El viernes de la semana pasada concluyó el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo de la Nación en el conflicto entre los gremios del ARCA (ex AFIP), AEFIP y SUPARA, con las autoridades, que estalló tras el anuncio de reestructuración y transformación del organismo, que contempla un ajuste en la plantilla laboral, con cientos de cesantías y despidos.
Los gremios anunciaron que tras la cuarta audiencia convocada por Trabajo, llevada a cabo este viernes, las autoridades del organismo ratificaron que continuarán el proceso de reestructuración de acuerdo a lo establecido en el decreto 953/24 del Poder Ejecutivo nacional. Con este marco, los gremios que conducen Pablo Flores (AEFIP) y Carlos Sueiro (SUPARA), rechazan cualquier medida que “afecte la estabilidad de los puestos de trabajo de nuestros representados”, apuntaron en un comunicado de prensa conjunto.
Los sindicatos se comprometieron a continuar trabajando “a través de los canales institucionales con las autoridades del organismo” pero advirtieron que llevarán adelante, “todas las acciones políticas, gremiales y judiciales que resulten necesarias para proteger la estabilidad laboral y demás derechos de los trabajadores”, sostuvieron.
Estado de alerta
Con este escenario, los gremios informaron que mantendrán el “estado de alerta” en el organismo y ratificaron su compromiso “de seguir trabajando juntos y en unidad en defensa de todos los trabajadores y de nuestros Convenios Colectivos de Trabajo”, indicaron.
Los gremios de la ex AFIP decidieron llevar su estrategia a los tribunales, argumentando que las 3.155 desvinculaciones son despidos sin causa, lo cual no está contemplado en su convenio colectivo. A pesar de que existe la figura de la prejubilación, que permite una salida anticipada con 20 sueldos adicionales, las fuentes del gremio AEFIP informaron que hasta este martes se había registrado una “ola de pedidos de jubilación”, con alrededor de 1.500 empleados iniciando el trámite. Desde UPSAFIP, el sindicato de empleados jerarquizados, elevaron esa cifra a 1.700.
Argumentos oficiales
El cierre de la AFIP fue justificado como parte del gobierno de Javier Milei por la cantidad de empleados “ñoquis” y de la nueva estrategia impositiva. Al respecto, en la celebración de los 100 años de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y, al hablar ante los empresarios presentes, el propio presidente volvió a hacer alarde del ajuste y a atacar a los trabajadores estatales, a quienes calificó de “ñoquis” e incluso de “hijos de puta”.
En su andanada, el libertario antiobrera festejó la precarización laboral: “Desde agosto los salarios informales están creciendo a una velocidad incluso más alta que los formales, y son ellos quienes más van a mejorar en términos relativos en los próximos años. No hay instrumento más potente para sacar a la gente de la pobreza que el capitalismo de libre mercado”.