Tras la fuerte represión policial y los incidentes ocurridos durante la marcha de jubilados la semana pasada, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de actividades a partir del mediodía del próximo miércoles. Esta medida busca respaldar la manifestación y apoyar el reclamo de los jubilados.
El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, expresó: “Después de la represión ilegal, está más claro que nunca que la lucha es por los jubilados y principalmente en defensa de la democracia”.
Aguiar también acusó al Gobierno de actuar "al margen de la Constitución" y destacó la necesidad de manifestarse para recuperar la institucionalidad en el país. "No podemos esperar nada de los poderes del Estado. En el Congreso se matan a trompadas, en la Casa Rosada se twittean estafas y en la Corte Suprema los jueces están designados a dedo. En este momento, los tres poderes del Estado están hackeados”, completó el dirigente gremial.
La movilización de jubilados, que tradicionalmente se realiza los miércoles, contará también con el apoyo de las dos CTA, la central sindical a la que pertenece ATE. Este respaldo amplía la convocatoria y refuerza el mensaje de solidaridad hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
“No podemos naturalizar lo que está ocurriendo con los jubilados. Se mueren de hambre y también se mueren enfermos porque no pueden curarse sin los medicamentos que les quitaron. Son los viejos y los niños lo más sagrado que tiene toda sociedad. Tenemos que cuidarlos”, cerró Aguiar.
La situación de los jubilados en Argentina son motivo de preocupación durante los últimos años. Las medidas de ajuste económico impactaron negativamente en su calidad de vida, reduciendo beneficios y encareciendo el acceso a medicamentos y servicios básicos. Organismos de derechos humanos también han expresado su alarma ante el deterioro de las condiciones de vida de este grupo.
Crece la tensión
Por otro lado, el Gobierno respondió endureciendo su postura y anunció un operativo policial "reforzado" para la nueva marcha en el Congreso. Esta decisión, según fuentes oficiales, busca garantizar el orden público y prevenir posibles incidentes, como los ocurridos en manifestaciones anteriores.
Desde el Ministerio de Seguridad informaron que se desplegarán más efectivos en la zona de protesta, además de implementar controles en rutas nacionales y en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se instalarán vallados adicionales para restringir el acceso a la plaza frente al Congreso. Estas medidas han generado críticas desde sectores de la oposición y organizaciones sociales, quienes las consideran una estrategia para desalentar la participación ciudadana.
La provocación de Milei
El pasado viernes, el presidente Javier Milei respaldó el operativo liderado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y afirmó: “Estoy con alguien que compitió conmigo y su grandeza permitió que se sumara a este gobierno. En materia de seguridad, el que las hace las paga. Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, son los malos”, sostuvo.
Las declaraciones de Milei fueron recibidas con bronca, ya que refuerzan la narrativa oficialista que asocia las protestas con actos de vandalismo. Sin embargo, organizaciones sociales insisten en que las manifestaciones son una respuesta al creciente malestar social y económico que afecta a amplios sectores de la población.
Con el paro de ATE y el respaldo de las CTA, la movilización de este miércoles promete ser una de las más significativas del último tiempo, tanto por la cantidad de participantes como por la visibilidad de los reclamos. Mientras tanto, el despliegue de seguridad anunciado por el Gobierno anticipa una jornada tensa en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.