Esta semana, se oficializó la desregulación de la seguridad social, una iniciativa del gobierno nacional que es parte del “mega DNU” firmado por el presidente Javier Milei en diciembre del año pasado. A través de tres decretos (170/2024, 171/2024 y 172/2024), se reglamentó lo establecido por la polémica iniciativa, que tiene un eje central: impulsar la libre competencia entre obras sociales sindicales y prepagas. Este es el argumento central del gobierno para avanzar en esta reforma, que en el fondo tiene un objetivo claro: desfinanciar a los gremios que las sostienen.
La medida además genera cambios en el llamado Fondo Solidario de Redistribución, que ahora recibirá recursos de la salud privada, y que generó una tormenta inédita con estas empresas, que criticaron la medida porque los pone a competir en condiciones de desventaja.
En este contexto, la dirigencia sindical mira con atención cómo impactará la medida no sólo en sus entidades, sino además en todo el sistema de salud, en especial en los organismos provinciales, como el IOMA bonaerense que en estos días tiene grandes problemas para sostener la atención, y el PAMI, que quedarán en el medio de la disputa entre las partes.
La libre elección ya existía, lo único que se cambió es la posibilidad de hacerlo sin esperar un año, como hasta ahora estaba establecido por una resolución durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión comenzará a regir el 1° de marzo, y no se descarta que como el aumento indiscriminado de las cuotas de prepagas puede terminar judicializada.
La reforma de la seguridad social tiene como eje la elección libre entre obras sociales y prepagas por parte de los trabajadores. “Los beneficiarios ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo”, destacó un de los decretos. “Los beneficiarios podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral”, se confirmó.
Además, se estableció que las empresas de medicina prepaga “se encuentran obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben”. Esto generó malestar en el sector privado, porque ese aporte en el sector salud es del 20 por ciento, mientras que las entidades gremiales aportan un 15 por ciento. Esto generó malestar en el sector, que además tienen diferente tratamiento impositivo, otro problema a resolver.
Como le dijo a Data Gremial en una reciente entrevista José Pedro Bustos, gerente de OSFATUN, la obra social de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), hoy las prepagas “pagan un 10 por ciento de IVA, si fueron Agentes del Seguro de Salud no lo deberían pagar, como las obras sociales. En la Superintendencia de Servicios de Salud dicen que el régimen tributario no se modifica”.
Esta situación, afirman en el Ministerio de Salud, se “compensa” con la libertad absoluta de fijar el valor de las cuotas para las empresas privadas, que generó la disparada de los valores que se vivieron en los dos primeros meses del año. En tanto, para los gremios, el temor es que esto desfinancie el sector, como se anticipa. Aunque hay cautela entre la dirigencia. “No hay un cambio radical, porque los cambios de coberturas estaban permitidos, sólo se dejó sin efecto la imposición de aguarda un año para hacerlo”, le dijo a Data gremial un dirigente gremial vinculado a la seguridad social.
Por eso, dijo, “hay un ataque pero no se terminará con el sistema solidario, sólo se lo intenta precarizar para que los trabajadores elijan la opción privada”. El desfinanciamiento se consigue, según el análisis de los sindicatos, con la decisión de dejar que las obras sociales sindicales dejen de actúan de “intermediarias”, como hasta ahora. Muchas de estas entidades hacen acuerdos con prepagas para recibir los aportes y luego girarlos, quedándose con un porcentaje. Esto se elimina.
Impacto
Una de las dudas que existen en la seguridad social es como impactará esta reforma en las obras sociales provinciales, que atienden a los trabajadores estatales. La primera es expresarse fue la obra social de Río Negro, el IRPOSS, que afirmaron que son “una entidad autárquica de la administración rionegrina, que está regida por la ley 2753 provincial y, con motivo de su independencia, "no está sujeta a la intervención del Poder Ejecutivo nacional”, según expresaron en un comunicado. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, no son tan optimistas.
