El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) denunció públicamente que la empresa Corredores Viales S.A. amenazó con despedir a más de un centenar de trabajadores tras el paro realizado el pasado viernes, que incluyó el levantamiento de barreras en todas las rutas del país, en el marco de las protestas con las que la organización gremial había reclamado la continuidad laboral de los 500 empleados de Caminos del Río Uruguay (CRUSA).
A través de un comunicado titulado "Persecución sindical y amenazas en Corredores Viales S.A.", el gremio que lideran Florencia Cañabate y Facundo Moyano denunció que la empresa estatal envió un correo electrónico masivo a cientos de empleados, en el que advertía sobre posibles sanciones por haber participado de la medida de fuerza.
“Atentado contra los derechos de los trabajadores”
"El pasado 9 de abril, Corredores Viales S.A envió un comunicado masivo por correo electrónico dirigido a cientos de trabajadoras y trabajadores de la empresa en el cual intenta deslegitimar el ejercicio constitucional del derecho a huelga y amenaza con sanciones disciplinarias, incluyendo despidos", indicó el sindicato.
Y agregó: "Este es un claro atentado contra los derechos de los trabajadores en el marco de una legítima medida de acción ejercida por nuestra organización en defensa de los derechos laborales".
La protesta del viernes involucró a todas las rutas gestionadas por Corredores Viales, Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Autopistas de Buenos Aires.
Según informó el sindicato, más de 100 trabajadores de Corredores Viales recibieron un mensaje que los intimaba a detener la medida gremial: "Se intima a todos los trabajadores representados por SUTPA a desistir de inmediato de la decisión sindical de paralizar las operaciones. La medida es inesperada y sin fundamento, perjudicando directamente a la empresa y a los trabajadores. Corredores Viales S.A. se reserva el derecho de adoptar medidas disciplinarias, incluyendo despidos, si no se normalizan las operaciones. Esto podría traer aparejados graves consecuencias para los trabajadores involucrados en este servicio público esencial".
Dura réplica del SUTPA
En ese mismo comunicado, la empresa calificó la huelga como “ilegal e ilegítima”, lo que motivó una dura respuesta del gremio: "Rechazamos categóricamente las falsas acusaciones de ilegalidad respecto de nuestra medida, que se encuentra plenamente respaldada por la Constitución Nacional. Corredores Viales S. A. no solo desconoce el derecho a la protesta y a la representación sindical -este último respaldado por convenios internacionales y la legislación laboral vigente entre otras- sino que además intenta instalar un relato falso para ocultar sus reiterados incumplimientos salariales, con una inflación que crece día a día y deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, y la negativa sistemática a negociar paritarias".
Desde el SUTPA ratificaron su posición en defensa de los derechos laborales y advirtieron sobre posibles acciones legales:
"Desde el SUTPA ratificamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores afiliados a nuestro gremio, por lo que toda amenaza, despido o represalia por ejercer el derecho constitucional a huelga será considerado un grave acto de discriminación antisindical (Ley 23.592), y será respondido con las acciones legales correspondientes. Exigimos el cese de las amenazas y el inicio urgente de una negociación de paritarias seria".
Más despidos tras fin de concesión
La situación laboral en el sector se agrava con la finalización del contrato de la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa), que dejó a 500 trabajadores sin empleo. La concesión, que abarcaba tramos de las rutas 12, 14 y 174, concluyó el pasado martes. Desde entonces, la operación fue asumida por Vialidad Nacional.
Sin embargo, desde SUTPA advirtieron que el organismo no tiene competencia para cobrar peajes ni ejecutar obras por falta de presupuesto. “Tampoco pueda ejecutar obras porque no hay presupuesto”, señalaron.
Desde Vialidad Nacional confirmaron que estarán a cargo de la operación y mantenimiento hasta la llegada de un nuevo concesionario, prevista para septiembre. Consultados sobre los despidos, afirmaron que son "responsabilidad exclusiva de la empresa". En tanto, los trabajadores aseguraron: "No hay respuestas del Gobierno y la empresa no se hace cargo de las indemnizaciones".