El edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en la esquina de Ortiz de Ocampo y Cerviño, en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, fue subastado este lunes, y podría considerarse parte de la fase “deep motosierra” que propuso el gobierno de Javier Milei. Pese al rechazo de los trabajadores, la iniciativa se llevó adelante en horas de la tarde, por un valor de 1.800.000 de dólares, y marca un nuevo punto en el plan de achicamiento del Estado que lleva adelante el gobierno libertario.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) organizó la subasta de manera virtual a través de la plataforma oficial con un precio base de 6.378.968 de dólares. El inmueble se encuentra en un terreno de 919,10 metros cuadrados y cuenta con una superficie cubierta total de 3.143,53 metros cuadrados distribuidos en tres niveles: planta baja, primer piso y segundo piso. Estas instalaciones albergan oficinas administrativas, salas de reuniones, comedores, cocinas y baños.
Ubicado en la Avenida Cerviño 3101 al 3167, entre las calles Ortiz de Ocampo y Avenida Coronel Díaz, su posición lo coloca a 50 metros de la Avenida Del Libertador, 200 metros de la Avenida General Las Heras y 300 metros del Parque Las Heras, con cercanía a otros puntos como Plaza Alemania y Plaza República de Chile. La venta es parte de un programa del gobierno nacional para desprenderse de más de 300 propiedades públicas y generar ingresos de alrededor de 800 millones de dólares. Según fuentes oficiales, el edificio, que cuenta con una superficie cubierta de 3143 metros cuadrados, fue adquirido por la empresa Brukman Mansilla, reconocida en el sector inmobiliario.
Críticas
El edificio, en perfecto estado de conservación, alberga actualmente oficinas administrativas del INTA, incluyendo las Direcciones Nacionales de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales, además de otras dependencias vinculadas a la innovación tecnológica agropecuaria. Sin embargo, su venta generó críticas por parte de sindicatos y trabajadores del INTA, quienes sostienen que el inmueble fue subutilizado y que su venta responde a una política que afectará a las necesidades operativas del organismo.
A pesar de las críticas, la subasta sigue la normativa vigente, que exige que el comprador destine al menos el 75 por ciento de la superficie cubierta a la construcción de nuevos proyectos residenciales y de oficinas. El proceso está enmarcado en la estrategia del gobierno para optimizar el uso de los bienes públicos y obtener recursos por la venta de inmuebles no estratégicos.
Proceso de venta
El acto de subasta, identificado como "Subasta Pública 392-0206-SPU24", se llevó a cabo de manera virtual. La decisión de subastar este inmueble forma parte de un plan gubernamental que busca “optimizar” la gestión de los recursos públicos mediante la venta de propiedades estatales consideradas subutilizadas o innecesarias. Este plan incluye la enajenación de más de 300 bienes inmuebles en todo el país, con el objetivo de recaudar alrededor de 800 millones de dólares.
La subasta registró a 18 oferentes registrados y se espera que el inmueble sea destinado a desarrollos que combinen viviendas con usos mixtos, aprovechando su ubicación en una de las zonas más cotizadas de la ciudad.