El IOMA, la entidad médica de los empleados públicos, vienen teniendo problemas en la atención de sus afiliados, y la desregulación podría empeorarlos. “el trasfondo de lo que pasa en el IOMA y otras entidades está el debate por la desregulación”, le dijo a Data Gremial un dirigente estatal cercano al Consejo Consultivo Gremial, que asesora a la entidad. “Desde nuestro punto de vista se busca desguazar las obras sociales, en vez de intentar unificar el sistema sanitario”, agregó el mismo dirigente.
Esta semana, grupo de afiliados autoconvocados realizaron protestas en varias ciudades de la Provincia, como Mar del Plata, donde se vive una crisis de atención porque las tres clínicas que atienden a los estatales cortaron los servicios por problemas en los pagos. Además, en La Plata se vivieron escenas de tensión cuando un grupo de personas intentaron ingresar por la fuerza a la sede central de la entidad, para reclamarme a las autoridades mejoras en la atención.
“La mayoría de los reclamos son por falta de cobertura de medicamentos, en especial en estos momentos donde subieron los precios de manera impresionante”, dijo el mismo dirigente consultado. Las protestas, aseguran, seguirán en la medida que no haya mejoras concretas. “Vemos un vaciamiento”, alertaron.
Ante esta crisis, el titular del IOMA Homero Giles estuvo en la legislatura explicando la situación de la entidad, y admitió que “cayó la calidad prestacional”, aunque lo vinculó con los recortes de Nación a los fondos que gira a las provincias. "Sin dejar de reconocer los problemas es necesario que veamos esto. Abordemos en conjunto como vamos a seguir en este contexto en el cual las políticas de liberalización de todo el mercado, de los precios, que propone Javier Milei, hace que haya muchas víctimas, porque si IOMA no puede hacer frente a su obligación por cuestiones económicas, el ajuste no lo paga la casta, lo pagan las y los afiliados. Por supuesto que estamos trabajando para resolver, por eso estamos acá", subrayó.
Situación del PAMI
En tanto, los efectos de la desregulación no alcanzarán al PAMI, la obra social delos jubilados, que tiene el tercer presupuesto más grande del país, y que mantendrá la atención tal cual se conoce. Esto no quiere decir que el “plan motosierra” de Milei no lo alcance. Esta semana la entidad dispuso “una reducción del 24,18 por ciento en rangos jerárquicos y una disminución del 75 por ciento en secretarías y en la dirección ejecutiva del organismo”, con el objetivo de “recortar cargos políticos y utilizar de manera más eficiente los recursos con que cuenta el instituto”.
“La Dirección Ejecutiva de PAMI avanzó en la reducción en la cantidad de cargos políticos, una iniciativa que va en línea con lo que viene llevando adelante el Estado Nacional en sus diferentes dependencias”, indicaron mediante un comunicado. En ese marco, señalaron que el PAMI “no está exento de la situación general que atraviesa el país, y está realizando todas las medidas para optimizar procesos que permitan brindar el mejor servicio posible para sus afiliados”.
Según se precisó, el recorte en números implica “un ahorro del 24,18 por ciento en rangos jerárquicos, una reducción del 75 por ciento en Secretarías y Dirección Ejecutiva, un recorte del 33 por ciento en la cantidad de Gerencias y casi 20 por ciento menos de Subgerencias”. “Estas medidas van a llegar a las UGL, las unidades distritales que suelen ser una caja de la política local”, le confirmaron a Data Gremial fuentes del organismo. En este sentido, las fuentes adelantaron que el objetivo es avanzar en “un achique más profundo de la estructura burocrática de la obra social”. Estiman que, culminado el rediseño administrativo, con la actual reforma el total de 120 cargos directivos actuales pasará a no más de 90”. En el PAMI trabajan cerca de 12 mil personas para atender a un universo del orden de los seis millones de afiliados, en su gran mayoría jubilados y pensionados.