Con un valor final de 1.233 pesos, debutó este lunes el dólar sin cepo, una apuesta fuerte del gobierno nacional en este año electoral. La medida, que fue anunciada el viernes a última hora, se dio en gran parte por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye el aporte de unos 20 mil millones de dólares para reforzar las reservas. Este entendimiento tiene varias condiciones, entre ellas una serie de medidas que la gestión de Javier Mieli se compromete a realizar este año, cambios vinculados a la desregulación de la economía, que incluyen temas muy delicados como la reforma laboral, más privatizaciones y hasta analizar aumentar la edad jubilatoria. Para los gremios, el presidente intentará cumplir con estas premisas, lo que generará mucha tensión en un año donde hay elecciones. “Sumisión total”, fue la caracterización que hizo Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, respecto de este acuerdo. Respecto a los cambios en las leyes laborales, la dirigencia lo da por descontado, lo mismo que el avance en una reforma previsional. “El objetivo es llegar a las elecciones”, adelantaron.
Una vez conocido el acuerdo con el FMI y la salida del cepo, comenzaron a circular versiones sobre las condiciones impuesta por el buró de la entidad de crédito multinacional. En la cuestión laboral, afirmaron diversos medios, los pedidos son varios. En primer lugar, cambiar la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo, para ir a acuerdos por empresa, lo que implica un cambio en la forma en que se establecen salarios y condiciones laborales.
Este criterio ya aparece contemplado en la Ley Bases, aprobada por el Congreso, que habilita marcos de negociación fragmentados en algunos regímenes de promoción, como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Además, insiste con el Fondo de Cesación Laboral, que ya está aprobado pero falta la reglamentación. Otro punto del que se habló fue digitalizar los registros laborales. Esta iniciativa está en línea con el acuerdo con el FMI, que plantea la necesidad de “modernizar los sistemas de registro y control”. En paralelo, el acuerdo promueve una revisión de las presunciones legales a favor del trabajador, lo que podría implicar modificaciones en el proceso de litigios laborales y en las herramientas de fiscalización que hoy utilizan los sindicatos.
Algunas de las reformas que afectan al sistema sindical fueron incluidas en el DNU 70, pero su capítulo laboral fue suspendido por la Justicia Nacional del Trabajo en enero de 2024, a raíz de una presentación realizada por la CGT. Esa parte del decreto se encuentra actualmente sin efecto, hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad. Para los gremios, no hay dudas que se intentará avanzar este año con esta agenda compartida con el FMI. Como marcó Héctor Amichetti, titular de la Federación Gráfica Bonaerense, “por supuesto que irán por una reforma laboral y otra previsional”.
En diálogo con Data Gremial, el referente de la Corriente Federal de los Trabajadores remarcó que “el plazo que acordaron para comenzar a avanzar en esos objetivos es noviembre, porque su apuesta fuerte es tener una elección que mejore su posición en el Congreso y le permita aprobar las leyes necesarias para implementar dichas reformas”. Ante esto, la dirigencia comenzó a analizar los pasos a seguir, como sucederá este martes, cuando se reúna el Consejo Directivo de la CGT. “Nuestra postura será de rechazo absoluto y movilización como lo hicimos con Mauricio Macri hacia fines de 2017”, adelantó Amichetti.
Privatizaciones
Otro tema que circuló con fuerza respecto al entendimiento es la posibilidad de una nueva ola de privatizaciones de empresas y organismos del Estado nacional. Aunque el Gobierno no detalló qué entidades públicas se pondrán en venta, el fondo dejó en claro que espera una “reducción del tamaño del Estado y una mayor participación del sector privado en áreas estratégicas”. El guiño del organismo al paquete de leyes de desregulación y privatizaciones presentado por el Ejecutivo se da en un contexto de resistencia creciente desde los sectores sindicales y populares, que advierten sobre la pérdida de soberanía y la entrega de activos estratégicos.
Los sindicatos estatales están en alerta por esta posibilidad. Además de las nuevas privatizaciones, hay temor que se intente volver con viejos anhelos de la gestión libertaria, como Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación. En este último caso, en febrero de este año la justicia frenó la transformación en Sociedad Anónima de la entidad, paso previo a la entrada de capitales privados.
“Hasta dentro de cinco meses el fallo está vigente”, aclaró Arturo Quiñoa, titular de la Asociación del Personal jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), que desde un primer momento se puso al frente dela defensa de la banca pública. En diálogo con Data Gremial, el dirigente marcó que cómo están dadas las cosas “hasta las elecciones nacionales no lo van a intentar nuevamente pasar a Sociedad Anónima o privatizar, pero de acuerdo al resultado de las mismas van a intentarlo mientras sean gobierno”. Este panorama puede cambiar, dijo Quiñoa, porque “está todo por verse, empezó el año electoral y hay bastantes elecciones en mayo con inflación en alza”.
Otros pedidos
Otra cuestión que se acordó con el FMI es la eliminación de la intermediación en obras sociales, algo que ya comenzó a darse. Una de las principales medidas fue la implementación de la Resolución 1/2025, dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que elimina la intermediación entre las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga. La normativa permite que los aportes y contribuciones de los trabajadores sean transferidos directamente a las prepagas sin pasar por las obras sociales gremiales.
Con esta resolución, alrededor de 1.400.000 afiliados que hasta ahora derivaban sus aportes a través de una obra social podrán hacerlo de forma directa. Esta modificación cambia el flujo de financiamiento hacia el sistema de salud sindical y se enmarca en los lineamientos del acuerdo con el FMI, que promueve la libre elección de prestadores.
Entre los puntos más sensibles se destaca la exigencia de “armonizar” el régimen jubilatorio, lo que en la práctica implicaría un incremento en la edad para jubilarse y un aumento en la cantidad de años de aportes necesarios. Esta medida impactaría directamente sobre millones de trabajadores, particularmente aquellos del sector informal o con trayectorias laborales discontinua. A su vez, el FMI sugiere revisar los regímenes especiales que gozan ciertos sectores —como docentes, trabajadores de la construcción y fuerzas de seguridad—, con el objetivo de “reducir los desequilibrios del sistema”.