Docentes y nodocentes universitarios de todo el país inician hoy jueves un nuevo paro de actividades, para reclamar por mejoras salariales y para repudiar el veto del gobierno a la Ley de Presupuesto del sector, que se confirmó la semana pasada en el Congreso. El conflicto de la educación pública está lejos de solucionarse, ya que la gestión libertaria no sólo no retrocedió en su ajuste, sino que proyecta sostenerlo en el 2025. Así lo muestra el proyecto de presupuesto que presentó el presidente Javier Milei, y que un análisis asegura que “profundiza” la política del equilibrio fiscal, a costa de achicar como nunca el gasto público.
“La gestión de Javier Milei no tiene intención de revertir la desfinanciación de la educación superior pública sino, al contrario, pretende continuar ajustándola, en particular en los rubros de salarios y becas”, sostuvo el informe elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), que mostró la baja histórica de los recursos destinados para el año que viene. En este contexto, se anunciaron más medidas para rechazar esta situación, incluyendo clases abiertas frente al Congreso para reclamarle a los legisladores que no den el visto bueno a la propuesta presupuestaria libertaria.
El trabajo del IEC, entidad que pertenece al gremio CONADU, analizó la previsión de gastos que hizo el gobierno nacional para el sector educativo en el 2025. “Como el propio presidente anticipó en su discurso en el congreso en el que, un mes atrás, presentó el proyecto, la prioridad del gasto estatal será el año que viene la deuda pública, relegando cualquier otro objetivo frente a la atención de esos acreedores”, destacó el análisis.
Para eso se propone como objetivo inicial “lograr a cualquier costo el equilibrio o el superávit fiscal, previendo un ajuste del gasto público real (en relación a la inflación prevista) de un 3 por ciento con respecto al ya ajustado 2024”. Si se lo compara con 2023, “el Estado gastará un 21,3 por ciento menos que ese año”. En la función Educación y Cultura, donde salen los recursos para el sector universitario, “la caída es aún más grave: el Gobierno prevé reducir en más de un tercio (-38,7 por ciento en términos reales) los recursos girados en 2023”.
Por este motivo, la incidencia del presupuesto en el PBI “alcanzará en 2025 un nuevo récord negativo, pasando de 0,91 a 0,88 por ciento, mientras que el de Ciencia y Tecnología quedará congelado en el ya insignificante 0,22 por ciento”.
En proyecto presentado en el Congreso establece un crecimiento del PBI del 5 por ciento, una meta que la entidad de la CONADU pone en duda, a partir de lo que sucede con los fondos educativos.
En términos generales, recalcó el informe al que tuvo acceso Data Gremial, “se percibe que el incremento nominal del presupuesto ni siquiera acompaña a la inflación prevista para el año que viene en la propuesta: mientras que el Ejecutivo sostiene que habrá una inflación del 28,2 por ciento, mientras que para las universidades se prevé un aumento en pesos del 26,9 por ciento”. Otro parámetro comparativo podría ser el contraste con las necesidades financieras calculadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Mientras que este organismo considera que son necesarios 7,2 billones de pesos y el gobierno prevé transferir apenas un poco más de la mitad, 3,8 billones.
En el rubro universidades en particular, se agregó, “el presupuesto prevé que las transferencias lleguen a 0,51 por ciento del PBI, el nivel más bajo de los últimos años, incluso por debajo del que se prevé alcanzar este mismo año 2024 (0,53 por ciento), reducción a la que se suma además el presupuesto que llegaba a las universidades nacionales desde otros organismos distintos la actual subsecretaría de Políticas Universitarias”.
Ajuste salarial
En busca del mentado equilibrio fiscal, el gobierno libertario lleva adelante un feroz ajuste, que se defiende como la única forma de frenar la inflación.
Esta política tiene especial incidencia en la educación superior, donde se da hoy uno de los conflictos más activo, con varias facultades de todo el país tomadas y un plan de lucha lanzado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que incluye un paro total hoy jueves 17, y otro de 48 horas el lunes y martes que viene. Este ajuste incluye un cambio estructural de los recursos girados. En este sentido, el informe del IEC adelanta que se prevé “un incremento de la porción que se dirige a gastos de funcionamiento, inversión en hospitales universitarios y otros programas, mientras que se reducirá la parte destinada a los salarios, lo que demuestra que el ajuste se concentrará principalmente en los ingresos de los docentes”.
Esta situación “profundiza la línea exhibida por el gobierno desde que asumió en diciembre de 2023, momento desde el cual los docentes han perdido aproximadamente un cuarto de su poder de compra, pérdida que está por encima de la que sufrió el resto de la clase trabajadora”. El otro rubro que recibirá un “golpe sustantivo” son los fondos para becas, que aparecen congelados a los mismos valores de 2024, con lo cual “se reducirán casi un 64 por ciento en términos reales con respecto a 2023”.
Respecto a los programas de desarrollo universitario, “si bien se anuncia para 2025 una inversión de 200 mil millones de pesos (el 5 por ciento del presupuesto de la secretaria de Políticas Universitarias), hay muchas dudas respecto a cuál será el destino final de esos recursos, dado que en lo que va de 2024 apenas se ejecutó el 9,6 por ciento de los fondos disponibles para estos programas”.
Plan de lucha
En este contexto, esta semana los gremios de docentes y nodocentes junto a los rectores y los estudiantes decidieron profundizar el plan de lucha contra el ajuste libertario. Entre las medidas de esta etapa del conflicto se acordó realizar clases públicas todos los miércoles hasta fin de año frente al Congreso, para visibilizar la crisis que genera el gobierno.
El lugar parece no ser casual, ya que en comisiones se está discutiendo el proyecto de presupuesto, que incluye estos números que alertan a los especialistas del IEC. Una versión que circuló es que los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales van a pedir reuniones con los bloques legislativos para pedirle que modifiquen los recursos de la educación pública, o que lo rechacen.
“Por ahora no hay confirmación de estas reuniones, pero hay constante contacto con algunos bloques”, le dijo a Data Gremial una fuente del frente, que agregó que van a hacer “todo lo que esté a nuestro alcance” para evitar “el quiebre de las universidades”.
Luego que la Ley de Financiamiento tuvo media sanción en la cámara de Diputados, FEDUN facultó a sus gremios de base para que se reúnan con senadores para pedirles que aprueben la iniciativa, algo que se logró. Con el veto pasó algo similar, pero se entiende que en diputados las lógicas son distintas, por eso no se sabe si habrá estas reuniones vinculadas al presupuesto. “El tema será parte de los reclamos, y aumentará el malestar si se mantiene así”, agregaron las fuentes sobre el futuro tratamiento del proyecto.