Luego de un debate que se extendió hasta la madrugada, la cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara “servicio esencial” la educación, y que entre otras cosas limita la posibilidad de realizar paros generales. Este viejo anhelo del ex ministro de Educación del gobierno de Cambiemos Alejandro Finocchiaro vio la luz finalmente gracias a 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones. El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
Durante el debate, quienes apoyaron la iniciativa argumentaron que se intenta poner a la educación “en el centro de la escena”, mientras que los opositores hablaron de “limitar el derecho a huelga” y otros factores negativos. Afuera del Congreso, los gremios docentes realizaron una jornada de lucha, y advirtieron que la iniciativa “traerá más precarización”, y denunciaron el “brutal ajuste” que se está haciendo en todos los niveles educativos.
La iniciativa declara a la educación como “servicio estratégico esencial” en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la “protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”.
En ese sentido señala que el Estado nacional y las provincias deberán garantizar “el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias”. “Este proyecto beneficia a toda la sociedad. Pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo. Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga”, dijo Finocchiaro, autor de la propuesta. Entre los que rechazaron la propuesta estuvo Pablo Carro (Unión por la Patria), quien opinó que “está recontra claro que este es un proyecto anticonstitucional y que es pura demagogia del peor populismo de derecha en la Argentina”.
Como sucede con las iniciativas que se tratan en la cámara baja respecto de reformas de leyes laborales, la propuesta de declarar esencial a la educación es resistida por los gremios, y considerada un ataque directo la organización de los trabajadores. “Enfáticamente rechazamos esta propuesta, que precariza más la educación”, le dijo a Data Gremial una fuente del gremio SUTEBA, que remarcó que “hacerla esencial es darle más recursos y tener más y mejores pagos docentes, no este proyecto”. “Va en sintonía con el plan de Milei que busca frenar el derecho a huelga”, agregó. Para el gremio bonaerense, “este proyecto es un acuerdo que hay entre el PRO y la UCR, y lo más grave que tiene es justamente la declaración de servicio esencial, porque implica que haya que mantener escuelas abiertas y especie de guardias cuando haya una acción sindical. Nosotros interpretamos que es limitar el derecho a huelga”. Además, las fuentes se preguntaron “qué pasa si una escuela no tiene luz, por ejemplo”. “Garantía de guardia no garantiza que los pibes aprendan, pueden estar en la escuela en condiciones terribles, porque eso no se aclara”, recalcó la misma fuente consultada.
Debate
El proyecto establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30 por ciento de docentes y no docentes. También dispone que si la huelga se prolongó por más de tres días esa guardia “deberá contemplar un 50 por ciento de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles y modalidades educativas.
En la Argentina, el manejo de la educación está en manos de las provincias, que establecen bajo la tutela de la secretaría de Educación los planes de estudio y los distintos aspectos de la docencia inicial y media. Nación interviene de forma vertical, como en el sistema de salud, a través de planes y programas, como el FONID que el gobierno de Javier Milei elimino, generando una baja en los salarios. Además, existe la Paritaria Nacional Docente, que permite generar un piso de ingresos en todo el país, también debilitada por la gestión libertaria.
Con estos antecedentes, es difícil pensar en cómo se implementará una ley nacional en las provincias, sobre todo cuando se trata de una iniciativa no promovida por el oficialismo. “No tenemos claro cómo se implementará esta ley en cada jurisdicción”, le dijo a Data Gremial una fuente del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que reúne a los principales sindicatos del sector en la provincia de Buenos Aires. según los primeros sondeos, se cree que la norma “será de aplicación obligatoria, por la Ley 23.551, pero hay dudas al respecto”. La fuente hace referencia a la Ley de Asociaciones Sindicales, que rige la actividad de los gremios en todo el país los límites en las huelgas que plantea la normativa del PRO se podría imponer mediante esta ley.
Rechazo
En tanto, desde el gremio mayoritario CTERA se expresó contra la norma, mediante una jornada de realizada en la puerta del Congreso, junto a todo el arco de gremios educativos. Allí, se leyó un documento donde se declaró que “la educación es un derecho, no es un servicio”. “De manera engañosa plantean la idea de la esencialidad de la educación, pero el verdadero y único objetivo del proyecto que impulsa el bloque de Cambiemos, con el apoyo del oficialismo y la UCR, es cercenar el derecho a la protesta social y abrir las puertas para la definitiva privatización de la educación en la Argentina”, dijo la entidad que lidera Sonia Alesso.
Para el gremio, la iniciativa tiene algunas “aberraciones” como cuando habla de “guardias mínimas, lo que deja en clara evidencia la concepción reduccionista de la educación, entendiendo a la escuela como a una ‘guardería’ o un ‘depósito’ y no como una institución educativa o una cultura institucional en la que se desarrollan procesos complejos de enseñanza y de aprendizaje”.
CTERA junto a otras entidades se movilizaron para denunciar el ajuste, y rechazar esta iniciativa. “Si realmente estuvieran preocupados por la educación, hubieran alzado la voz en contra de la degradación del Ministerio a una simple secretaría, y hoy no serían cómplices del salvaje ajuste que se ve reflejado en el desfinanciamiento total del sistema educativo, traducido en: la quita del FONID, la baja de los salarios docentes y constante pérdida del poder adquisitivo, en la interrupción de los programas nacionales como la entrega de libros y computadoras”, recalcó la entidad sindical. “A los legisladores que quieren convertir a la educación en un servicio, no les importa realmente la educación, el verdadero objetivo es atacar directamente a la docencia vulnerando nuestros derechos laborales, para ajustar cada vez, y disciplinar a nuestro sector para que no podamos reclamar por salarios y condiciones laborales dignas”, concluyó CTERA.