En su afán de desregular la economía, el gobierno está avanzando sobre terrenos pantanosos. Esta semana, decidió meterse con los aportes económicos de las compañías empleadoras, es decir, cámaras y nucleamientos patronales, lo que lo enfrenta con algunas de las entidades más poderosa del país. La es que estos recursos sean entregados de forma voluntaria, y no estén incluidas en ningún convenio laboral. si bien a primera vista el tema no involucra a los gremios, hay voces de alerta, ya que esto podría serla primera avanzada sobre una reforma que obsesiona en la gestión libertaria: Que los aportes delos trabajadores a sus organizaciones no sea compulsivo ni solidario. Esto sería un golpe a los sindicatos y su financiación, algo que el gobierno de Javier Milei intenta desde hace tiempo. Por ahora no hay pistas de esta avanzada, pero nadie lo descarta. Lo cierto es que en el Boletín Oficial el decreto 149/2025 publicado ayer miércoles dispone que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”. La medida fue bien recibida por algunos sectores como la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En ese sentido, la medida oficializada puntualizó que la imposición en curso o la aceptación voluntaria “podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente”. En el texto oficial, al que tuvo acceso Data Gremial, el Ejecutivo argumentó la decisión indicando que la imposición de contribuciones obligatorias a favor de las cámaras o grupos de empleadores es una práctica “carente de sustento normativo”, asegurando que “afecta la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores y vulnera los principios constitucionales de legalidad y representatividad”. Al fundamentar dicha valoración, expuso que el artículo 9 de la Ley 14.250 admite la incorporación de cláusulas que establezcan contribuciones a favor de las asociaciones sindicales de trabajadores, pero asegura que no alcanza a terceros ajenos al ámbito de la representación ejercida en la suscripción del Convenio Colectivo de Trabajo por las asociaciones o cámaras o grupos de empleadores que lo suscriben.
En este marco, estableció que la Secretaría de Trabajo “no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contengan cláusulas destinadas a establecer contribuciones, aportes o cualquier tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a quienes no se encuentren afiliados o asociados a estas”. Al respecto, sostuvo que “la homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo tiene como finalidad exclusiva la regulación de condiciones de trabajo de aquellas relaciones individuales comprendidas en su ámbito de aplicación, sin extender su alcance a cuestiones relacionadas con el financiamiento o sostenimiento de cámaras empresariales o agrupaciones de empleadores”. Asimismo, consideró que “tampoco resulta procedente extender su encuadre justificado en las denominadas cláusulas de solidaridad, en cuanto normativamente quedan ceñidas a los trabajadores no afiliados a las organizaciones sindicales, en favor de estas”.
Dudas sindicales
En el mundo sindical, son cautos sobre el impacto de la medida. Ante la consulta de Data Gremial, diversas fuentes aseguran que esta situación puede ser la primera avanzada para hacer que los aportes de los trabajadores a sus organizaciones sindicales se dejen de hacer de forma compulsiva, lo que afectará notablemente el financiamiento del sector. Esta idea fue varias veces expresadas por varios libertarios, y fue incluido en los proyectos que buscan imponer una reforma laboral. “También quieren sacar la cuota solidaria, lo que afectará mucho a los gremios”, agregaron las fuentes. Cuando un sindicato cierra un acuerdo salarial, lo hace para sus afiliados y todo el universo de empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo. Por eso recibe un aporte solidario de esos trabajadores, a los que representó de forma indirecta. Eso quiere ser eliminado por el gobierno.
Mientras los abogados sindicales analizan las implicancias del decreto 149, algunos dirigentes de primera línea multiplicaron en las últimas horas sus llamados a funcionarios libertarios para saber si están en la mira por cláusulas convencionales que fijan aportes obligatorios que van a sus arcas. Uno de los apuntados es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con quien la CGT mantiene una tensa relación, con algunos altibajos pero siempre con cierto diálogo. El funcionario, a cargo de desmantelar todas las regulaciones estatales, destacó la medida en su cuenta de X asegurando que “el secreto 149/25 termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer ‘impuestos privados’ para beneficio de privados”. Al valorar la decisión, explicó que “la Ley 14.250 regula los convenios colectivos como instrumentos destinados exclusivamente a fijar condiciones de trabajo”, señalando que “pensar que pueden ser usados para permitir la imposición de contribuciones obligatorias vulnera el principio constitucional de libertad de asociación, ya que impone cargas económicas a sujetos que no han elegido voluntariamente participar de esas entidades”.
Respaldo
En tanto, la medida fue celebrada por diversos sectores empresariales, al afirmar que significa un alivio de 70 mil millones de pesos anuales. Por ejemplo, el aporte obligatorio por parte del empleador al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), alcanza a 1.200.000 de trabajadores y este mes se incrementó a 4.725,02 pesos por cada trabajador, lo que representa una recaudación mensual de más de 5.600 millones y 70 mil millones de pesos al año. Con este alivio, desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) confiaron que “quitando este tipo de aportes, permitirá fomentar la contratación de más puestos de trabajo”, precisando que si se tiene en cuenta que el sector mayorista moviliza unos 10 mil puestos de trabajo, esta contribución no esencial representará un ahorro mensual de unos 47.000.000 de pesos. La cuota, homologada en el marco del convenio mercantil, involucra el 0.50 por ciento del salario para la categoría Maestranza “A” inicial, subiendo con cada paritaria. Es por eso que desde la CADAM venían solicitando que sea voluntario, ya que hay que pagarlo aunque los empleados no se capaciten nunca.
En la misma línea, aseguraron que “este aporte sólo encarece los costos laborales porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleado, si decide no capacitarse” y expusieron que “no hay rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos fondos que administran los gremios empresarios como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)”. Al destacar la medida, CADAM agradeció “el coraje del presidente Javier Milei, al Jefe de Gabinete Ministro Guillermo Francos y al ministro al Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger por volver este aporte optativo y avanzar en políticas que incentiven las inversiones y generen más puestos de trabajo”. También agradecieron a la diputada nacional Marcela Pagano por exponer el reclamo en el Congreso de la Nación.