El Gobierno Nacional debe abonar 330.000 millones de pesos en compensaciones a los casi 3.000 empleados que ingresaron al esquema de retiros voluntarios y jubilaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una de las tantas áreas por donde pasó la motosierra del presidente Javier Milei.
A partir de una disposición firmada por el director de la ex AFIP, Juan Pazo, se habilitaron el pago de 20 sueldos adelantados a los trabajadores que se acogieron al programa de desvinculación. No obstante, la mayoría de los beneficiarios formaban parte del Grupo 26, integrado por directivos y altos directivos con remuneraciones costosas. La compensación individual se elevó a 100 millones en promedio; mientras que el personal altamente especializado, la suma se elevó a 120 millones.
Sin dudas, esta situación impacta duramente contra el relato oficial de reducir el gasto público y abrió la puerta a una fuga masiva de trabajadores altamente calificados hacia el sector privado. Precisamente, a firmas internacionales como las Big Four, consultoras contables y estudios de planificación fiscal absorbieron a los ex funcionarios del ente recaudador para emplear estrategias tributarias. La antesala a un debilitamiento en las arcas públicas.
Perjudicaron la operatividad
El ajuste causó daños en la estructura de ARCA: cerraron 100 delegaciones en el interior del país, que generó rechazo en los ámbitos político y sindical. En Chilecito, La Rioja, eliminaron las oficinas que tenían una recaudación superior a las de las capitales provinciales. Asimismo, en otras jurisdicciones la falta de atención presencial complicó el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
Como respuesta, AEFIP, Supara y la UPSAFIP, los sindicatos que representan a los trabajadores de ARCA, manifestaron su oposición al desmantelamiento del organismo y anunciaron medidas de fuerza.
En ese marco, desde este martes hasta el jueves, efectuaron un apagón informático de cuatro horas diarias, mientras que Aduana paraliza actividades este 3 y 4 de abril, que impacta en gran parte de todas las actividades, pero sin perjudicar a las operaciones de turismo y salud.
Al respecto, el secretario general de UPSAFIP, Julio Estévez, enfatizó: "El Estado pagó miles de millones para trasladar a los mejores funcionarios del fisco al sector privado, donde ahora defienden evasores". Asimismo, graficó que la situación representa "la destrucción de la fiscalización y el control impositivo en Argentina".
El panorama para ARCA no resulta auspicioso para el Ejecutivo nacional en un principio: contracción en la recaudación en términos reales, perjudicando las metas fiscales. Además, la pérdida de personal especializado y el cierre de oficinas estratégicas podrían entorpecer la capacidad del organismo para hallar evasiones y optimizar el cobro de impuestos, en un marco donde el equilibrio fiscal es imprescindible para la administración de Milei.