Luego de que se venciera el acuerdo con la industria farmacéutica firmado por la anterior gestión, el precio de los medicamentos se disparó al cierre del 2023, y en promedio crecieron por encima del IPC promedio. Los incrementos en los tratamientos son un problema para la seguridad social, ya que a diferencia de otros productos el carácter esencial de los fármacos hace que se vuelvan un problema para la economía de las familias. Además, la desregulación que plantea para el sector la gestión de Javier Milei disparó su valor, y según las estimaciones los aumentos el año pasado llegan al 300 por ciento.
En este contexto, cada vez más personas no lograr comprar su medicación, lo que se volverá un problema sanitario en breve. “Esta crisis de costos y por consiguiente en el acceso a los medicamentos que consume gran parte de nuestra población, generará abandono de tratamientos crónicos, más internación y también mayor tensión en los presupuestos de los establecimientos asistenciales tanto públicos como privados”, destacó un reciente informe del Observatorio de Medicamentos como Bien Social, donde expone “el abuso por parte de los laboratorios al establecer el precio de medicamentos y vacunas esenciales”.
Según proyecciones de las farmacias, se estima que la dispensa de tratamientos bajó un 20 por ciento en diciembre del 2023, lo que hace pensar que muchos asalariados dejaron de comprar los productos necesarios para tratar patologías como diabetes, presión alta o problemas cardíacos.
El trabajo de este observatorio, que depende del IDEP-Salud de ATE nacional y el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, advierte sobre los problemas de acceso a los tratamientos que genera el aumento desmedido de los mismos.
En el 2023, afirmó el informe al que tuvo acceso Data Gremial, “la variación de precio interanual del grupo de medicamentos más recetados en la Argentina fue del 318 por ciento, teniendo en todos los meses una suba por encima de la inflación a no ser en los meses en donde hubo acuerdos en específico”. Según la entidad, las primeras medidas del nuevo gobierno “son a la medida de los intereses y la rentabilidad extrema de los grupos de poder en la Argentina, entre los que se encuentra la industria farmacéutica”. Sin duda entonces, “las decisiones que garanticen el acceso a medicamentos no llegarán desde la política nacional”.
La producción de medicamentos es una de las actividades más rentables del país, y suele tener un poderoso lobby en el país y el mundo. “Por qué las farmacéuticas ocultan el costo de los medicamentos y las vacunas, cuánto cuesta producir los medicamentos esenciales que usa el 80 por ciento de la población que tiene enfermedades crónicas”, se preguntó el observatorio.
En el sector, entienden que esta situación afecta directamente al acceso de los tratamientos, en especial entre los afiliados de las obras sociales, que en muchos casos tienen sumas fijas de cobertura, y los incrementos hacen que los pacientes deban pagar más de su bolsillo por iguales tratamientos.
“La gente está eligiendo qué medicamentos comprar”, admitieron fuentes de la seguridad social, ante la consulta de Data Gremial. Eso hace que haya una importante baja de las ventas, que las mismas fuentes ubican en el 20 por ciento en este mes. “Hay una caída muy grande de la dispensa, en especial entre los tratamientos recetados. Además, hay un aumento de la demanda en hospitales y centros asistenciales públicos, de mucha gente que se cae de la seguridad social”, analizaron las fuentes. Las medidas complementarias que trae el DNU y la Ley Ómnibus, aseguran, no hará más que “profundizar esta situación”.
Problema de acceso
Los datos del observatorio coinciden con otros que tienen las farmacias, que vienen alertando sobre el impacto de la suba de los valores, en especial luego que se cayera el acuerdo para mantener a estos productos por debajo de la inflación promedio, algo que sucedió en noviembre pasado. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que representa a locales de todo el país, hubo una caída interanual del 4,6 por ciento respecto de la dispensa de medicamentos por unidades, comparado 2023 con 2022.
En concreto, los datos de COFA a los que tuvo acceso Data Gremial describen que “la caída anual en las ventas de medicamentos de venta libre y por receta fue del 4,6 por ciento, en comparación a 2022. Esto quiere decir que se vendieron 36,7 millones de unidades menos”. En esa misma línea, la baja “tiene un mayor componente de remedios de venta libre que de los llamados éticos, que son los de venta por receta”. Sin embargo, “el dato alarmante es que solo en diciembre, los remedios de venta libre se derrumbaron 18,4 por ciento”.
En ese sentido, detallaron que si bien en el mes de enero lo usual -por las vacaciones- lo usual es que las ventas caigan del 10 al 15 por ciento, “el desplome que observan las farmacias ronda el 20 o 30 por ciento”. Por otro lado, los datos describen que los remedios que más cayeron interanualmente pone en primer lugar a los que cubren afecciones del sistema respiratorio. Bajaron casi el 15 por ciento, en comparación a 2022.
Es decir, unas 10 millones de unidades menos. El segundo puesto en la caída lo ocupa los medicamentos "antiinfecciosos sistémicos", popularmente llamados antimicrobianos. Incluyen antibióticos y antimicóticos no tópico. En ese grupo, la caída anual fue de casi el 13 por ciento. Es decir, se vendieron 4 millones de unidades menos que en 2022. A su vez, le siguen los rubros "hormonas", con una baja del 8,13 por ciento; y después, las drogas relacionadas al sistema nervioso que bajaron 7,21 por ciento en 2023.
Alternativa
Ante este panorama, el Observatorio del Medicamento como Bien Social propone como alternativa una mayor inversión en producción pública de medicamentos, citando como ejemplo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con el Instituto Biológico Doctor Tomas Perón y en Santa Fe el Laboratorio Público Industrial Farmacéutico (LIF) que provisiona los medicamentos básicos y esenciales a toda la atención primaria de esas provincias.
“Será otro nicho de resistencia al paradigma del Estado mínimo y privatizado funcional a los negocios y no al servicio de las necesidades de las personas”, destacó la entidad. Pese a estas buenas experiencias, el DNU firmado por Milei elimina la agencia que promociona esta actividad, y deja sin coordinación a la red de plantas de Estados y universidades.
Ante esto, el gobierno bonaerense subió la apuesta, y decidió presentar en la legislatura local un proyecto para crear dos entidades estatales vinculadas a los tratamientos. Uno de ellos es el Centro de Industria Farmacéuticas Bonaerense, con mayor capacidad productiva que el actual laboratorio estatal ubicado en La Plata, un proyecto “ambicioso y necesario que permitiría dar una respuesta más integral a la demanda de los medicamentos a un costo mucho menor para todo el sistema público de la provincia, e interviniendo estratégicamente en el acceso al medicamento por parte de la población”, según el observatorio.
“Será importante disponer de esta herramienta y desarrollar su capacidad productiva en el marco de esta crisis de acceso de medicamentos de consumo masivo tanto para los usuarios del sistema público como para los más de 2 millones de afiliados de la obra social provincial, ratificando soberanía estatal y pública, y generando empleo regular”, remarcó la entidad en su informe.