La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Sergio Sasia y la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA), liderada por Juan Carlos Schmid, repudiaron el Decreto N° 8464 emitido por Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy, publicado el pasado 9 de junio y sus recientes declaraciones.
Al respecto, la CATT se refirió al Decreto N°8464 que veda y penaliza la manifestación popular de los trabajadores. En el mismo se afirma que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos” e indica que “la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
En una nota firmada por el aeronavegante Juan Pablo Brey, Secretario de Prensa, y el ferroviario Sergio Sasia, Secretario General, criticaron sus dichos sobre "restablecer el orden en la República Argentina" y eliminar "la cultura de la impunidad que está imponiendo el kirchnerismo".
Así, aseguraron que los mismos son “un capítulo más en la competencia de esta danza política para ver quien se lleva el ‘premio al más duro’” y que “estas altisonantes expresiones, en línea con otros precandidatos, sólo exhiben la impotencia y la falta absoluta de ideas para resolver los problemas del país”, y agregaron: “Cuando hablan de orden a los palos, hay que recordarles que en todo proceso democrático, son las instituciones y la supremacía de la Ley, quienes deben resolver los conflictos políticos y sociales”.
Por último, remarcaron que “frente a tan irresponsables declaraciones, podemos asegurar que no vamos a responder estas bravuconadas propias de perezosos intelectuales de igual forma”. Y finalizaron: “Solo queremos dejar en claro y recordarles que todo el movimiento obrero argentino va a estar a la altura del desafío que nos pretendan hacer enfrentar, como lo ha hecho en toda su historia, inclusive ante las más crueles dictaduras militares”.
La FeMPINRA: “Vulnera sin miramientos los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional”
La FeMPINRA, por su parte, en una carta firmada por su Secretario General, Juan Carlos Schmid, sostuvieron: “La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina rechaza y repudia enérgicamente el Decreto emitido el pasado 9 de junio por el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales”, y añadieron: “El mismo vulnera sin miramientos los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes y de cumplimiento efectivo y obligatorio en nuestro país”.
En ese sentido, afirmaron que “la disposición del Gobierno jujeño pone en riesgo la institucionalidad democrática al penalizar la manifestación popular y agrediendo de manera sistemática a la libertad sindical en la medida que se pretende cercenar el legítimo derecho a huelga garantizado en nuestra Carta Magna”.
De esta manera, para Schmid, que también es Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento (Dragybal) y Secretario Adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), “existe un sector de la dirigencia política que pretende retrotraernos a los períodos más oscuros de nuestra historia, donde el ejercicio de la violencia en todas sus dimensiones fue moneda corriente para atacar los derechos de la clase trabajadora”, y aseguró que “el fortalecimiento de la institucionalidad democrática no puede llegar nunca de la mano de criminalización de la protesta y la vulneración de los derechos sociales”.
También, en el texto, afirmó que “a través de estas políticas se pretende imponer la falsa idea de que la protesta social es enemiga de la convivencia democrática”. Sin embargo, precisó que “en realidad, lo que rompe permanentemente la armonía y paz social, es la política de la precarización y el sometimiento, a través de la imposición de un sistema punitivo y represivo que resguarda a la injusticia social como garante de intereses contrarios al bien común y a la independencia nacional”.
Finalmente, Schmid aseveró en el comunicado que “estas decisiones no pueden ser naturalizadas ni toleradas”, ya que “este año, Argentina cumple 40 años en democracia” y que “hemos sido las y los trabajadores férreos guardianes de ella. La historia así lo atestigua. En este país no hay lugar para manifestaciones autoritarias ni absolutistas, mucho menos en nombre de falsas representaciones republicanas. La democracia no se negocia”, concluyó.