A tres meses de que la administración de Javier Milei anunciara la reestructuración del Hospital de Salud Mental ‘Laura Bonaparte’, el Gobierno adelantó este miércoles que no renovará los contratos de una parte considerable del personal y que implementará un recorte de más de 700 millones de pesos en el presupuesto para 2025. Esta medida se produce en el marco de un análisis sobre el uso de los fondos que el hospital recibió en 2024, cuando contó con un presupuesto de $16.800 millones para su funcionamiento, lo que implicaba una asignación mensual de $1.333 millones.
Según el Gobierno, la reducción en el presupuesto se justifica por la "mayor distorsión" en la relación entre camas ocupadas y presupuesto del hospital, subrayando que el 78% de los fondos se destinaban al pago de salarios. Además, el Ejecutivo destacó que durante el gobierno de Alberto Fernández, se incorporaron 326 trabajadores, la mayoría de los cuales no verán renovados sus contratos.
Los trabajadores, por su parte, realizaron una asamblea esta mañana y aseguran que se trata de un nuevo intento de cierre del centro de salud y que muchos de ellos formarán parte de los 1.400 despidos en el área de salud anunciados este miércoles por el Gobierno.
Impacto en la atención y el rechazo de los trabajadores
Además defienden el rol fundamental que desempeña el Bonaparte en la atención de salud mental y adicciones. Aseguran que la institución sigue brindando un servicio crucial tanto para los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como para los de zonas cercanas. Además, el centro de salud se encuentra en red con otros centros de salud del país, ofreciendo soporte y acompañamiento en casos complejos.
El hospital cuenta con una guardia de salud mental de atención diaria y a tiempo completo, un servicio especializado en internación y otro dedicado a la atención de menores de 18 años con problemas de salud mental y consumos problemáticos. También es un centro de formación profesional para trabajadores de la salud mental, y se dedica a la investigación y producción de conocimiento en este campo.
Estado de alerta y demandas de los trabajadores
Frente a la reducción de personal y el recorte presupuestario, los trabajadores del Hospital Bonaparte se declararon en estado de alerta permanente y han solicitado apoyo de la comunidad. Aseguran que, debido a la falta de personal, el hospital está perdiendo capacidad operativa y se encuentran en riesgo la continuidad de los servicios esenciales, como la atención en la guardia y la cobertura para los pacientes internados.
"Informamos a la comunidad que los trabajadores del Hospital Bonaparte nos encontramos en estado de alerta permanente. Necesitaremos nuevamente el apoyo para resistir este nuevo ataque a la Salud Pública", expresaron los trabajadores. En ese sentido, también destacaron que actualmente hay 25 pacientes internados cuyos equipos terapéuticos han sido despedidos, lo que agrava aún más la situación.
Un conflicto que se arrastra desde octubre
Este no es el primer intento del gobierno de reestructurar el hospital. En octubre del año pasado, la administración de Javier Milei había intentado cerrar el centro, lo que motivó una ocupación del edificio por parte de los trabajadores. En esa ocasión, el gobierno justificó el cierre diciendo que el hospital tenía una baja demanda (con 612 empleados para solo 16 internados, cuando había camas disponibles para 50), y que otras instituciones cubrían las necesidades. Sin embargo, tras la ocupación del edificio, las autoridades dieron marcha atrás con la decisión de clausurarlo, aunque el conflicto se reabre ahora con los despidos y recortes.
Un hospital con un enfoque integral en salud mental
El Hospital Bonaparte sigue siendo un pilar clave en la atención de la salud mental en Argentina, y es la única institución pública del país que se dedica de forma integral a estos problemas, con un enfoque en los derechos humanos y la atención interdisciplinaria. En este contexto, los trabajadores del hospital siguen luchando para garantizar la continuidad de los servicios y la estabilidad laboral, mientras que la comunidad espera que se reabra el diálogo con las autoridades para evitar que la institución cierre o se vea profundamente afectada por los recortes.