La delegación argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó una campaña de difusión denominada “Formalicemos”, que busca concientizar sobre la conveniencia del empleo registrado como forma de evitar bajos salarios y largas jornadas laborales sin acceso a obra social, vacaciones ni jubilación.
Según los últimos datos oficiales, en el tercer trimestre de 2022 el empleo informal en Argentina alcanzó al 38% de la población económicamente activa.
Y el panorama dista de ser el ideal en el universo de los registrados donde el mayor porcentaje del crecimiento de la fuerza laboral se ha dado entre los cuentapropistas que, obviamente, no cuentan con la misma protección social que un trabajador en relación de dependencia.
Los sectores que registran mayor trabajo en negro
En este contexto, la delegación local de la OIT relevó el complejo escenario del trabajo en negro. En el caso de las trabajadoras de casas particulares, que son más de 1,2 millones, sólo el 20% está registrada.
Además del servicio doméstico, la economía informal tiene peso en otros sectores del país, como la construcción, la agricultura y ganadería, la industria textil, el turismo y la gastronomía. La entidad estimó que en el país unas 8 millones de personas están ocupadas pero en condiciones de vulnerabilidad.
La campaña de la OIT
Es en este marco que la institución promueve la campaña “Formalicemos” y para ello consiguió “testimonios reales” en base a una serie de entrevistas a trabajadoras de la economía del cuidado, la industria textil y la industria tecnológica.
“Las historias de quienes accedieron a empleos registrados o las personas que promovieron esos puestos demuestran que las ventajas son colectivas. El trabajo formal beneficia tanto a quien se emplea como a quien contrata”, explicó Bárbara Perrot, especialista en empleo y desarrollo productivo de OIT Argentina.
De acuerdo con Perrot, los esfuerzos articulados del gobierno, el sector empleador y los sindicatos ponen de manifiesto que “existe un compromiso claro para prevenir y reducir la informalidad mediante políticas públicas".
"La iniciativa, que toma como base una resolución de la OIT de 2015, plantea orientaciones para facilitar la transición de los trabajadores y las unidades económicas" desde la economía informal a la formal, “respetando los derechos fundamentales de las personas que trabajan y garantizando oportunidades de seguridad de los ingresos, medios de sustento y emprendimiento”.
En el trabajo se cita el testimonio de Sabrina, una trabajadora doméstica que constató las bondades de la formalidad en dos de las cinco casas donde trabaja. “Hay un montón de derechos, pero es todo nuevo”, sostuvo la joven, quien consiguió trabajo en blanco mediante una plataforma que gestiona servicios de cuidado. Cuando comenzó a recibir los beneficios del empleo formal, entendió que podía acceder a una obra social, aportes jubilatorios, vacaciones pagas y otros derechos fundamentales del trabajo.
Para las generaciones más jóvenes también es difícil acceder a empleos que cumplan con estas características. Pero el informe cita el caso de Lucila, una estudiante de ingeniería en sistemas de 21 años que consiguió un trabajo formal y remoto que le da seguridad para transitar su carrera. “Creo que con mis ingresos voy a alquilar un monoambiente”, sostuvo al mirar el resultado de trabajar durante cuatro años de forma registrada, algo que consideró "atípico" entre sus amistades.