La Secretaría de Igualdad de Oportunidades de la Confederación General del Trabajo (CGT), dirigida por Graciela Aleñá, también secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, junto a Pablo Moyano, líder Camionero y cotitular de la CGT, enviaron una carta a todos los Ministerios de la Nación para solicitarles la información del cumplimiento de la Ley 22.431.
Dicha normativa establece la “inclusión del cupo de personas con discapacidad como trabajadores del Estado en un 4 %”, y según manifestaron los dirigentes gremiales es una ley que no se cumple. “El último relevamiento gubernamental arroja que solamente se cumple 0,61% del personal con alguna discapacidad en las plantas permanentes”, indicó Aleña.
“Es fundamental cumplir con las normativas vigentes porque la inserción laboral de las personas con discapacidad debe ser un hecho real”, expresó la dirigente de la CGT. Al tiempo que resaltó: “es nuestro deber que los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad estén incluidos dentro del sistema de trabajo, ya que pueden adecuarse tranquilamente a la función pública según su certificado de discapacidad”.
Por su parte, Pablo Moyano acompañó la iniciativa y solicitó que el Estado debe cumplir la normativa que incluya en igualdad a todos los trabajadores de la actividad. “La base de la igualdad de oportunidades está dada en la búsqueda permanente de una sociedad justa donde todos y todas tengan las mismas posibilidades sin ningún tipo de discriminación”, expresaron ambos dirigentes en la misiva presentada.
En el documento, exigen a los distintos Ministerios que informen los datos necesarios respecto al cumplimiento de la legislación vigente para asegurar que se cumpla con el 4% del cupo establecido.
Cabe destacar que la sindicalista Graciela Aleñá también forma parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), donde es vicepresidente Pablo Moyano a nivel mundial.
Ley 22.431
La Ley N° 22.431 denominada “De protección integral para las personas con discapacidades” fue sancionada el 16 de marzo de 1981. En su artículo 8° establece que “los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.
Además, agrega: “El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho 4% las vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades de contratación de los entes arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad que acrediten las condiciones para puesto o cargo que deba cubrirse”.
En ese marco, tanto Pablo Moyano como Graciela Aleñá pretenden que se cumpla la normativa para brindar aun así mayores derechos a las personas con discapacidad y lograr su inserción laboral.