El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) se encuentra en “estado de alerta” ante el vencimiento del contrato de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA). Esto genera “una gran preocupación, ya que no hay definiciones certeras sobre el futuro de los 500 trabajadores”. La advertencia se da en el marco que el gobierno comenzó con la licitación del Corredor Vial 18, que está en manos de la firma, pero que su resultado se conocerá una vez vencido el contrato vigente.
“Nadie da garantía sobre la continuidad laboral, tampoco sabemos quién se hará cargo de las indemnizaciones correspondientes”, advirtieron desde el gremio que lidera Florencia Cañabate. Para el SUTPA, esta situación “no solo pone en riesgo la estabilidad de las cientos de familias que pertenecen a dicha empresa, sino que también afecta la seguridad de los miles de usuarios que transitan por estas rutas, ya que con la intervención de vialidad nacional sobre la administración de las rutas 12, 14 y 172 se llevaría a cabo la suspensión indefinida del cobro de peajes, y esto solo generaría un deterioro mayor de la infraestructura vial”.
Por eso, desde el SUTPA, exigieron “respuestas urgentes al gobierno nacional y a las autoridades pertinentes, con el fin de proteger tanto a los trabajadores como a la infraestructura vial de estas rutas que son esenciales para el comercio regional”. “Nos encontramos en estado de alerta y nos ofrecemos para expresar nuestra postura en medios de comunicación”, agregaron.
Preguntas
En el SUTPA aseguraron que “no solo defendemos a los trabajadores y a cada familia detrás, sino que también hemos denunciado públicamente e incansablemente las falencias del sistema vial argentino que afecta directamente a la integridad de millones de usuarios”. En ese sentido, señalaron “constantemente el atraso tarifario del 300 por ciento que afecta a las empresas del sector desde el 2018 a la fecha”. “Teniendo en cuenta que los aumentos prometidos este año por el gobierno de La Libertad Avanza no se viene cumpliendo, nos preguntamos: Qué solución le piensan dar a los usuarios que vienen sufriendo el deterioro de las rutas; qué oferentes van a querer invertir en obras e infraestructura vial si no tienen asegurada la tarifa”, insistieron.
“Caminos del Río Uruguay, Vialidad Nacional y la Secretaría de Transporte dan respuestas esquivas”, denunció el gremio. “Somos un sindicato que nunca entró en la disyuntiva entre la administración pública y privada de una concesión, porque entendemos que nuestro deber es defender a los trabajadores para cuidar a la actividad y con ello a los millones de usuarios que transitan por nuestras rutas y autopistas”, de dijo. Por todo esto, el SUTPA considera “inadmisible” que Vialidad Nacional tome posesión de las rutas 12, 14 y 174. “Esto llevaría a no cobrar peaje por tiempo indeterminado y con ello la calidad de estas rutas, ya en pésimas condiciones, empeoraría aún más”, concluyó la entidad.
Postura empresarial
Desde Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima (CRUSA) se difundió un comunicado en el que informó que “luego de reuniones con la Dirección Nacional de Vialidad, la autoridad gubernamental rechazó dar una respuesta respecto de la situación de los más de 500 empleados que hoy desempeñan distintas tareas a lo largo de los trazados bajo concesión de Caminos del Río Uruguay S.A”. “Por este motivo y pese al insistente pedido que realizó CRUSA, ellos y sus familias, en su mayoría oriundas de localidades de la zona, no encuentran hoy certezas sobre su futuro a partir de la caída de la concesión, que se producirá el 8 de abril”, advirtieron.
Caminos del Río Uruguay aseguró haber “acercado esta problemática por todos los medios posibles a los funcionarios gubernamentales, quienes se negaron a hacerse cargo de la situación”. Y sostuvieron que pese a “la dificultad que conlleva comprender una actitud tan negligente de las autoridades responsables”, seguirán “buscando alternativas para los trabajadores y sus familias”.