El Sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta una situación crítica: en el primer trimestre del año ya se registraron 25.621 nuevos juicios por accidentes laborales, una cifra que proyectada hacia fin de año podría alcanzar un récord histórico de 132.100 litigios. La escalada de la litigiosidad pone en máxima tensión a un sistema que brinda cobertura a más de 10 millones de trabajadores en todo el país.
Crecimiento sin freno: 70% más que en 2018
Los datos surgen del último informe estadístico elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que reveló que solo en marzo se notificaron 11.546 juicios. El promedio mensual ya supera los 10.000, y la tendencia ascendente preocupa a todos los actores del sector.
La comparación histórica es alarmante: el número de juicios previsto para 2025 representa un aumento cercano al 70% respecto de los niveles registrados en 2018, cuando las demandas fueron inferiores a 80.000. Incluso superaría el pico de 2017, año en el que el sistema tocó fondo con 130.700 juicios, lo que motivó una reforma legislativa para frenar la litigiosidad.
Menos accidentes, más juicios
El contraste con los índices de siniestralidad es aún más llamativo: mientras los juicios aumentan, los accidentes laborales vienen disminuyendo de forma sostenida. Desde la creación del sistema en 1996, los siniestros pasaron de 70,9 por cada mil trabajadores cubiertos a solo 31,8 por mil (sin incluir accidentes in itinere), lo que representa una reducción de más del 50%.
“El sistema está en riesgo producto del exacerbado crecimiento de la litigiosidad y un esquema de actualización de los montos de indemnizaciones que no responde a la normativa vigente”, sostuvo Mara Bettiol, presidente de la UART.
Impacto económico y productivo
Desde el sector alertan sobre el impacto que este escenario tiene sobre toda la economía. La litigiosidad creciente incrementa los costos operativos, afecta la competitividad de las empresas y pone en riesgo la empleabilidad. Según Bettiol, “el crecimiento de los juicios tiene un impacto indudable no sólo sobre el sistema sino también en la competitividad, el crecimiento y en la generación de empleo de nuestro país”.
El panorama es desigual según las regiones. La provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19%), y luego Santa Fe, Mendoza y Córdoba.
Advertencias por incumplimiento judicial
Para los expertos, parte del problema radica en el incumplimiento de disposiciones clave establecidas en la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo de 2017, como la implementación de los Cuerpos Médicos Forenses en cada provincia, organismos esenciales para fijar criterios técnicos unificados y evitar arbitrariedades judiciales.
En ese sentido, Bettiol remarcó: “Es imperioso que las provincias, a través de sus poderes judiciales, cumplan con la creación de los Cuerpos Médicos Forenses (que las propias legislaturas aprobaron) y que se fijen mecanismos de actualización razonables. Las consecuencias de la inacción serían catastróficas en la estructura productiva argentina”.
En paralelo, la UART subraya el valor del sistema, que desde su puesta en marcha ha brindado más de 14 millones de prestaciones anuales y ha contribuido a salvar más de 19.000 vidas. No obstante, sin reformas estructurales que frenen la judicialización excesiva, los actores del sector temen un colapso similar —o peor— al que se vivió en 2017.