La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), encabezada por el secretario general José Voytenco, denunció a la intervención del gobierno nacional en la Obra Social de Trabajadores Rurales (OSPRERA) por ejecutar pagos indebidos por más de 500 millones de pesos a un laboratorio con el que no tienen contratos vigentes, al tiempo que le atribuyó el nombramiento de casi 80 personas con sueldos de hasta 11.500.000 pesos.
La acusación se da en el marco de las suspensiones o demoras en el pago a droguerías que mantienen la provisión, lo que provoca interrupciones en los tratamientos de pacientes graves, situación que ya terminó en el fallecimiento de un trabajador que padecía cáncer.
La demanda pesa principalmente sobre el interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni. En este sentido, desde la entidad gremial advirtieron que “convirtieron a la obra social en un vehículo para hacer negocios con efectores de salud”.
Desde UATRE, indicaron que, entre noviembre de 2024 y enero de este año, salieron pagos por 555.789.636 pesos sin justificación, por deudas no auditadas y sin contraprestaciones vigentes. Hecho que se dio sin el marco legal vigente e impuesto por el mismo Ejecutivo nacional. Un golpe sobre el patrimonio de la obra social y en perjuicio de los aportes de los afiliados.
En simultáneo, según la acusación, la intervención no asume los compromisos de pagos vigentes e incumple obligaciones, lo que deriva en la suspensión de provisión y dispensa de los tratamientos a afiliados que padecen enfermedades oncológicas, diabetes o VIH. A propósito recordaron que la paralización en el suministro de medicamentos provocó el fallecimiento de los afiliados José Garavento y Marta Susana Morfil. Ambos episodios tienen causas judiciales.
Numersos incumplimientos
También , revelaron que, solo desde febrero de 2025 , en tres jurisdicciones relevadas -La Plata, Mar del Plata y Rosario- se contabilizaron más de 60 procesos judiciales entre amparos de salud y ejecuciones por falta de pago de hospitales públicos.
Asimismo, denunciaron a Petroni por el incumplimiento por parte del funcionario de la Resolución n°4912/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud y el Decreto N°1045/2024, que aprueba la “guía de buenas prácticas en la intervención de agentes de salud” que establece que no pueden pagarse deudas sin auditorías, como sería el caso de los pagos denunciados que corresponden a deudas de intervenciones anteriores. La normativa también establece que debe dársele prioridad a los pagos de tratamientos y compra de medicación de pacientes con tratamientos en curso.
La denuncia penal también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, y al Superintendente de Servicios de la Salud, Gabriel Oriolo, por “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta”. Según consta en el trámite judicial, tuvo lugar “la celebración de contratos ilegales por parte de Marcelo Petroni son posibles por la aquiescencia de las máximas autoridades del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que, debiendo controlar la actuación del interventor, la actividad de la Obra Social y estando en conocimiento de las maniobras fraudulentas e incumplimientos médicos a los afiliados y afiliadas, no adoptaron ni una sola medida de control en el marco de sus funciones”.
La intervención del gobierno nacional a la obra social, desde su inicio, nombró supuestamente a 79 personas en distintos cargos, desde delegados, subdelegados, asesores, gerentes. Para pagar dichos salarios, solo en la liquidación de sueldos de enero la intervención gastó más de 370 millones de pesos.