Hace ocho años atrás, una trabajadora municipal de Justo Daract, provincia de San Luis, denunció penalmente a al jerárquico municipal Mario Jesús Cansina por el delito de abuso sexual. Luego de un largo proceso judicial, el atacante confesó y acordó realizar un juicio abreviado que tuvo su sentencia en junio de 2021.
En paralelo, Cansina desplegó su abanico de relaciones políticas para salvaguardarse por lo que el Ejecutivo municipal encabezado por el intendente Alfredo Domínguez comenzó una persecución directa contra miembros de ATE San Luis.
El gremio de los estatales acompañó a la trabajadora municipal, quien en ese momento se encontraba contratada y luego de radicar la denuncia quedó sin trabajo.
Según expresa la resolución judicial a la que este medio pudo acceder, afirma que la trabajadora radica su “denuncia en la Comisaría 18° de Justo Daract, quien venía soportando los constantes asedios sexuales que le propinaba el imputado, quien en su calidad de superior en la faz laboral, la condenaba a soportar el acoso de la que era objeto, y que por temor a perder su trabajo y lo que era más gravoso para ella, que su situación iba a tomar estado público, se obligaba a soportar a fin de evitar dichas consecuencias”.
Durante el proceso “abreviado” fueron llamados a declarar decenas de testigos, hasta el jefe comunal. La resolución de Excma. Cámara del Crimen del Poder Judicial de San Luis, presidida por María Silvia del Castillo de Insúa, expresa: “Todos ellos aportan a la veracidad de los hechos denunciados y que el imputado actuaba con un halo de impunidad por sus vínculos políticos probablemente”.
“Todo ello evidencia que el imputado es el autor de los hechos denunciados y que conjuntamente con la confesión del mismo, permiten en forma absoluta arribar a la certeza necesaria”, continua el fallo. Y concluye en “condenarlo a sufrir la pena de tres años de prisión en suspenso y la realización de un tratamiento psicológico y un curso de capacitación sobre violencia de género”.
Persecución
En diálogo con Data Gremial, Liliana Pairone, integrante de la Comisión Directiva de ATE San Luis, afirmó que Cansina “siempre estuvo relacionado en cargos políticos partidarios. Y en aquella ocasión no era planta permanente sino capataz, y luego obtuvo la planta permanente”.
“Cuando salió la resolución por estatuto, en junio de año pasado, automáticamente tenía que ser separado de su cargo porque estaba como jefe del área de maestranza”, relató la dirigente gremial. Al tiempo que agregó: “Nuestra compañera estaba contratada y quedó sin trabajo de manera rapidísima”.
En esa línea, Pairone recordó que “la primera medida que tomó el intendente tras la determinación de la Justicia fue mandarlo a su casa, aunque siguió cobrando el 100% de sueldo sin cumplir funciones en el municipio hasta que renunció en diciembre de año pasado".
Ante estas denuncias, el municipio decidió atacar al sindicato local. “Nosotras empezamos a presionar y comunicar todo lo que estaba sucediendo, porque hasta el día de hoy esa persona sigue estando en la Municipalidad, aunque supuestamente ya no cobra”, señaló la dirigente gremial.
Hace pocos meses el abogado Alberto Mariani, en representación de la Municipalidad de Justo Daract, presentó una demanda solicitando el desafuero de la dirigente gremial Liliana Pairone y Abigail Rivadera..
Por último, los representantes gremiales denunciaron una constante persecución y hostigamiento para con las y los trabajadores organizados gremialmente. Solicitan la intervención inmediata de la justicia y los organismos pertinentes en el tema para frenar con las violencias instauradas por las autoridades municipales.