Desde aquella pelea legendaria con Hugo Moyano, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tiene a los gremios en su mira. Suelen ser focos de sus más furibundos dichos, y en los últimos años –décadas –arremetió contra la organización delos trabajadores, como cuando como parte del bloque de la Coalición Cívica en 2008 para que los dirigentes presentes declaraciones juradas. Pero como funcionaria, en el gobierno de Mauricio Macri y el actual, como responsable de la seguridad, la pelea subió de tono, y este miércoles alcanzó su pico. Es que todos los sectores sindicales le apuntan a su figura como la responsable de la violenta represión, y salieron a pedir su renuncia. Pese al fuerte respaldo del presidente Javier Milei, está claro que las críticas posteriores a la jornada van en su dirección. Y ya piensan en lo que puede pasar el miércoles que viene, cuando haya una nueva movilización al Congreso para enfrentar la política represiva.
Los primeros en apuntar a la ministra fueron los dirigentes de las dos CTA, que ayer jueves realizaron una conferencia de prensa donde exigieron “la renuncia inmediata de la responsable de la feroz represión”, y reiteraron al Congreso de la Nación que se arbitre un “juicio político al presidente Javier Milei”. Las centrales anunciaron además la decisión de seguir sumando voluntades para marchar al Congreso de la Nación, para que diputados y senadores rechacen el DNU de acuerdo con el Fondo Nacional Internacional (FMI), y que se investigue la responsabilidad de Javier Milei y de funcionarios de gobierno en la criptoestafa. Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, resaltó que “vamos a enfrentar esta decisión del gobierno de establecer un nuevo acuerdo con el FMI por decreto, lo que para nosotros es una nueva estafa. Vamos a seguir ampliando la convocatoria para que cuando se trate el DNU en el congreso nos convoquemos en una jornada de lucha con diferentes acciones en todo el país y en el Congreso de la Nación para exigir que rechace ese DNU y cualquier acuerdo con el fondo que desde siempre ha sido el instrumento para arrasar con los derechos de nuestro pueblo”.
Las dos CTA vienen pidiendo un paro nacional, que fue ganado terreno a medida que avanzaba la jornada. En un acto con la UTEP, la CGT dijo que lo confirmará la próxima semana, aunque las versiones ya pusieron la fecha: sería el 10 de abril. Además, las centrales obreras ya se emitieron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que cuando se reúna la asamblea de ese organismo en Ginebra, Suiza, “sean tratadas las denuncias qué muestran la inconstitucionalidad de las medidas del gobierno de Milei”. ante esto, el titular de la CTA de las y los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó que “la represión se ensañó con los jubilados, los trabajadores y cualquier aledaño que pasaba por la calle. La represión se desató para impedir que la movilización lograra adquirir la dimensión multitudinaria que sabíamos que iba a adquirir. No hubo otra motivación que impedir que la gente llenará la plaza, de impedir que nuestro que nuestro pueblo se manifestará pacíficamente. Como si hubiera un estado de sitio no declarado”.
La prensa, contra la ministra
El hecho más dramático y repudiable es el que afecta a Pablo Grillo, fotógrafo que lucha por su vida luego de las heridas sufridas por el impacto de una granada de gas lacrimógeno. Ante esto, Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) aseguró, en conferencia de prensa, que iniciarán “las acciones correspondientes” porque “no quieren otro (José Luis) Cabezas”. Junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y el Centro de Estudios Legales y Sociales “lamentaron” tener que llevar adelante este anuncio habiendo “advertido desde la primera represión” llevada a cabo el 23 de diciembre de 2023, “que esto iba a pasar”. “Hoy tenemos un compañero en el hospital peleando por su vida. Pablo Grillo fue alumno en ARGRA en 2018 y lamentamos que la ministra (Patricia) Bullrich, de la que pedimos la renuncia, haya dicho en La Nación + que Pablo estaba detenido cuando estaba peleando por su vida en el Ramos Mejía. Obviamente, vamos a iniciar las acciones legales correspondientes para que no quede impune, dijimos que no queremos otro Cabezas”, indicaron.
En la misma línea, señalaron que “no se abstienen ni siquiera al protocolo que ellos mismos hicieron” y, por ese motivo, necesitan que se vaya la ministra de Seguridad Nacional “y su política nefasta que es inconstitucional”: “Somos reporteros gráficos y necesitamos tener libertad de prensa como dice la Constitución y necesitamos no ser más lastimados”, añadieron. “Hace un año y medio estamos hablando con autoridades de Seguridad pidiendo que no nos lastimen más. Evidentemente, no está resultando porque además a la ministra le encanta que pegarle a la gente. Necesitamos saber quién tiró y que directamente se vaya Bullrich”, manifestaron. Simultáneamente, plantearon que van a utilizar todos los medios necesarios para pedir un juicio político (que está inscripto en el Art. Nro. 117 de la Constitución Nacional) y que diputados, senadores, el Congreso y sobre todo la Justicia “activen” porque todas las presentaciones que vienen realizando “caen en saco roto” y ni un fiscal ni un juez “se hacen cargo de la masacre que están haciendo”: “También queremos hacer cargo al intendente Jorge Macri por la brutal represión que hubo desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, agregaron.
Desde la Provincia
En tanto, los repudios a la ministra de Seguridad también llegaron desde la provincia de Buenos Aires, donde tanto los docentes de UDOCBA como la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) exigió la “inmediata renuncia” de Bullrich. Los judiciales de Hugo Russo señalaron que el gobierno libertario volvió a “demostrar su absoluto desprecio por el derecho a la protesta, garantizado por la Constitución Nacional”. Sobre ese punto, agregaron que "la feroz represión ejercida contra quienes participaron en la movilización tradicional de los días miércoles, acompañando a los jubilados y jubiladas, dejó un saldo de más de 100 detenidos, numerosos heridos —algunos de gravedad— y un nuevo atropello contra las libertades democráticas". Recodemos que, como todos los miércoles, los jubilados se encontraban marchando en reclamo de una recomposición de sus haberes y mejores condiciones de vida.
Por su parte, el gremio que nuclea a los docentes del territorio bonaerense no sólo se refirió en duros términos a la represión policial, además llamo a la comunidad a que se mantenga alerta y movilizada en defensa de los derechos de las y los niños y jubilados”. Sin rodeos, la UDOCBA que conduce Alejandro Salcedo advirtió: "Nos cederemos ante medidas que atenten contra los derechos de los más vulnerables. Solo con la lucha y la solidaridad lograremos construir un futuro digno y equitativo para todos y todas".