Tras llevar a cabo una multitudinaria movilización hacia la Casa de Gobierno local y efectuar un paro de 24 horas el viernes pasado, la Asociación Gremial del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) anunció un nuevo cese de actividad para este miércoles.
Miles de trabajadores participaron de la acción de la AGEPJ, entidad adherida a la Federación Judicial Argentina, bajo las consignas señaladas en su última Asamblea General Extraordinaria del pasado 4 de abril: reestructuración, recomposición vía equiparación y/o bonificaciones y fin del diferimiento jubilatorio.
El gremio impulsa un plan de lucha que continuará la semana entrante, con otro paro de actividades el día miércoles 16 de abril, previas asambleas en el interior y algunos edificios de capital.
“Las y los judiciales de Córdoba venimos cumpliendo un plan de lucha consensuado en nuestra última asamblea extraordinaria. En esta masiva movilización provincial nos hemos concentrado ante la Casa de Gobierno de la provincia para exigir que se apruebe el proyecto de reestructuración de la planta camino a la equiparación y para que se instrumenten herramientas para una recuperación del salario”, afirmó el secretario general de AGEPJ Federico Cortelletti.
Cortelletti indicó que “las y los judiciales, como la gran mayoría de las y los estatales, estamos con sueldos iniciales muy por debajo de la canasta básica”. “Está costando llegar a fin de mes y las deudas comienzan a acumularse, por eso no podemos esperar más”, alertó.
Desde la entidad gremial demostraron su intención de consensuar al manifestar que “la AGEPJ está siempre abierta al diálogo y la negociación con el empleador recordando también que la existencia de un convenio colectivo de trabajo con paritarias es el sistema previsto por la constitución nacional, democrático y eficaz para tramitar los conflictos de intereses que entrañan las relaciones laborales”.
Fuerte acusación
Asimismo, AGEPJ denunció ante el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público Fiscal a la fiscal de Río Segundo por “obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical, desconociendo el instituto de la tutela sindical de la compañera delegada de la sede, reelecta en la última elección de octubre de 2024”.
Desde la institución gremial revelaron que “desde hace unas semanas la fiscal referida comenzó solicitando a la compañera delegada que gestione su propio traslado, luego, como la compañera delegada no realizó la gestión solicitada, la presión de la fiscal aumentó hacia una amenaza de apertura de sumario y traslado compulsivo”
“Desde el primer momento AGEPJ puso en conocimiento de las autoridades del MPF la situación solicitando que la fiscal cese en su ilegal proceder, lamentablemente sin resultado positivo", añadieron.
"Ahora, ante la escalada de la situación AGEPJ planteó la denuncia formal hacia el empleador en sus dos esferas (TSJ y MPF) para que ordene el cese de dicha actitud de la magistrada contraria a la ley y se determinen las sanciones que correspondan por tal proceder”, expresaron los representantes sindicales y remarcaron que “la magistrada se habría atribuido facultades que exceden las que dispone en el ejercicio de la superintendencia, ya que evidentemente no puede amenazar con sumario administrativo a una empleada para lograr el objetivo del traslado y menos vinculando la situación al desempeño de una tarea gremial”.
Además, resaltaron que “los trabajadores con tutela sindical no serán objeto de cese, suspensión o modificación de su relación laboral, sin resolución judicial previa que los excluya de tal garantía”.
A modo de cierre, lamentaron “profundamente estas actitudes de magistrados o magistradas que en medio de un caos económico sin precedentes que golpea fuertemente el bolsillo de las y los trabajadores judiciales intentan amedrentar o lisa y llanamente cercenar derechos de rango constitucional”.