El gremio de los bancarios logró un significativo éxito frente al gobierno de Javier Milei al obtener un fallo judicial favorable que suspende el pago del impuesto a las Ganancias. En esencia, la medida cautelar ordena la suspensión de la aplicación del título V de la Ley de Bases y del decreto que regula la deducción especial entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2024.
Este triunfo para el sindicato liderado por Sergio Palazzo llegó mediante una resolución de la Justicia federal del Chaco. El pasado viernes, el tribunal aceptó una medida cautelar presentada por la sección local de La Bancaria, con el respaldo de la conducción nacional del gremio. Esta decisión beneficia inicialmente a los trabajadores que residen en esa provincia.
"Dicha medida inhabilita al Poder Ejecutivo a cobrar ese tributo a los trabajadores bancarios del Chaco por el lapso de 90 días renovable a petición de la Asociación Bancaria hasta tanto se diriman las cuestiones de fondo", festejó en su cuenta de X el diputado de Unión por la Patria.
Con la firma de la jueza federal Zunilda Niremperger, se emitieron notificaciones al Ministerio de Economía, a la AFIP y a las entidades bancarias con sucursales en la provincia del Chaco. La jueza argumentó que la cuestión supera el ámbito impositivo, ya que afecta directamente los salarios de los trabajadores sobre los cuales se calcula el impuesto cuestionado.
Fundamentos de la medida cautelar
La Asociación Bancaria seccional Resistencia impulsó la acción judicial a través de su secretario adjunto, Rubén Belmar Ruffino, argumentando la necesidad de interponer un amparo colectivo para prevenir daños, aunque considera que algunos ya se han consumado y que podrían empeorar. La representación legal del gremio enfatizó que no se trata únicamente de una cuestión tributaria o patrimonial, sino que impacta directamente en las condiciones de vida de los trabajadores. El objetivo no es una reparación individual, sino la suspensión de los efectos de una reglamentación que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores.
El gremio también argumentó que la Ley 27.743 presenta un "vicio" de origen, ya que algunos títulos fueron completamente rechazados por el Senado durante el tratamiento legislativo, lo que infringe el artículo 81 de la Constitución Nacional, que prohíbe que un proyecto de ley desechado por una de las Cámaras se repita en las sesiones de ese año.
Además, se señala que la regresividad del impuesto se debe no solo a su restablecimiento diez meses después de haber sido eliminado por el gobierno de Alberto Fernández, sino también a la ampliación de los conceptos gravados, que ahora incluyen elementos que antes estaban exentos. El gremio destaca que el impuesto en su forma actual resulta notoriamente confiscatorio para los salarios, afectando desproporcionadamente a los trabajadores y exacerbando la desigualdad social.