La CGT y las dos CTA denunciaron al gobierno de Javier Milei ante la OIT por violaciones a la libertad sindical

Las centrales obreras advirtieron que el gobierno nacional viola los convenios internacionales sobre libertad sindical y derecho de sindicación. Además, denunciaron la criminalización a la protesta que lleva adelante Milei.

Por Redacción

23 de septiembre de 2024

En un clima de altísima conflictividad social, las tres centrales sindicales: CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y CGT presentaron una denuncia formal ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acusando al gobierno argentino de violar los convenios internacionales sobre libertad sindical y derecho de sindicación.

Según informaron los gremios, la denuncia se centra en la creación del "Comando Unificado de Seguridad Productiva", una iniciativa impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Este comando integra al ministerio de Seguridad y las Fuerzas de Seguridad, lo que, según los sindicatos, profundiza las medidas represivas contra manifestaciones sindicales y sociales.

La Resolución 893/2024, emitida por el gobierno argentino, considera "ilícitos" las protestas en zonas productivas, lo que puede llevar a la criminalización generalizada de las manifestaciones pacíficas. Los sindicatos argumentan que esta resolución viola los convenios internacionales sobre libertad sindical y derecho de sindicación, específicamente el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (N° 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (N° 98).

A su vez, la denuncia destaca que la resolución no distingue entre acciones violentas y manifestaciones pacíficas, lo que deriva en una criminalización generalizada de las protestas, independientemente de su naturaleza. Esto representa una amenaza significativa a la libertad sindical y el derecho a la protesta pacífica.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT deberá evaluar la denuncia y emitir un informe sobre la situación. La decisión de la OIT puede tener implicaciones significativas para el gobierno argentino y su política laboral. Vale mencionar que la demanda de las centrales sindicales se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y los sindicatos en Argentina. La decisión de la OIT puede influir en la política laboral del país y proteger los derechos de los trabajadores.

¿Qué es el Comando Unificado?

A principio de mes, se puso en funcionamiento el Comando Unificado de Seguridad Productiva, el cual se trata de una “tropa” para reprimir las protestas en lugares estratégicos del país. Entre los argumentos, la ministra Bullrich señala que se creó a raíz de los “bloqueos” en zonas portuarias como Bahía Blanca, San Lorenzo – Timbúes; en zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques industriales.

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei la pobreza aumentó, al igual que los despidos masivos en diferentes lugares del país por lo que sindicatos, organizaciones sociales y de jubilados se movilizan en defensa de sus derechos. El ajuste y la motosierra fue para los sectores de trabajadores, jubilados, estudiantes, como también los gases y los palos. En las últimas semanas hubo dos fuertes represiones contra las y los jubilados que se manifestaron contra el vetó de la reforma jubilatoria. También hubo represión contra Judiciales de Nación.

Según establece el artículo 2° de la Resolución, el Comando Unificado estará integrado por la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial (o las que en el futuro las reemplacen) del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y por los representantes, que eventualmente se designen, del cuerpo policial de las provincias en las que sea necesaria la actividad del Comando Unificado.

A su vez, la ministra Bullrich resuelve invitar a los Gobernadores de las provincias a designar un representante de los cuerpos policiales locales para integrar el Comando Unificado de Seguridad Productiva.