En el marco del paro general iniciado en horas de la mañana del viernes, que incluyó una protesta en la autopista Riccheri, la secretaria general del Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Florencia Cañabate, pidió aplazar la discusión sobre la automatización de las cabinas como reclama el gobierno nacional para centrarse en lo urgente que son las inversiones en el sistema vial. La protesta se da en el marco de la finalización del contrato de concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA) que hace peligrar 500 puestos de trabajo.
“Independientemente de la proyección utópica del Gobierno de que dentro de dos años y medio tiene que estar todo automatizado, tienen que haber inversiones y se hacen con tarifas. El sistema de concesiones viales se hace con tarifas”, indicó la referenta gremial en declaraciones radiales. A su criterio, “es mejor resolver los problemas estructurales y luego ir a la automatización que es lo que todos queremos”. “Empezamos de atrás para adelante. No están invirtiendo porque no le recomponen la tarifa”, insistió.
Al respecto, Cañanate explicó que la empresa dejó de hacer inversiones porque “no le recomponen la tarifa”. Para la titular del SUTPA, “no es casualidad que las tarifas más bajas del peaje sean las de Caminos del Río Uruguay”, equivalentes a “0,84 centavos por kilómetro recorrido”. “Que un usuario de autopistas del oeste pague entre 700 y 900 pesos la tarifa de peaje, con lo que no comprás ni un alfajor, hace que el sistema se deteriore y se termine rompiendo”, analizó la líder gremial.
Polémica medida
A fines de marzo, el gobierno anunció que asumirá el control de las rutas que deja de concesionar CRUSA, lo que fue calificado por el gremio como “una estatización libertaria”. En esta línea, la secretaria general del gremio afirmó que “este Gobierno sigue con la misma desaprensión de los gobiernos anteriores” respecto al estado de las rutas.
Sobre la situación en la que quedaron los trabajadores al finalizar la concesión, Cañabate aseguró que “hay posibilidades de recategorizarlos y que cumplan tareas en otros sectores”. “La mala voluntad del gobierno nacional a través de Vialidad Nacional y la Secretaría de Transporte hizo que los trabajadores de Camino Del Rio Uruguay se queden sin trabajo, sin indemnización y sin continuidad laboral”, lamentó.
Responsabilidad estatal
Según expresó, “es responsabilidad de Vialidad nacional de que los trabajadores estén incluidos en los pliegos". "Es la primera vez en 30 años que cuando se cambia de concesión privada los trabajadores no están incluidos. Falta la voluntad política”, protestó. Cañabate reiteró que el problema no es la automatización porque eso ya se ha discutido con otras empresas y “no se ha perdido ni un solo puesto de trabajo”. “Hoy está en discusión la continuidad laboral por responsabilidad de Vialidad Nacional, que tiene el 49 por ciento de los corredores viales”, subrayó.
El gobierno oficializó la intervención mediante el decreto 244/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, con carácter indefinido y bajo las nuevas disposiciones de la Ley de Bases, que habilita los despidos. Según denunciaron desde el gremio, estos empleados “fueron dejados a su suerte”.