Esta semana, la justicia de Misiones confirmó que en octubre próximo se iniciará un juicio por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal” contra dos dirigentes sindicales docentes, por una protesta a comienzos del 2024, cuando el sector pedía mejoras salariales. El caso es un extremo de cómo en los últimos tiempos la judicialización de la protesta social avanzó con fuerza ante los trabajadores educativos, que en la actual gestión son de los más movilizados, y que tienen una larga historia de compromiso y lucha, en todos los gobiernos de todos los colores políticos. Pero en este tiempo, el avance sobre la dirigencia docente parece estar en auge. Al caso misionero se suma lo que pasa en Santa Fe, donde el gobierno está realizando “graves prácticas antisindicales” según uno de los sindicatos, que acaba de hacer una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). O situaciones como las vividas en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno porteño intentó quitarles los fueros a varios dirigentes, entre ellos al referente de Ademys Jorge Adaro. Para los gremios, esta realidad enciende las alarmas, y esperan que esto no escale. “Hay una ofensiva no sólo contra la dirigencia sindical, sino contra la actividad docente”, dijeron.
Los casos de Misiones y Santa Fe no son los únicos en esta oleada contra los gremios educativos. En la provincia de Jujuy hay dirigentes judicializados, mientras que a la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) se le intentó quitar la personería sindical en el marco de un conflicto con el gobierno local. “No es casualidad que estos sectores sean atacados, porque son los que han desafiado el ajuste de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional”, dijo Andrea Lanzette, dirigente de SUTEBA en la lista opositora Multicolor.
Ante la consulta de Data Gremial, vinculó estos ataques a “un intento de frenar a los que luchan”. El propio sector clasista del gremio bonaerense tuvo una situación similar cuando a fines de octubre del 2023 tomaron la Dirección General de Escuelas contra el descuento salarial aplicados en el marco de una huelga. Por esa acción, se los denunció por daños, y se detuvo a dos dirigentes. “Los sectores combativos que intentamos frenar el avance contra la escuela pública, transformar la realidad de violencia, y que tienen que ser abatidos y acallados para que no pase. El ataque al frente educativo es total, a nuestros derechos sindicales y luchar por ellos”, recalcó.
A la vez que avanza el ataque a los dirigentes sindicales, Lanzette advierte sobre “una judicialización de los espacios educativos”, otro problema que preocupa. “Todas las causas de violencia donde se judicializa a los maestros, personal directivo o la escuela por situaciones que suceden fuera del ámbito escolar o en redes sociales”, recordó la referente del distrito de Lanús.
Algo similar sucede con las denuncias de abuso que aparecieron en algunos colegios, donde las familias reaccionan contra el personal docente. “Incluso los espacios del aula están en esta situación, en La Pampa por ejemplo una docente habló del tema Palestina ante una pregunta de una alumna generó una causa”, destacó Lanzette, que calificó de “muy grave” este tipo de realidades. “La escuela es el espacio público que todavía queda en pie, con todas las dificultades que tiene donde vecinos del lugar se encuentran y comparten situaciones sociales”, agregó.
A juicio
El caso más reciente de la ofensiva contra la dirigencia docente se dio en Misiones, contra dos referentes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UMET) y la CTA Autónoma de esa provincia. Es que la resolución del Juzgado Correccional y de Menores N° 1 de Posadas fijó la fecha del debate oral en la causa iniciada por su participación en las protestas que los docentes llevaron adelante entre los meses de abril y junio de 2024.
La fecha agendada para el inicio de las audiencias será el 15 de octubre, cuando se juzgará a los representantes gremiales y docentes, Leandro Sánchez y Mónica Gurina por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal”, según el fallo, al que tuvo acceso Data Gremial.
La imputación, realizada por el Juzgado de Instrucción Penal Nro. 7, se efectuó luego de que la asamblea docente resolviera reinstalar el acampe sobre la avenida Uruguay de Posadas que había sido levantado por orden judicial en la madrugada del 04 de junio de 2024.
Los sindicalistas antes mencionados también fueron imputados en otra causa por supuestos daños al edificio de la Legislatura provincial en el marco de una marcha realizada el en mayo de ese año. además de convocar al juicio, se nombra la lista de testigos que se citarán para el juicio. Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma Misiones, y Sánchez, secretario general de UTEM y secretario adjunto de la misma central, fueron señalados como coautores de los hechos investigados.
Según la acusación, ambos “habrían desobedecido dos órdenes judiciales de desalojo e interrumpido de forma deliberada la circulación del transporte terrestre durante la medida de fuerza”.
En su resolución, Mattos sostuvo que los hechos investigados configuraban delitos concretos, a pesar de su vinculación con el derecho a la protesta social. “La resolución considera cerrada la etapa de instrucción y habilita el juzgamiento en instancia oral”, había informado Gurina en un comunicado, en el que también se cuestiona la decisión judicial por minimizar el valor constitucional del derecho a la protesta en contextos de conflicto social.
La CTA Autónoma de Misiones y diversas organizaciones populares expresaron “su rechazo a la decisión del gobierno provincial de judicializar la protesta salarial”, y recordaron que también fueron imputados 12 trabajadores de salud que reclamaban recomposición de sus salarios.
Denuncia
En tanto, también esta semana la seccional de Santa Fe de la Unión Docentes Argentinos (UDA) decidió pasar de alguna manera a la ofensiva y denunciar ellos al gobierno provincial, por “graves prácticas antisindicales” y actitudes “intimidatorias” hacia los trabajadores antes de cada huelga dispuesta por la parte gremial.
“La denuncia es una reacción sindical en defensa de los docentes” que “padecen medidas intimidatorias, carente de todo sustento legal, con circulares previas a medidas de fuerzas”, expresó en un comunicado el abogado de la UDA santafecina, Víctor Bracamonte. La presentación formal ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT apunta contra el Gobierno de Santa Fe que encabeza Maximiliano Pullaro, y se realizó “por una serie de prácticas antisindicales que vulneran gravemente los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación”.
La UDA argumentó en su presentación que antes de las medidas de fuerza “el gobierno santafesino exige, de manera compulsiva a los docentes, completar declaraciones juradas de prestación de servicios ante la inminencia de huelgas resueltas orgánicamente”. Bracamonte explicó que “el salario tiene carácter alimentario y en Santa Fe la mayoría de los docentes se encuentra debajo de la línea de la pobreza” y “el Gobierno diseña una seria de medidas para afectar gravemente la libertad sindical y el derecho a huelga”. Además, dijo que “denunciamos la vulneración del derecho a la autodeterminación informativa (Ley 25.326 de Protección de Datos Personales)” ya que “la declaración jurada buscaba registrar la adhesión de los trabajadores a medidas gremiales con fines claramente persecutorios”. “La Unión Docentes Argentinos confía en que el Comité de Libertad Sindical de la OIT tomará debida nota de esta grave situación y exigirá al Gobierno de la Provincia de Santa Fe el cese inmediato de estas prácticas antisindicales”, manifestó el abogado sindical. “Consideramos -dijo Bracamonte- que esta práctica constituye una flagrante violación del derecho constitucional de huelga (artículo 14 bis de la Constitución Nacional y Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales), así como de los principios fundamentales de la libertad sindical”.