La Federación Judicial Argentina (FJA) analizó con sus equipos jurídicos el nuevo marco legal y las diferentes estrategias de intervención posibles luego de la sanción de la Ley Bases y del DNU 70/2023. La reunión fue encabezada por el titular de la entidad Matías Fachal, y contó con la presencia de dirigentes de 13 filiales y representantes de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El objetivo de la reunión, informaron desde la FJA, fue discutir “el contexto de avanzada de un plan de restricción del derecho a huelga y de negociación colectiva”. En particular se detallaron los conflictos que atraviesan las provincias de Río Negro y Mendoza. Además de la intervención de Fachal, la cumbre contó con intervenciones de los abogados laboralistas Marcelo Bustos Fierro y Guillermo Gianibelli.
“Las luchas deben articularse con presentaciones y acciones en las cuales los profesionales tienen un rol para cumplir. Debemos poder hacer jugar a nuestro favor estas herramientas técnicas e incorporarlas entre nuestro repertorio de estrategias”, afirmó Fachal.
Cuestión salarial
En cuanto a la negociación colectiva, Fachal planteó que “a pesar de que logramos reunirnos con la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS), la agenda de negociación colectiva muestra restricciones en distintos puntos del país en conflictos locales”. Por último, agregó que: “Hay un contexto de criminalización de la protesta y una actividad desmedida de las fuerzas represivas, que nos afecta a todos, estemos o no incluidos en aspectos específicos de la Ley de Bases o el DNU 70/2023”.
Del mismo modo, el abogado laboralista y profesor titular de la UBA, Guillermo Gianibelli, afirmó que: “El convenio 151 de la OIT sobre negociación colectiva en el Estado, debe aplicarse plenamente al ámbito del Poder Judicial”. A su turno, Marcelo Bustos Fierro llamó a concientizar sobre la herramienta del convenio colectivo como objetivo estratégico.
Conflictos provinciales
En Río Negro, según informó el secretario general del SITRAJUR Emiliano Sanhueza, el Tribunal Superior de Justicia “avanzó en una reforma del Poder Judicial que excluye de la representación a casi un tercio de los trabajadores, para quienes se elimina el derecho a negociar colectivamente, y se los separa del ámbito paritario fijado por la ley provincial 5009”.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza (AGEyFPJM) Ricardo Babillón, detalló las características del conflicto salarial recientemente culminado el cual implicó “prolongadas medidas de fuerza con intento de aplicación de descuentos salariales y multas sindicales por parte del Poder Ejecutivo, que define los ajustes de haberes por la falta de autonomía y autarquía judicial en la provincia”.