Cuando hablamos de la violencia laboral, nos referimos de una forma de abuso de poder, que se ejerce de forma sistemática generalmente, y que tiene por finalidad someter al otro en el lugar de trabajo. La misma, tiene distintas modalidades, como, por ejemplo: el acoso moral o psicológico, el acoso sexual, y la agresión física.
Cuando hablamos de acoso moral o psicológico, nos referimos a toda situación en la que una persona o grupo de personas, ejerzan un maltrato modal o verbal, alterno o continuo sobre un trabajador, buscando así desestabilizarlo, aislarlo, deteriorar su autoestima, disminuir su capacidad laboral, degradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa en su espacio de trabajo.
Cuando hablamos de acoso sexual, nos referimos a toda conducta verbal o física reiterada, con connotación sexual, no consentida por quien la recibe (basada en el poder), que afecta su desempeño laboral.
Cuando hablamos de agresión física, nos referimos a toda conducta que, de forma directa o indirecta, esté dirigida a generar un daño físico sobre un trabajador. La violencia laboral no es un hecho aislado. Es una conducta sistemática y casi permanente, que termina resintiendo la salud de un trabajador, pudiendo llegar en algunos casos, hasta suicidios.
La República Argentina adhirió a través de una Ley Nacional, al Convenio N°190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre violencia laboral.
Si bien es un importante avance en materia legislativa, se debe resaltar que nuestro país no sólo debería adherir a este importante Convenio Internacional sobre la violencia laboral, sino que también tiene que avanzar en la aprobación de una Ley Nacional que prevenga y sancione esta forma de violencia en el ámbito del trabajo.
En la actualidad, en nuestra querida Nación existe un vacío legal específico sobre esta problemática de la clase trabajadora.
Solo algunas provincias han sancionado sus propias Leyes locales contra la violencia laboral, como por ejemplo Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y San Luis; y hasta la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Córdoba (“La Docta”), es una provincia en la que sus propios legisladores hasta ahora, se resisten a tratar esta temática y a sancionar una norma local al respecto.
En mi caso en particular, como ciudadano he logrado a través de distintos legisladores presentar varios proyectos de leyes provinciales contra la violencia laboral, algunos de ellos que han obtenido apoyos contundentes de Sindicatos, Centrales Obreras Nacionales, organizaciones religiosas, incluso uno de ellos fue declarado de Interés General por 8 Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (Proyecto 18973L16).
Actualmente hay en la Unicameral, dos iniciativas legislativas de mi autoría sobre violencia laboral -que están activas-, pero que no prosperan por falta de decisión política.
¿Cuántos proyectos de Leyes en la Unicameral, cuentan con semejante grado de apoyo?
¿Por qué no se tratan, no avanzan y a través del consenso político?
¿Por qué aún la provincia de Córdoba no aprobó la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral?
Da la sensación de que esta gravísima problemática fuera, para la clase política cordobesa en general un tema tabú, un tema que no se debe discutir, ni debatir.
Creo que la clase política cordobesa, debe atender esta cuestión con carácter de urgencia.
Miles de personas se han enfermado, y otras han muerto por violencia laboral.
En Córdoba, ya existen antecedentes.
¿Qué se está haciendo entonces al respecto por parte de quienes legislan?
Sólo existió voluntad política de avanzar hacia la aprobación del primer marco legal en esta provincia (hecho histórico) en la ciudad de Río Ceballos, por su Concejo Deliberante, en el que se aprobó una Ordenanza Municipal (N° 2625/19), que ya se encuentra debidamente reglamentada por el Ejecutivo municipal.
A nivel nacional, pude presentar en el Congreso de la Nación un proyecto que trabajamos con un Diputado (4278-D-2020).
Está comprobado por especialistas en temas de salud que la violencia laboral termina ocasionando a sus víctimas patologías físicas y psíquicas y que existen casos de suicidios y de muertes también.
¿Qué espera la clase política de Córdoba y la nacional para aprobar marcos legales que “duermen” desde hace años en los cajones de los recintos legislativos, sin tratarse, para comenzar a discutirse y aprobarse mediante el consenso de todos los bloques partidarios?
Desde hace años, el pueblo trabajador se los demanda.
Es hora de dejar de mirar para otro lado.