Por una orden del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, materializada a través de una resolución del Banco Central, el Banco Nación dejó de adelantar los fondos para el pago de sueldos hasta que el Tesoro envíe las partidas correspondientes. Esto provocó el malestar de los rectores de muchas universidades, que anunciaron acciones legales y administrativas.
El primero en reaccionar fue el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, quien confirmó que el Banco Nación suspendió los convenios que permitían que los trabajadores universitarios cobraran el primero de cada mes. Ahora, docentes y nodocentes tendrán que esperar a que el Tesoro deposite en el Nación para recibir sus haberes.
“El pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la correspondiente transferencia”, informaron desde la UNR. Esta situación afecta a todos los empleados universitarios que tienen cuentas en el Banco Nación, así como a los entes autárquicos que tienen convenios similares.
Ante esto, Bartolacci dijo que hará una presentación administrativa ante el BNA y una judicial, y que se reserva el derecho a revisar el convenio que asigna la administración de fondos de la UNR al Banco Nación. “Es una medida arbitraria e injusta que perjudica a toda la comunidad universitaria”, expresó.
Es evidente que la suspensión de las transferencias responde al plan de ajuste del ministro de Economía, Caputo, que el viernes debió retroceder con el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, que preveía subir retenciones y modificar el sistema jubilatorio.
Como no pudo avanzar con esas medidas, Caputo decidió recortar los desembolsos a provincias y entes autárquicos para cumplir con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Las universidades se enteraron de esta decisión el lunes.
Docentes universitarios exigen que se revierta la medida
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) exigen que se revierta la medida aplicada por “Toto” Caputo a través de resolución “A” 7674 del Central.
Desde la organización sindical que conduce Daniel Ricci observan con preocupación que se valide que los trabajadores y trabajadoras docentes vayan a cobrar su salario fuera de término.
Para la FEDUN esta situación, “genera una desigualdad” con quienes cobran a través de un banco privado, “que lo seguirán haciendo en tiempo y forma”.
“Por eso, rechazamos esta medida injusta, que se suma a los reiterados atropellos que opera el gobierno contra el pueblo trabajador desde su asunción”, concluyeron mediante un comunicado.
La nueva disposición puede también enfrentar a estatales con gobernadores por los sueldos
Esta medida, que regía hasta el 31 de enero de 2024 y que no fue prorrogada, facilitaba que gobernadores e intendentes pudieran abonar los haberes en tiempo y forma, sobre todo cuando dependían de los recursos que enviaba Nación. Ahora, los empleados públicos tendrán que aguardar a que el Tesoro deposite en el Banco Nación para cobrar sus sueldos.
La decisión fue comunicada por el Banco Central en una circular emitida el 19 de enero de 2023, pero desde la oposición la atribuyen al plan de ajuste del presidente Javier Milei, que busca lograr el déficit cero a costa de recortar los desembolsos a las provincias y los entes autárquicos. “Es una coacción del Gobierno central que busca dividirnos y enfrentarnos con los trabajadores. Es una política que nos va a afectar a todos, porque los recursos van a escasear cada vez más”, dijo un intendente del Conurbano a este medio.
La diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Danya Tavela, de la UCR, denunció en su cuenta de X (exTwitter) que esta norma del Banco Central implica que “los médicos, los policías, los docentes y miles de empleados estatales no van a cobrar su sueldo el próximo 31 de enero o 1 de febrero, en casi todo el país”. Y agregó: “Esta norma también va a perjudicar al sector productivo y privado, porque mucha gente se va a retrasar en el pago de las tarjetas de crédito, va a consumir menos y va a frenar la reactivación de la economía”.
Los gremios estatales expresaron su “preocupación” por esta situación, que consideran una consecuencia de la “confrontación del Gobierno central con las provincias” y que deja a los trabajadores como “rehenes”. Sin embargo, aclararon a este medio que la fecha de cobro no es la misma en toda la administración pública y que depende de cada provincia y municipio.
Fuentes gremiales indicaron que “esta norma existe y se puede apelar a ella para que no se demore el pago de los salarios”. Si no se revierte, los gobernadores y los jefes comunales perderán una herramienta financiera clave para la administración cotidiana, ya que los bancos ya no podrán anticipar los recursos sin que el dinero esté en caja.