En el marco del acuerdo con el FMI, que potencia las medidas de desregulación que estaba realizando el gobierno a través del plan motosierra, se anunciaron nuevas medidas vinculadas a la privatización de empresas del Estado. Según informó el Ministerio de Justicia, Corporación Buenos Aires Sur, Fabricaciones Militares, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración General de Puertos (AGP) y la agencia estatal Télam serán reconvertidas formalmente en sociedades anónimas, salvo Télam, que fue directamente será disuelta. La iniciativa es parte del entendimiento, que es fuertemente rechazado por los gremios.
La decisión fue publicada incluso ante de dar a conocer el entendimiento con el FMI y lleva la firma del Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona. Y, como curiosidad o provocación, fue registrada por la Inspección General de Justicia (IGJ), bajo el título “Motosierra”.
“Es un paso clave para poner fin al uso político de estas empresas”, argumentó Justicia, y aseguró que éstas “ahora deberán de rendir cuentas y presentar sus balances como cualquier compañía”. En paralelo, el Ejecutivo gana puntos ante el FMI, al mostrar avances concretos en la reducción del gasto público y en la “racionalización” del Estado.
Repudio
Desde sectores sindicales, sociales y vinculados a los derechos humanos denunciaron una ofensiva ideológica que utiliza la bandera de la eficiencia para avanzar sobre áreas sensibles del Estado. Además, advirtieron que el proceso de reconversión podría abrir la puerta a futuras privatizaciones, aún cuando el gobierno evite utilizar ese término de manera explícita.
Rápidamente, las entidades publicaron un comunicado conjunto donde rechazaron la acusación y explicaron que todos los fondos estaban debidamente controlados por el Estado. Las reformas, sin embargo, se implementan en un clima de creciente tensión social. Las próximas semanas podrían ser escenario de nuevos conflictos gremiales, litigios judiciales y/o protestas callejeras, mientras el gobierno sigue apostando su capital político a un ajuste sin anestesia, con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina.
Privatizaciones de facto
La privatización de facto se enmarca en una seguidilla de decisiones en el mismo sentido que el Ejecutivo ha tomado en las últimas semanas, como la intervención sobre organismos de derechos humanos y la suspensión de fondos públicos asignados al Espacio Memoria y Derechos Humanos, de la ex . Además, el 3 de abril, el Ministerio de Justicia anunció la interrupción de pagos por más de 3 mil millones de pesos destinados a 13 organismos, bajo el argumento de falta de fiscalización.
Según las versiones que circulan, el FMI exige que se publique un informe sobre las empresas estatales y se elabore un plan concreto para su privatización, alineado con la idea de achicar el Estado que impulsa el oficialismo, aunque hasta ahora con avances limitados. Estas reformas son parte del "ajuste estructural" que el organismo considera necesario para sostener la meta de déficit cero. Sin embargo, los sectores más vulnerables —especialmente jubilados y trabajadores informales— serían los principales afectados.