Una mala noticia recibió el dirigente sindical Juan Manuel Pata Medina, ex secretario general de la UOCRA seccional La Plata: el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque su sobreseimiento, y el de otros acusados, y que se lleve a cabo el juicio oral por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. Lo hizo al presentar un dictamen ante el máximo tribunal.
Junto a otras nueve personas, incluido su hijo, Cristian Isidoro Jesús Medina, el Pata había sido señalado de cometer esos delitos contra empresarios de la construcción y la causa había sido enviada a juicio.
No obstante, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata sobreseyó a todos al declarar nula la misma a partir de lo que se llamó Gestapo Sindical, donde funcionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal se reunían con empresarios y agentes de inteligencia en la sede porteña del Banco Provincia
Allí, el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, confesó que si pudiera “tener —y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte—, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría” .
En ese encuentro, le solicitó a empresarios platenses notas sobre el gremialista para que luego lleguen a instancia judicial. También, anticipó que tenía todo pactado con “la Procuración, la fiscal y el juez”.
Junto al ex intendente de La Plata, Julio Garro; directivos de la ex AFI, legisladores, entre otras personalidades, quedaron grabados en una cámara de seguridad. Todos ellos fueron citados a indagatoria acusados de integrar una asociación ilícita y algunos resultaron procesados. En tanto, la Cámara Federal de Comodoro Py lo revocó y dictó la falta de mérito, por lo que el expediente sigue abierto.
En ese cónclave, se pudo dilucidar que hubo llamados con el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien detuvo y procesó a Medina. Con esa prueba, la justicia entendió que la investigación contra el sindicalista estaba viciada y era nula. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Pero la Fiscalía apeló y llegó a la Corte Suprema de Justicia.
Ante el máximo tribunal del país, Casal consideró que “sustenta el agravio del recurrente según el cual el sobreseimiento de los imputados en este caso, basado en la declaración de nulidad de todo lo actuado a raíz de aquel supuesto vicio en la actuación del magistrado de instrucción, resulta prematuro e infundado”.
“Tampoco considero que sea posible sostener, fundadamente, que el juez que intervino inicialmente perdió su imparcialidad, al tener en cuenta su actuación en el caso. Como lo ha afirmado el recurrente, y surge también del reseñado pronunciamiento de la Cámara Federal de apelaciones, nadie ha señalado aún – ni lo advierto– cuál o cuáles de las decisiones adoptadas durante la instrucción resultarían contrarias a derecho, o totalmente privadas de fundamento, como para revelar la falta de imparcialidad del magistrado", explicó