Una empleada de un ministerio del Gobierno de Santa Fe denunció por abuso sexual a un secretario de Estado, quien, según revelaron, se encuentra de vacaciones, mientras ella costea sus tratamientos por las consecuencias médicas y psicológicas por el supuesto hecho. En este sentido, señaló que no recibe apoyo de la administración de Maximiliano Pullaro y la defensa de la víctima cuestionó la actuación de la Fiscalía a cargo de la causa.
El abogado de la mujer presuntamente agredida, Ricardo Calvo Arrázola, apuntó contra el secretario de Participación Social de la cartera sanitaria provincial, Marcelo Dallaporta, y exigió que “se lo investigue como abuso sexual calificado, no simple”. Argumentó su intención con base en las declaraciones de “la psiquiatra y psicóloga, que fueron contundentes” debido al “grave daño en su salud física o psíquica”.
“Se siente muy mal, no puede salir a la calle, tanto mi clienta como su familia está pasando verdaderamente un infierno”, agregó sobre el caso que fue revelado en el portal feminista Periódicas.
Al respecto, la ministra de Salud santafesina, Silvia Ciancio, se refirió al caso que involucra al funcionario Dallaporta, el cual permanece en su cargo, aunque de vacaciones. En una rueda de prensa del 30 de enero, declaró: “Nosotros recibimos el oficio el miércoles 22 por parte del MPA y rápidamente contestamos al otro día. Nuestra área de Legal y Técnica está, por supuesto, evaluando la situación”.
Posteriormente, demostró una actitud comprensiva en su discurso al afirmar que “estamos a disposición con toda la información que corresponda para preservar en una situación compleja”. Además, exteriorizó la intención de “manejar con mucha prudencia y por supuesto que vamos a buscar resultados de esa investigación”.
No obstante, Calvo Arrázola trazó una línea temporal para profundizar que, “conforme los registros que tengo de los intercambios de chat por vía WhatsApp, el político imputado por abuso sexual llevaba un año acosando a la trabajadora”. “Está registrado absolutamente todo”, compartió.
Asimismo, consideró que desde el Gobierno provincial “está apañando” al funcionario, quien ya tendría antecedentes de violencia de género cuando era director del Hospital de Esperanza, una localidad de 45 mil habitantes. “Están reuniendo antecedentes”, trascendió.
Críticas a la causa
Calvo Arrázola hizo hincapié en la existencia de “medidas de pruebas que no se hicieron, que hablan muy mal de la actuación del Ministerio Público de Acusación, al menos por ahora”. Con respecto a este punto, reveló que aún no incautaron el teléfono celular del hombre, solicitud que ya había sido pedida por la querella.
En diálogo con Página 12, el letrado aseguró que “están todos los acosos plenamente probados, todos los antecedentes que llevaron a que un día, allá por fines del mes octubre, muy temprano, este sujeto convocara a su despacho a mi representada, en un momento en el que no había nadie, para que cometer este abuso sexual espantoso”.
Otro que salió al cruce de las autoridades ejecutivas de Santa Fe fue el diputado provincial Fabián Palo Oliver y envió notas también a la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich. El mencionado legislador reconoció que “no tenemos conocimiento de que la víctima haya recibido algún tipo de asistencia y lo más grave es que tomamos conocimiento de que el funcionario sigue impartiendo órdenes, si bien no va a trabajar, pero no fue separado”.
Con relación a este último punto, Calvo Arrázola puso en duda en lo “qué pueden decir personas en relación de dependencia con un funcionario importante del área, si van a declarar en contra de él”.
Más adelante, manifestó su deseo de que “el poder político de Santa Fe actúe como corresponde” y reiteró, con respecto a la asistencia de profesionales, “todo lo está pagando ella, de su bolsillo, tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque no puede dormir a la noche”.
A modo de cierre, adelantó que instarán a que “hagan las pericias que tienen que hacerse y se cite a imputativa lo más rápido posible” y pidió que el funcionario sea apartado de su cargo. “Como mínimo, esa decisión del gobierno debería tomarse por una cuestión preventiva”, concluyó.