Las dos fracciones de la CTA se metieron en la polémica por los cambios en la cobertura de medicamentos a afiliados del PAMI, que se anunció en diciembre pasado y deja a millones de jubilados sin la entrega gratuita del Programa Vivir Mejor. Lo hicieron a través de una presentación judicial en conjunto, donde reclamaron que “se restituya las prestaciones de medicamentos a jubiladas y jubilados”.
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, a través de sus secretarios generales Hugo Godoy y Hugo Yasky, respectivamente, presentaron ayer lunes una medida cautelar de manera conjunta para que el PAMI restituya el otorgamiento de medicación gratuita a sus afiliados. No es la primera medida de este tipo, ya que desde que la obra social nacional anunció la medida, entidades de la tercera edad, legisladores y otros sectores le pidieron a la justicia que frene este cambio, que fue criticado por dejar sin tratamientos a muchas personas.
En la presentación, destacaron, “se reclama a la justicia que declare la inconstitucionalidad y nulidad de la normativa administrativa contenida en las resoluciones 2024-2431 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), por las cuales se cercena el libre acceso a la medicación y los tratamientos de jubilados y pensionados afiliados al PAMI, vulnerando sus derechos a la vida y a la salud, reconocidos en la Constitución Nacional y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos”.
Polémica medida
En diciembre pasado, el PAMI decidió introducir cambios en la cobertura de muchos de estos, ajustando los requisitos para acceder a subsidios sociales. De esta forma, argumento, se busca "optimizar el uso de recursos y enfocar el apoyo en tratamientos de mayor prioridad". Pero en concreto, se dejarán de cubrir al 100 por ciento muchos medicamentos, como antibióticos, antiparasitarios, corticoides, ibuprofeno y omeprazol, tendrán un porcentaje de copago. La cobertura de estos fármacos se ha reducido a niveles que van del 40 al 70 por ciento, según informaron farmacéuticos de todo el país, que afirmaron que esta medida responde "a una nueva política que prioriza la cobertura de medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades prolongadas y críticas".
Todos los afiliados de PAMI tienen derecho a recibir hasta cinco medicamentos con cobertura del 100 por ciento de acuerdo con un vademécum específico. Para acceder a este beneficio, deben presentar una receta electrónica emitida por su médico, junto con su DNI y carnet vigente. Quienes perdieron el beneficio, en el marco del programa Vivir Mejor, pueden presentarse ante la obra social para pedir un subsidio social para recuperar la cobertura, pero la mayoría de los sectores asegura que los trámites son muy engorrosos.
Medida urgente
Ante esto, las dos centrales solicitan, “con carácter urgente”, el dictado de una medida cautelar de “no innovar” para que el PAMI “mantenga las prestaciones y las situaciones previas al dictado de estas resoluciones, hasta tanto se emita la sentencia de fondo, con el objeto de resguardar provisoriamente la salud de las y los afiliados a ambas CTA y al PAMI”. La semana pasada, el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo de Pablo Quirós, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza (JUBYPEN MENDOZA) ordenando al PAMI la suspensión de las resoluciones en la provincia.
El Tribunal consideró que la medida dispuesta por PAMI afecta “los derechos fundamentales como la salud, el acceso a la misma y el derecho a la vida de jubilados y pensionados afiliados”. En su decisión, el Juzgado consideró que los jubilados y pensionados son un grupo “especialmente vulnerable”, pero que además se le suma la "hiper-vulnerabilidad" de aquellos que están bajo un tratamiento médico y cuya cobertura podría verse interrumpida. A su vez, señalan que el Estado tiene la obligación de proteger "los derechos de los adultos mayores, debiendo adoptar medidas para prevenir y evitar la vulneración de derechos de este grupo vulnerable, eliminando barreras que puedan dificultar el acceso a los mismos, especialmente al derecho a la salud".
Al igual que en Mendoza, en Tucumán se presentó otra cautelar contra la decisión del gobierno de limitar el acceso a los medicamentos gratuitos. La medida fue presentada por el diputado nacional Carlos Cisneros, en su carácter de secretario de Administración de la Asociación Bancaria Nacional, quien solicitó que se garantice el acceso pleno y oportuno a medicamentos.