Los gremios aeronáuticos, difundieron esta tarde un comunicado, en el cual califica de “ilegal y arbitraria” la decisión del gobierno nacional de declarar “esencial” a la actividad aérea en el país. El documento lleva la firma de los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
“El Ministerio de Capital Humano, mediante un comunicado difundido en el día de ayer, ha informado que reglamentará la esencialidad del servicio aeronáutico comercial para garantizar servicios mínimos", comienza señalando el documento. Agregan que “dicho cometido concluiría en una decisión arbitraria e ilegal, comprometiendo la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que participen de la misma”. Entre los argumentos sindicales, se explicó que “el transporte ya está regulado como servicio público de importancia trascendental, en las condiciones establecidas por la norma, conforme la reglamentación del derecho de huelga, reconocido constitucionalmente, mediante la ley 25.877”.
“El intento de valerse de un atajo inconstitucional: el DNU70/23, para que a través del Código Aeronáutico, pretender establecer un procedimiento distinto y particular para el transporte aéreo, sería nulo por dos órdenes de razones: Porque el propio DNU lo es, como lo ha declarado la Cámara de Trabajo en su sentencia de enero de este año invalidando, incluso, la parte con que el mismo intentaba modificar la propia Ley 25.877 en materia de huelga; y porque la única forma de regular, de manera distinta el derecho de huelga, como lo demuestra la propia inclusión del mismo en el capítulo laboral del DNU, es modificando la ley que lo reglamenta”, explicaron.
Argumentos
Además, los gremios remarcaron que el sistema adoptado por nuestro país, para regular la huelga, “quedó establecido a través del artículo 24 de la ley 25.877 y su reglamentación, el decreto 272/06, siguiendo los principios de la OIT, que determina que sólo a través de una ‘comisión de garantías’, integrada por expertos, se podrá declarar servicio esencial a un servicio público de importancia trascendental, como podría ser el transporte, y en tal caso dar oportunidad a las partes para que establezcan los servicios mínimos y, de no llegar a ello, determinarlos dicha comisión”.
Aducen entonces, que “cualquier acto administrativo que se dicte por fuera del régimen legal establecido, además de ser nulo e ilegal, constituye un exceso de poder, un abuso de autoridad y una violación de los deberes del funcionario público que lo emita (art. 248 del Código Penal)”. “Pero, además, en el caso concreto del transporte aéreo, en el marco del conflicto vigente por la negociación salarial, la ilegalidad es aún más evidente, y la responsabilidad de los funcionarios más acusada”, agregaron.
Sostiene el documento que, “en el caso particular del funcionario público involucrado, el Secretario de Trabajo, se suman algunos elementos más decisivos del riesgo en que incurriría de poner su firma en actos de la mencionada ilegalidad. No sólo que ha sido representante del sector empleador y participante asiduo, en tal carácter, en las conferencias de la OIT, de la que, como se señaló, se tomaron los principios reguladores del derecho de huelga en Argentina, sino que también lo ha sido de la Comisión de Garantías, también en representación de los empleadores, que tiene a su cargo implementar, en su caso, los servicios mínimos en servicios esenciales”.
Decisión oficial
Mientras el conflicto con los gremios aeronáuticos que vienen llevando adelante medidas de fuerza para reclamar por un aumento salarial en Aerolíneas Argentinas que les permita recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el gobierno nacional confirmó sus intenciones de reglamentar la “esencialidad” de la actividad aeronáutica, como ya se hizo con la educación, como estrategia para limitar el margen de acción de los gremios y restringir sus posibilidades de aplicar medidas de fuerza.
La ministra de Capital Humano Sandra Petrovello remarcó desde sus redes sociales que “se ha definido reglamentar la esencialidad de la actividad aeronáutica, civil, aerocomercial pública y privada en todo el territorio nacional”, con el objetivo de “garantizar servicios mínimos a la población” en un área definida como de “importancia estratégica” para la “conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros”.
Según se anticipó, la medida se efectivizaría por decreto, estableciendo medidas para garantizar un “nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales” que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades aeronáuticas. La decisión del gobierno se oficializó pocas horas después de que los gremios llevaran adelante un para que paralizó durante varias horas las actividades tanto en Aeroparque como en Ezeiza.