Durante la gestión del Gobierno Nacional del expresidente Mauricio Macri, se vino instalando y profundizando en distintos puntos de la República Argentina y en Córdoba en especial, una nueva forma de flexibilización laboral que comienza a poner en riesgo de extinción, la actividad que prestan taxis cordobeses puntualmente (transporte público automotor municipal), lo que no se va a permitir sin lugar a duda por parte del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba.
La lucha gremial de esta organización gremial fundamentalmente las hizo retroceder por un importante tiempo, pero con los nuevos aires derechosos que soplan en nuestro país volvieron a la carga nuevamente, y con apoyo de parte de los políticos anti-Patria.
Las apps extranjeras de transporte de personas apuntan a brindar la prestación de un servicio de transporte automotor de personas (no regulado específicamente por una Ley del Congreso Nacional), que se publicita y/o contrata por medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas (que no son de taxis).
Se tratan en su mayoría, de empresas multinacionales extranjeras que desembarcan especialmente en aquellos lugares, en los que desde el propio Estado no se visibiliza una firme protección de las fuentes de trabajo y de los derechos laborales que tienen los taxis locales, a pesar de que los mismos se encuentran garantizados no solo por las leyes laborales vigentes, sino también en la Constitución Provincial y en la Constitución Nacional.
También avanzan en territorios en los cuales quienes legislan en los Concejos Deliberantes, no prohíben expresamente el desembarco de este servicio; hasta que el Congreso legisle específicamente sobre esta materia al tratarse de derecho de fondo; y la Legislatura Unicameral lo haga para establecer el procedimiento correspondiente.
La gestión del exintendente Mestre, salió al cruce de estas aplicaciones extranjeras, y fue a la justicia a través de un amparo pidiendo su bloqueo por orden judicial.
La gestión de Mestre en este tema fue inflexible, no se llenó de excusas, y demostró tener decisión política de defender la legalidad, y por ende de proteger todas las fuentes de trabajo del taxi.
Hablamos de una gestión radical, y "no peronista".
Pero si hay algo que resulta llamativo y alarmante, es que la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante de Córdoba Capital, no trata y por consiguiente, no deja avanzar desde hace meses, un proyecto de ordenanza que elaboré y que fue presentado por el Concejal Diego Casado (Hacemos Unidos por Córdoba), para hacer operativo el Art. 181 del Código de Convivencia Municipal.
Propongo en el mismo, que el Municipio pueda solicitar ante la justicia, el bloqueo de las Apps no habilitadas.
Es un instrumento más efectivo, más económico para el propio Municipio (y para los contribuyentes cordobeses), para prevenir y erradicar definitivamente el transporte ilegal a través de aplicaciones extranjeras no habilitadas por la Municipalidad de Córdoba.
La aprobación de mi iniciativa legislativa conllevaría toda una decisión política de estar del lado de los trabajadores cordobeses, es decir, del taxi, que hasta ahora no se ve por parte del oficialismo en este recinto legislativo.
Está literalmente cajoneada...
Me llama la atención, que fue presentada por un Concejal oficialista que me consta intenta que se trate, pero el oficialismo teniendo mayoría para lograr su aprobación, no impulsa el debate interno.
Frente a esto, muchos de nosotros nos preguntamos: ¿Hay verdadera voluntad de combatir este tipo de transporte ilegal por apps extranjeras en Córdoba?
Para el peronismo, solo hay una sola clase: los trabajadores.
El peronismo se demuestra en acciones concretas, en decisiones políticas concretas, y no se pregona solo de pico.
Estas apps extranjeras que han sido en gran parte, responsables de pérdidas de puestos de trabajos de choferes y de la devolución al Municipio capitalino de cientos de licencias de taxi.
¿Acaso no tomaron nota de todo esto los concejales oficialistas y el propio Intendente?
¿Qué están haciendo para evitar estos daños en el sector?
No creo que mi proyecto de ordenanza deba ser el único presentado, para proteger las fuentes de trabajo del taxi y a una actividad que se encuentra dentro del marco de la Ley, frente a otra que registra innumerables situaciones irregulares en diferentes frentes.
Hay concejales de la oposición, que lejos de representar los intereses de los trabajadores locales (taxistas), promueven actividades e intereses extranjeros, por encima de los nacionales, que implican dumping y competencia desleal en su máxima expresión, entre muchas otras cosas más...
Quienes legislan, ocupan sus bancas legislativas para representar al pueblo y los intereses de la Patria.
Parece que hay varios, que olvidaron porqué juraron al asumir en sus cargos. No creo que justamente, haya jurado defender intereses extranjeros por encima de los de nuestra Patria querida.
¿Para estos sectores de la política cordobesa, los taxistas no son ciudadanos, no son parte del pueblo, no son los que a través de los impuestos que tributan, pagan también sus salarios de concejales?.
De seguir en este camino lamentable e inaceptable, habría bloques que deberían cambiar su nombre actual, para pasar a denominarse bloque Uber, bloque Cabify o bloque Didi...
Realmente siento vergüenza de Ustedes como ciudadano cordobés, y como argentino que ama su Patria en todo sentido.
Quienes ejercen el transporte automotor de pasajeros por fuera de la ley, sin habilitación municipal, que es publicitado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas; generan una clara competencia desleal, en relación al servicio legal que brinda el taxi y que hoy los están llevando al camino de la extinción.
No solo las apps extranjeras serían las únicas responsables de esto.
También habría más responsables por acción, y otros por omisión.
Eso sucede, debido a que los primeros no invierten, no trabajan dentro del marco legal vigente para la actividad; no tienen que circular las 24 horas del día (los 365 días del año incluyendo sábados, domingos y feriados); no tienen radio; GPS; botón de pánico; ni inspecciones municipales; cualquiera se sube o se baja del auto; evaden impuestos; tienen enormes hechos de inseguridad en todo el mundo, poniendo en riesgo no solo el propio sistema de transporte automotor municipal, sino fundamentalmente a miles de fuentes de trabajos, lo que es inadmisible e inaceptable.
No se sabe si cuentan con seguros que cubran los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los conductores, ni estas empresas de transporte automotor de pasajeros por plataforma electrónicas, serían eventualmente responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio ilegal a usuarios o terceros, no tributan impuestos y/o tasas provinciales y/o municipales.
Es necesario manifestar que la clase trabajadora en Córdoba y en el interior del país, exhorta y reclama a quienes legislan en los Concejos Deliberantes y a quienes gobiernan en los respectivos Ejecutivos municipales que hagan cumplir la ley, pero que, además, avancen en todas las medidas que sean necesarias para defender el trabajo local; pues, en definitiva, entre otras razones, para eso son representantes del pueblo y ese mismo pueblo que los votó, es quien paga sus salarios.