Sergio Massa tomó la decisión de devolverle a las obras sociales unos 21.000 millones de pesos hasta fines de año. La medida fue tomada por el ministro de Economía en las últimas horas y apunta a descomprimir la tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT), que le había advertido que “el sistema de obras sociales está al borde de la quiebra” luego del ajuste que se instrumentó en el presupuesto del Ministerio de Salud, entre otros, y que iba a determinar que desde octubre no quedara dinero en la Superintendencia de Servicios de Salud para compensar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos.
De esta manera, el Ministerio de Economía colocará 5.250 millones de pesos por mes, entre septiembre y diciembre, en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se conforma con el aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales.
No se trata de fondos del Tesoro, sino plata del sistema sindical de salud que “Martín Guzmán tenía pisada”, deslizan en el Gobierno sin dar detalles, y que ahora Massa resolvió que vuelvan al destino que corresponde.
Las cifras que barajan los dirigentes sindicales tras el recorte prendieron las luces de alerta: hasta el 26 de agosto, el FDS había recaudado 16.000 millones de pesos, pero 9900 millones de pesos serán para pagar las prestaciones por discapacidad en educación y transporte y otros 7300 millones de pesos para los subsidios automáticos (correspondientes a las prestaciones de los mayores de 65 años y de los monotributistas), por lo que el saldo de ese fondo es negativo.
Según el informe que preocupa a la CGT, en agosto se devengaron 2200 millones de pesos provenientes de saldos presupuestarios para los reintegros por tratamientos de alta complejidad a través del SUR (Sistema Único de Reintegros) y que en septiembre se prevén 1000 millones de pesos que surgen de remanentes operativos. “De acuerdo con las proyecciones, no habría más saldo para reintegros de octubre en adelante”, destaca el estudio.
La situación de inminente quiebra del sistema de obras sociales podría haber derivado en una medida de fuerza.
La mesa chica de la central obrera pospuso una reunión para analizar este tema a la espera de que Massa lo resolviera, pero entre sus integrantes avanzaba la idea de una protesta contra el Gobierno ante los graves problemas financieros para darles atención médica a 14 millones de personas.
Hace 72 horas, incluso, unos 10 dirigentes sindicales se reunieron de urgencia en el Sindicato de Gastronómicos, entre ellos el dueño de casa, Luis Barrionuevo; el cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Armando Cavalieri (Comercio), y hablaron de impulsar un paro o una movilización si el Gobierno no solucionaba la crisis de las obras sociales.
Varios barrionuevistas amagaron con abandonar la CGT por sus diferencias con Pablo Moyano, otro de sus cotitulares, y la forma “inconsulta” en que se toman decisiones en la central obrera “entre tres o cuatro dirigentes”.
Más allá del alivio de que se libere la plata retenida en el Estado para el FSR, hay otro problema que arrastran las obras sociales: las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación representan casi un 70% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución.
Ese fuerte impacto contribuirá a que, si no se toman medidas urgente desde el Gobierno, el déficit financiero del sistema alcance en diciembre el récord de unos 50.000 millones de pesos.
Idas y vueltas y un problema que se empieza a solucionar
Alberto Fernández le había prometido hace 9 meses a la CGT una solución a ese tema y a otros que agravan la situación del sistema sindical de salud: funcionarios y sindicalistas estaban negociando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual las obras sociales traspasarían al Estado el valor de las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación. Sin embargo, la norma en estudio quedó trabada en los despachos oficiales, pese a la fuerte presión sindical.
Fue uno de los primeros puntos que los dirigentes cegetistas le plantearon a Massa apenas asumió, pero el ministro de Economía, urgido por frenar el aumento del gasto público, quiere archivar la idea del DNU y, en cambio, propondrá que se incorpore en el Presupuesto 2023 una partida especial para que las prestaciones por discapacidad sean financiadas por el Estado.
Pese al clima de enorme malestar, en la cúpula de la CGT están decididos a apoyar sin fisuras la gestión de Massa. Lo ven como una esperanza en cuanto a gestión sólida, en contraposición con Alberto Fernández, y como una posibilidad de serenar las variables económicas y de que el Frente de Todos llegue con mejores chances electorales en 2023.
El recorte en Salud que afectó a las obras sociales amenaza con poner en pie de guerra a todo el sindicalismo. Por eso hay mucha expectativa sobre la propuesta que hará Economía.
Otro posible gesto de Massa con la CGT
Massa cuenta con otra carta fuerte para calmar a la dirigencia cegetista: está negociando contra reloj la prórroga del decreto 300, que vence el 31 de agosto y que desde la pandemia estableció beneficios impositivos y previsionales para las empresas de salud, como la reducción del 95% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Ahora, el Ministerio de Economía busca que esa rebaja se limite ahora al 75%. Las prestadoras de salud y las prepagas ya dijeron que les resulta insuficiente. La norma también representa un alivio para las obras sociales que tengan clínicas y sanatorios propios.
El ex presidente de la Cámara de Diputados necesita pacificar el frente sindical antes de septiembre, cuando iniciará su gira por los Estados Unidos para negociar la revisión de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A última hora de este viernes le comunicó por teléfono a la CGT lo que propone hacer para auxiliar a las obras sociales. ¿Se alcanzará la paz sindical?