Ante el anuncio del gobierno nacional que pedirá el juicio político de la jueza que liberó a los más de 100 manifestantes detenidos luego de la violenta represión del miércoles pasado, los gremios respaldaron el accionar de la magistrada Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, expresó en su decisión que las aprehensiones realizadas por las fuerzas de seguridad no cumplían "los requisitos mínimos" y consideró que se veía afectados derechos constitucionales fundamentales, como el de la protesta. Por eso recibió el ataque del oficialismo, y una cerrada defensa de los sindicatos.
Mediante un comunicado, la CGT expresó "su apoyo y solidaridad con la jueza Karina Andrade, quien correctamente ordenó la liberación de las personas detenidas durante la manifestación en apoyo de las y los jubilados". Por lo pronto, tras apoyarse en la postura del gremio de los judiciales para con Andrade, la directiva cegetista buscará concretar la convocatoria a un nuevo paro general para el próximo 9 de abril, y dicha medida quedaría resuelta durante la reunión del Consejo Directivo del jueves de la próxima semana.
"La decisión de la jueza no hace más que impartir justicia y honrar el estado de Derecho, el respeto por el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución. Esta CGT bregará por el derecho a manifestarse y expresarse, independientemente de las maniobras llevadas adelante por el gobierno nacional que buscan criminalizar la protesta social", agregaron desde la central obrera.
Empleados judiciales
En tanto, la Seccional 2 de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), junto con el gremio nacional, expresó su “firme apoyo” a la jueza y explicó en un comunicado de prensa que la decisión de la magistrada se basó en los principios jurídicos que garantizan el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales. Según la UEJN, Andrade fundamentó su resolución en la falta de pruebas concretas contra los detenidos, la ausencia de imputaciones por delitos graves y las irregularidades detectadas en el procedimiento. La magistrada señaló en su resolución que muchas detenciones no fueron debidamente informadas ni justificadas, y que la propia fiscalía no pudo aportar elementos suficientes para sostenerlas.
Además, la jueza resaltó que la protesta fue una manifestación pacífica de jubiladas, jubilados y ciudadanos, cuyos derechos a expresarse y peticionar están protegidos por la Constitución y tratados internacionales a los que la Argentina suscribe. La UEJN manifestó su rechazo a la postura del gobierno, calificándola como contraria tanto al derecho como a los hechos, “es inadmisible lo que plantea el Ejecutivo, ya que su postura no se ajusta ni a derecho ni a los hechos” apuntó la organización y agregó que, “criminalizar una protesta social sin pruebas es un intento claro de persecución política y de disciplinamiento de la Justicia”, criticó.
Asimismo, el Sindicato de Trabajadores Judiciales Ciudad de Buenos Aires (SITRAJU) repudió "la intromisión del gobierno nacional en el Poder Judicial" y mostró su respaldo a la jueza Andrade. "Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con el Estado de derecho y las garantías constitucionales", señalaron desde sus redes sociales. "En épocas donde el señalamiento público está a la orden del día y las prácticas ejercidas por quienes conducen hoy los destinos de la Patria, lejos de ser para el bien común, son para el beneficio de unos pocos, la lucha por el bienestar de nuestros jubilados es irrenunciable. Manifestarse siempre será un pilar fundamental como ejercicio de la democracia y es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras judiciales ser garantes de ese derecho", completaron.
Ataque
En tanto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la cuestionó por la "velocidad" en la que liberó a los sospechosos. “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, dijo en un reportaje.
En tanto, Andrade aseguró: "De los detenidos, teníamos uno que solo decía que era ‘mexicano’. Las investigaciones no están cerradas. El Ministerio Público Fiscal, al menos hasta lo que yo conozco, las tiene en pleno trámite y yo soy la jueza de la causa por lo que no puedo expedirme personalmente".
"Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea", dijo sobre su decisión en la que mencionó el respeto a derechos fundamentales de la Constitución, como el de protesta, libertad de expresión y manifestarse en democracia.