En un acto deliberado para generar más confrontación, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, actualizó en su cuenta personal de X el número de empleados públicos despedidos durante 2024, que ya alcanzan la cifra de 37.595. En su posteo, el funcionario cerró con un mensaje en tono celebratorio: “¡Viva la Libertad, carajo!”, una expresión habitual en el Gobierno de Javier Milei, lo que añadió un matiz polémico a su publicación.
Este no es un caso aislado, sino que se enmarca en una serie de declaraciones y acciones que, en ocasiones, rozan la burla hacia los afectados por el recorte de personal estatal. Hace pocas semanas, el propio presidente Milei utilizó su cuenta de Instagram para mofarse de los despidos ocurridos en el Ministerio de Salud, un hecho que también fue ampliamente criticado.
En la publicación de Sturzenegger, se incluyó un gráfico detallado que muestra cómo se distribuyó la reducción de personal en las distintas áreas de la administración pública. Según el ministro, esta disminución en la dotación de empleados es esencial para cumplir con el objetivo de reducir el gasto público, lo cual, según su visión, es necesario para poder bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal.
El desglose de los despidos
El informe oficial presenta los detalles de los despidos que han afectado principalmente a tres áreas clave: la Administración Pública Nacional (APN), las empresas estatales, y las Fuerzas Armadas y de seguridad. En cuanto a la distribución de los recortes, la mayor reducción se dio en la Administración Centralizada y Descentralizada, con 22.302 puestos de trabajo eliminados. En las empresas del Estado, los despidos alcanzaron los 12.410 puestos, mientras que en los sectores de seguridad y fuerzas armadas la cifra fue de 2.883.
Según estimaciones oficiales, estos despidos llevaron a que el personal de la Administración Pública Nacional cayera de unos 205.000 empleados a aproximadamente 183.000 en 2024. De manera similar, la cantidad de empleados en empresas estatales pasó de cerca de 91.000 a 78.000 en el mismo período.
El impacto en los monotributistas y contratos temporales
El ajuste no solo afectó a empleados de planta permanente y transitoria, sino que también tuvo un fuerte impacto en los monotributistas y en los contratos bajo la Ley Marco y los de Locación de Obras y Servicios (LOyS). En la Administración Pública Nacional, la reducción en los contratos permanentes y transitorios fue del 4,1%, pero la caída más significativa se produjo en los contratos bajo la Ley Marco, con un descenso del 18,3%. Los contratos LOyS, que vinculan a monotributistas con el Estado, sufrieron una disminución alarmante del 48,7%, lo que evidencia el impacto más fuerte en este segmento laboral.
Este tipo de contrato había sido regulado por un decreto del gobierno de Mauricio Macri en 2017, que estableció un plazo máximo de 12 meses para estos contratos. Esta medida derogó una normativa de 2008 impulsada por la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
El ahorro fiscal y las proyecciones económicas
Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación se destacó que la reducción de personal público ha generado un ahorro fiscal considerable. Para cuantificar este impacto, el Ministerio utilizó la técnica de “Valor Actual”, que proyecta el ahorro futuro de los salarios que ya no se abonarán debido a los despidos.
Hasta noviembre de 2024, el ahorro fiscal estimado alcanzaba los 4.012 millones de dólares, desglosados de la siguiente manera: 2.114 millones de dólares por la reducción de contratos bajo la Ley Marco, 1.306 millones por la disminución de empleados de planta permanente y transitoria, y 592 millones por los recortes en los contratos LOyS. Sin embargo, aún no se ha publicado una estimación actualizada del ahorro fiscal considerando la cifra total de 37.595 puestos de trabajo eliminados a diciembre.
Reacciones y controversias
El enfoque del gobierno de Milei sobre el ajuste en el sector público ha generado amplias críticas, especialmente desde los gremios y sectores que han sufrido la reducción de personal. En particular, los gremios del cuero ya han señalado que estas políticas están “destruyendo la producción y el empleo”, una postura que se suma a las crecientes tensiones entre el Ejecutivo y distintos sectores productivos y laborales.
Con estos recortes y el enfoque sobre la desregulación del Estado, el gobierno de Javier Milei continúa con su agenda de ajuste fiscal, un proceso que, aunque busca generar ahorros y reducir el tamaño del sector público, ha generado un fuerte debate sobre sus consecuencias a nivel social y laboral. La discusión sobre el impacto de estas políticas, tanto en el empleo como en la economía en general, está lejos de cerrarse.