En el marco del encuentro de las regionales de la CGT, que definieron el respaldo al plan de lucha de la semana que viene, la dirigencia le dio un fuerte respaldo a los gremios de Vialidad Nacional, que denunciaron el intento del gobierno de achicar el organismo, lo que lleva a la cesantía de un tercio de su personal. Además, pusieron en evidencia el desfinanciamiento del sector, algo que se viene advirtiendo desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA). El panorama complejo se completa con las nuevas licitaciones de varias rutas, que aseguran genera un perjuicio para el Estado. Uno de los temas centrales es la sub-ejecución del presupuesto, que según la entidad debe ser ocho veces mayor al asignado en 2024. En este contexto, el gremio denunció al titular del organismo público por “malversar fondos públicos y desviar recursos destinados al mantenimiento de la red vial nacional”.
La misma se centra en el desvío de los fondos de un impuesto que por ley debe usarse para mantenimiento de la red vial, pero que nunca su uso, y su destino no se conoce. Un trabajo de FEPEVINA además alerta por el estado cada vez más deteriorado de las rutas.
La denuncia de FEPEVINA cayó en el juzgado de Sebastián Ramos, y es contra el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Marcelo Jorge Campoy. La misma destaca que en 2024 el presupuesto “asignado para obras y mantenimiento fue de 609.672.173.260 pesos (aproximadamente 60.900 millones de pesos), pero solo se ejecutaron 332.392.038.161 pesos, dejando un saldo no utilizado de 277.280.135.099 pesos”.
Según el texto de la entidad sindical, estos recursos, “destinados específicamente a conservar la red vial, habrían sido sustraídos de sus fines originales, agravando el colapso de las rutas”. La denuncia de la entidad apunta especialmente al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que se creó por ley en 2002, y que una parte se debía usar en mantenimiento de rutas. Según la denuncia, a la que tuvo acceso Data Gremial, desde el mes de enero de 2024, a diciembre “la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos fue de 2.520.915 millones de pesos”
Según la ley que creo el impuesto, lo recaudado debe destinarse exclusivamente a la infraestructura vial a través del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Según el decreto 976/01, estos recursos tienen una afectación específica del 28,58 por ciento para el financiamiento de obras viales dentro del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Sin embargo, según la denuncia, el Administrador General de Vialidad Nacional “habría utilizado estos fondos para otros fines”, lo que configura según FEPEVINA un caso de “malversación de fondos públicos”.
El impuesto se compone de alícuotas, y montos fijos que se van actualizando mes a mes con el incremento del precio del combustible. Según la conclusión del gremio, Vialidad recibe para la realización de obras el 50 por ciento del SISVIAL, es decir, el 14,29 por ciento. En el año 2024, esa recaudación fue de 309.682.665.079,30 pesos, mientras lo devengado y ejecutado por la entidad el año pasado “fue de solo 149.163.650.010 pesos, la mitad”.
Falta de presupuesto
La denuncia de FEPEVINA completa un camino que se inició cuando asumió el gobierno de La Libertad Avanza, que busca achicar el organismo, y según las versiones terminará con un tercio del personal. “Nuestro informe muestra la su-ejecución presupuestaria, incluyendo el apartado del Impuesto a los Combustibles, con datos del primer bimestre, que muestra claramente una curva descendente en materia de recursos”, le dijo a Data Gremial Fabián Catanzaro, secretario Gremial de la FEPEVINA.
El dirigente marcó además que en el primer trimestre del año “el grado de sub-ejecución es muy grande”. En relación con el presupuesto, los sindicatos denunciaron que, durante 2024, se registró una sub-ejecución del 40 por ciento Para este año, las autoridades anunciaron que profundizarán el ajuste presupuestario, con una reducción aproximada de 50 mil millones de pesos mensuales destinados a la certificación de obras.
La nueva amenaza contra Vialidad nacional es el decreto anunciado por el gobierno, que prevé una reestructuración del organismo y podría generar entre 1.000 y 1.500 despidos adicionales, además de un aumento excesivo de las tareas por la fusión de entidades.
La Dirección Nacional de Vialidad obtuvo su Carta Orgánica en el año 1958 mediante Decreto-Ley 505/58 dictado por el entonces gobierno de facto de los años 1955/1958. La misma norma derogó la anterior Ley 11.658 del año 1932 y estableció las funciones de una entidad “autárquica de derecho público”. La norma le atribuye al Ejecutivo nacional “la competencia para regular dichos servicios, teniendo a su cargo el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias”.
Las rutas, en emergencia
En tanto, FEPEVINA elaboró un informe para denunciar el mal estado de las rutas nacionales, que fueron “abandonadas” a partir que la motosierra del presidente Javier Milei se metió en Vialidad Nacional. El documento, al que tuvo acceso Data Gremial, señala que “el 60 por ciento de las rutas nacionales se encuentran en estado crítico, el 23 por ciento en condiciones malas y el 22,1 por ciento regular, según evaluaciones del Sistema SIG VIAL”.
El índice de Estado (IE), se aclaró, es un indicador que involucra a todas las variables “de deformación de un pavimento (rugosidad, ahuellamiento, fisuración, desprendimientos y rotura de bordes, entre otras)”. El IE se mide de 0 a 10 y proporciona una idea general del estado de la calzada y de la calidad de su superficie de rodadura. FEPEVINA aclaró que “muchas de las mediciones efectuadas e indicadas en los cuadros precedentes datan de los años 2020, 2021, 2022, y 2023, respectivamente”. No obstante, estos valores tienen suficiente validez ya que corresponden a la red efectivamente evaluada.
El gremio sostiene que el deterioro de las rutas tiene un impacto directo en la siniestralidad: según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), “en 2023 las víctimas fatales por accidentes viales aumentaron un 14 por ciento respecto al año anterior, alcanzando las 4.369 muertes”. El documento cita que cada peso no invertido en mantenimiento obliga a gastar entre 3 y 5 veces más en obras de rehabilitación futuras.
Además, la desatención de puentes, pesaje de cargas y control de dimensiones de vehículos contribuye a dañar el pavimento y favorece la competencia desleal entre empresas de transporte. Se señala que solo el 35 por ciento de los puestos de control de pesos y dimensiones funciona correctamente, lo que expone a la infraestructura a daños estructurales. Asimismo, el vandalismo y la falta de seguridad en estos centros agravarían la crisis. Además, el documento advierte que “el deterioro de la red no solo afecta a conductores, sino que impacta en la economía, al aumentar costos logísticos y reducir la vida útil de vehículos”.