Desde el fin de semana pasado, las plantas de Vicentin están paralizadas, por una decisión de la empresa, que profundiza la crisis que atraviesa. Por esto, unos mil empleados no cobraron sus salarios, lo que genera tensión en las localidades santafecinas. Durante estos días, se buscó alternativas para la situación, pero todas fracasaron, incluyendo una reunión de la cúpula de la firma con otras empresas con las quien comercializa granos. Ante esto, la justicia llamó a una audiencia, donde estuvieron todos los actores, incluyendo a los gremios. De esta cumbre, realizada en Reconquista, tampoco salió nada concreto, así que todo indica que se marcha a un panorama desolador. “La situación está más complicada que antes”, dijo Daniel Succi, titular del Sindicatos de Obreros y Empleados Aceiteros (SEOA) de San Lorenzo, que alertó sobre el malestar de los empleados y de las empresas que trabajan para Vicentin.
En este contexto, luego de la cumbre fallida, no se descartan que haya medidas de fuerza, que pueden afectar a toda la industria agroexportadora, que acaba de firmar un acuerdo paritaria que quedó “viejo” por las novedades económicas del viernes pasado.
Vicentin decidió cerrar el sábado 5 de abril sus plantas industriales ubicadas en Ricardone y Avellaneda ante la imposibilidad de pagar sueldos y la falta de contratos de fasón activos, que eran hasta ahora su única vía de ingresos. Fasón es un término usado en la industria, para referirse a la delegación de la fabricación de un producto a un tercero.
En este caso, la firma tiene una red de fasoneros a los que les envía trabajo. Bajo el argumento de no tener semilla, se decidió frenar la actividad propia y la de estas empresas asociadas. La medida deja en incertidumbre a más de mil empleados directos y amenaza con paralizar otros tres mil puestos indirectos.
“Lo que hizo Vicentin es un lock-out patronal”, dijo Succi de forma tajante. En diálogo con Data Gremial, el dirigente marcó que “se paró las fábricas repentinamente teniendo semillas”. “Las empresas con fasón lo que quieren es trabajar, porque tiene barcos cargados para exportar, silos con material hace una semana que corren peligro de prenderse fuego, pero para hacer todas esas actividades tiene que aparecer la plata, y no aparece”, explicó el dirigente.
Ante la compleja situación que se vive, el juez en lo Civil y Comercial N°2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, llamó el viernes pasado a una reunión con todos los actores involucrados en la crisis, desde los directivos de Vicentin hasta los gremios, pasando por la Unión Agrícola, acreedores como Commodities, funcionarios provinciales y municipales.
Según los medios locales, la audiencia fue “tensa”, donde todos los presentes expresaron su punto de vista. “Estuvieron todos los actores de la situación, el juez pidió una serie de medidas para de alguna manera ‘apretar’ a la empresa para que informe de la situación, y le respondieron que no puede hacerlo porque no tiene personal administrativo para hacerlo, ahora tienen unos días para cumplir ese pedido”, confirmó Succi, que aseguró que “el tema está más complicado que antes, antes se debían 14 millones de dólares, y en una semana 30 millones”.
En la cumbre, el dirigente aceitero rechazó que el cierre de las plantas esté justificado por la falta de semillas. “En febrero Vicentin siempre trabajó sin soja. Este verso de que no hay semilla es una excusa. Las fábricas paradas no le sirven a nadie. Los trabajadores sin sueldo no pueden poner la planta en marcha”, dijo.
Enojo
Desde que se conoció la medida, que incluyó la falta de pago de los sueldos, el temor es al colapso total, por lo que se intensifican las reuniones y los intentos de salvar la firma, en especial desde el gobierno de Santa Fe, que teme que la quiebra genere una catástrofe social. Y razones para creer esto no le faltan.
“Los trabajadores están que explotan, en cualquier momento nos matan a nosotros mismo”, alertó Succi, sobre el clima que se vive en ambas plantas.
“Cuando falta la plata puede pasar cualquier cosa. Hay que entender que se venía complicando por el pago de feriados, y el domingo te dicen que directamente no vas a cobrar el sueldo, los trabajadores están re calientes”, agregó el titular del SEOA de San Lorenzo. Ante esto, no se descartan medidas de fuerza para los próximos días, que podrían tener alcance nacional, es decir, paralizar la exportación.
Ante esto, desde el gobierno de Santa Fe busca evitar situaciones extremas. En la reunión del pasado viernes, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, sostuvo que la empresa “necesita trabajar con soja para sostenerse. No comparto la decisión de haber cerrado las plantas. Esa soja podría haber ayudado a pagar salarios”. “Hay dos grupos en pugna: uno por la homologación y otro por el cramdown, y también hay quienes esperan la quiebra”, agregó. En tanto, el intendente de Avellaneda Gonzalo Braidot advirtió que la situación “es crítica”. “Necesitamos garantías. No queremos que la Unión Agrícola quede perjudicada por ayudar. La Justicia debe dar certezas para que los que apuestan no queden expuestos”, expresó. En las localidades esta incertidumbre se vive con especial cuidado, ya que un cierre definitivo tendrá un fuerte impacto en el malestar social.
Pedido de ayuda
Antes de ir a la reunión judicial, el directorio de Vicentin hizo un llamado urgente a empresas de la agroindustria a que los contraten para industrializar y despachar granos, que según se supo “terminó en fracaso” porque la convocatoria tuvo muchas ausencias y no recibió ofertas concretas. “Los convocamos a presentar propuestas concretas para superar este estado de cosas y tomar decisiones sin dilaciones”, decía el texto de la convocatoria mostrando la urgencia de la situación financiera. Pero solo participaron seis: ACA, Bunge, Viterra, Commodities, Unión Agrícola y Bioenergías y más que ofertas sólo escucharon y hasta transmitieron preocupaciones, como esta última (que alquila la planta de etanol) manifestó su preocupación por contratos. Este sábado, Unión Agrícola Avellaneda y Bioenergias SA” ofrecieron finalmente continuar “con los fazones de girasol y de etanol en las plantas de Ricardone y Avellaneda”, lo que abre la posibilidad de una reactivación.
Succi puso en duda la maniobra: “Qué va a buscar ayuda, ahora se quiere juntar las empresas, lo tendrían que haber hecho antes, cuando les pedían a Vicentin que les mejore la oferta, ese era el momento de juntarse, no ahora que está en el suelo con problemas graves judiciales”. Así, desde su ingreso en default en diciembre de 2019 con una deuda superior a los 1.300 millones de dólares, Vicentin no logró salir de una espiral de complicaciones económicas, judiciales y políticas. En las últimas semanas, la situación se agravó al punto de hacer inviable el pago de la nómina correspondiente a marzo, que aún no fue abonada, sin garantías de que pueda cubrirse en los plazos legales.