2 por ciento mensual en los últimos 4 meses del año”. Desde el mes de mayo, “la tasa de inflación mensual quedó clavada cerca del 4 por ciento mientras se recorta el gasto público para ampliar el superávit fiscal primario -e incluso acumulación de superávit financiero- y se interviene en los mercados del dólar financiero a través de la compra de títulos públicos que les costaron a las reservas en el mes de julio 326 millones de dólares y se estima que actualmente se aproxima a los 700 millones de dólares”.
“Lo que ocurre realmente es que la única contención inflacionaria que ha aplicado el Poder Ejecutivo es, en realidad, una brutal recesión que mantiene deprimidos los salarios, ingresos, jubilaciones y, por ende, el consumo interno”, afirmó. Por lo tanto, “si la expectativa oficial es que el año que viene se produzca una recuperación del poder adquisitivo por la vía de la desaceleración inflacionaria (y probablemente la ayuda del crédito), resulta aún más difícil que en ese proceso los precios se sostengan bajos. Más aún si, tal como se afirma en el presupuesto es espera un nuevo aumento en las tarifas de los servicios públicos y aumento de los combustibles (por el mayor peso del impuesto específico) con impacto en la inflación y reducción de los ingresos disponibles”, se concluyó.
Áreas sensibles
Luego del anuncio presidencial, otros análisis pudieron detectar áreas sensibles que serán afectadas por el ajuste en nombre del equilibrio fiscal. Según el análisis elaborado por el Grupo EPC-CIICTI, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo implica una contracción real del 9,4 por ciento del Presupuesto de la Administración Pública Nacional y una caída de la Función Ciencia y Tecnología (FCyT) que la ubicará en el 0,2 por ciento del PBI, el menor guarismo en diez años y equiparable al del año 2002. De hecho, la propuesta del Ejecutivo plantea suspender el artículo de progresividad de la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia que fijaba la suba escalonada de la inversión pública en ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1 por ciento del PBI en 2031. En 2025, esa ley, aprobada por el Congreso en 2022, proponía que el porcentaje del PBI para la inversión en ciencia fuese del 0,45 por ciento.
Ante esto, desde ATE en el CONICET le confirmaron a Data Gremial una jornada de lucha para esta semana, buscando alertar sobre “el golpe mortal a la ciencia argentina”. La jornada de lucha será este jueves 26 ante Jefatura de Gabinete –a las 10.30- para concentrar luego en Plaza de Mayo a las 12. “Si no entra nadie, CONICET sale a la calle”, es el lema de la protesta, una más desde que comenzaron la gestión de Milei al gobierno y Daniel Salamone en el organismo, con ajustes, despidos y desfinanciamiento, pero también con estigmatización y agresiones explícitas hacia la comunidad científica.