Las autoridades de Radio y Televisión Pública SE (RTA) consideraron que su decisión de restablecer la vigencia del pago de horas extraordinarias (que había prohibido el gobierno de Mauricio Macri a inicios de 2018) a los trabajadores de prensa de esa empresa, en línea con lo ordenado por tres fallos judiciales, contribuyó a "reducir costos, respetar el presupuesto y ayudar en la recomposición de los salarios de las y los empleados" de esa empresa, según indicó en un comunicado oficial.
La actual gestión en RTA, encabezada por Rosario Lufrano, aprobó oportunamente la recomendación efectuada por las áreas técnicas de la televisora pública de "componer el conflicto" suscitado por la decisión de las autoridades macristas, encabezada por Miguel Pereira, de prohibir el pago de horas extras y el adicional salarial derivado del artículo 71 de la Convención Colectiva de Trabajo que rige para los trabajadores de los noticieros de televisión, una modalidad contractual que por entonces llevaba 20 años de vigencia.
Tal sugerencia fue como consecuencia de las sentencias favorables a los empleados de RTA dispuestas por las Salas V, VI y X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, las cuales habían condenado a esa empresa pública al pago de las sumas adeudadas, más el costo de tasa de justicia, peritos y representación letrada, cuyo impacto presupuestario podría haber sido "mucho mayor, dado que la tasa de interés que aplica el Fuero Laboral Nacional se ubica por encima de la propia inflación", indicó el comunicado de la señal pública.
En ese contexto, el acuerdo sindical alcanzado "previó incluso la contingencia de que se pudieran llegar a dictar sentencias favorables para la empresa, en cuyo caso lo que se abonara iría a cuenta de futuros aumentos", expresó RTA, a la vez que consideró que "la decisión ahora conocida de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazando la demanda de tan solo uno de los actores, no altera el complicado panorama para la economía de la empresa".
Y agregó que "debería aguardarse a que la Corte Suprema de Justicia o, de abrir la Cámara del Trabajo un plenario -con tres salas que han decidido contra la empresa y una en su favor-, dicten un eventual fallo que dirima en un futuro el tema de modo definitivo, con la totalidad de los riesgos legales, económicos y financieros" mencionados.
Las autoridades de RTA indicaron que el ajuste que practicó el gobierno de Cambiemos, que además de la prohibición de horas extras incluyó el congelamiento salarial durante dos años, no solo "ignoró de facto" acuerdos vigentes entre la empresa y sus trabajadores. También "se desentendió de las consecuencias económicas" que el reclamo judicial de decenas de empleados ocasionó en el presupuesto de RTA, lo cual debió ser asumido por la actual gestión.