Una de los temas más controvertidos del capítulo laboral del DNU que firmó el presidente Javier Milei en diciembre pasado es la declaración de esencial de muchas actividades, lo que implica una serie de restricciones a la hora de realizar huelgas. Una de las áreas incluidas es la educación, en todos sus niveles, que de entrar en vigencia la normativa no podrán realizar paros totales de actividades, entre otras cuestiones. Si bien la iniciativa está suspendida por la justicia –debe resolver la Corte Suprema de Justicia –esta semana el gobierno nacional dio señales que por lo menos en el caso de las escuelas, tratará de imponer este criterio.
Así lo adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, que en su contacto habitual con la prensa adelantó que se evalúa “declarar la educación como un servicio esencial”, tal y como estaba contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. “Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial”, planteó el funcionario en conferencia de prensa.
La decisión fue recibida por los gremios educativos como “una provocación”, en momentos que crece la tensión por la falta de acuerdo a la hora de iniciar las clases. La dirigencia recordó que en la actualidad, sin el DNU, existe una ley que “es muy clara” respecto de las condiciones que deben cumplir las actividades para ser declaradas esenciales, y no es el caso de la educación.
Los dichos de Adorni encendieron las alarmas en el sector educativo, en momentos que los gremios discuten el inicio del ciclo lectivo, que está más que complicado por la decisión del gobierno nacional de no girar recursos a las provincias, para el pago de ítems salariales como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). A esto se le suma la idea de reflotar la esencialidad de la docencia, lo que limita el derecho a huelga.
En el DNU elaborado por Federico Sturzenegger se contemplan modificaciones en la ley laboral entre la que destacaba la inclusión de la educación como “servicio esencial” con intención de limitar el derecho a huelga. En el artículo 97 se establece que se considerará como “servicio esencial a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, como también los servicios de cuidado de menores y la educación especial”. Si bien no hay precisiones respecto a la fecha en la que se concretará la declaración, fuentes de gobierno aseguran que será en lo inmediato y que quedará a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La intención de la administración libertaria es exigir una “prestación mínima en los días de paro”, y según Adorni hay “saña” de los sindicatos contra el Gobierno del presidente Milei.
Para los gremios docentes, este tipo de medidas son una forma de atacar su actividad. “Es evidente que se busca aplastar el reclamo por salarios dignos con este tipo de normativas”, le dijo a Data Gremial un dirigente del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que por estas horas analiza si comenzará las clases por los problemas salariales que generó por la decisión de dejar de enviar fondos desde Nación a las provincias. Si bien el dirigente consultado no adelantó que puede pasar el lunes 26, cuando debe iniciar el ciclo lectivo 2024 en la provincia de Buenos Aires, admite que “es otro elemento de presión” que tendrá su peso a la hora de decidir si comienzan las clases. Lo cierto es que para los gremios “limitar el derecho a huelga es anticonstitucional”, y muchas veces se intentó dar este paso. “No es legal y no respeta las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que rigen en el país”, agregó.
Mecanismo establecido
En el país, existe una ley que establece qué actividades son declaradas esenciales, y por lo tanto no pueden paralizarse al 100 por ciento. La norma 25.877 es la que norma estas cuestiones, y en su artículo 24 establece los servicios esenciales que deben sostenerse “más allá de una huelga”, que incluye en este momento a “los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y la distribución de agua potable, la energía eléctrica y el gas, y el control del tráfico aéreo”. Para incluir una actividad o área en la normativa, se debe pasar por un comité de expertos, que decide si se cumplen con los parámetros nacionales e internacionales.
Desde hace años que distintos sectores quieren declarar la educación y el transporte público como esenciales, para frenar las huelgas. En el año 2000, por ejemplo, se firmó el decreto 843/00, que fue llevado adelante por la entonces ministra de Trabajo Patricia Bullrich como ministra de Trabajo, que declaraba la educación básica e inicial como esencial. En 2017 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional ese decreto, cerrando la discusión legal. El fallo, que fue en respuesta a una presentación del gremio SADOP, rechazó una iniciativa “por transgredir el derecho de huelga”.
Sin paritarias
El intento de declarar esencial la educación, que se incluyó en el “mega DNU” y ahora se continúa con un decreto propio, se apura porque es inminente que los gremios docentes lancen una medida de fuerza a nivel nacional, por la falta de llamado a la paritaria que fija el piso salarial en todo el país El propio vocero presidencial respondió que “el salario está atado estrictamente a un tema de productividad, por el que estamos trabajando fuertemente y para eso eran piezas claves el DNU y la Ley Bases”. “Las paritarias deben ser absolutamente libres y el Gobierno no tiene que participar de ellas”, justificó.
En tanto, las protestas ya se ven en el horizonte. Este martes, los cuatro gremios docentes nacionales de la CGT (UDA, CEA, AMET y SADOP) anunciaron un paro para el lunes 26 de febrero, cuando deberían empezar las clases en varias jurisdicciones del país, a menos que el gobierno “convoque a la reunión para discutir un nuevo piso mínimo para el salario docente”. Tras una reunión en la sede de la UDA, los representantes de los cuatro gremios definieron esperar hasta el jueves para confirmar la medida de fuerza prevista para el primer día de clases. “Reclamamos que se convoque a paritarias, que se envíen las partidas del FONID y que la educación siga siendo un derecho”, señalaron en un comunicado las entidades.
Por su parte, la CTERA, la entidad docente mayoritaria, tendrá su Congreso extraordinario mañana jueves, donde definirá los pasos a seguir, marcando el pulso de la protesta docente. Como anticipo, el gremio de la provincia de Buenos Aires SUTEBA tuvo su encuentro y definió una serie de cuestiones para llegar a esa discusión. Entre las resoluciones, se destacan “exigir la convocatoria a paritaria y envío de fondos a las provincias”. De no ser así, “avanzar en un plan de lucha nacional”. En este sentido, se facultó “a la Junta Ejecutiva y al plenario de secretarios generales de la CTERA para construir la más amplia unidad y darle continuidad a las medidas y plan de acción para garantizar el financiamiento educativo”.