Desde hace años, se viene instalando en distintos puntos de la República Argentina una nueva forma de flexibilización laboral, que viene perjudicando gravemente la actividad legal que llevan adelante los taxis en Córdoba, y en el resto del país.
Hablamos de la prestación de un servicio no regulado legalmente de transporte automotor de personas, que se publicita y/o contrata por medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas (que claramente no son ni de taxis).
En su mayoría, son empresas multinacionales extranjeras (como Uber y Cabify, entre otras), que funcionan en aquellos territorios en los que desde el propio Estado no se visibiliza una firme protección de los derechos que tienen los trabajadores locales, los que se encuentran garantizados no solo en leyes laborales vigentes, sino también en la propia Constitución Nacional.
Asimismo, también avanzan en territorios en los cuales, quienes legislan (especialmente en los Concejos Deliberantes), no se presentan y aprueban Ordenanzas que prohíban el desembarco de estas Apps Extranjeras que no se ajustan también entre otras cosas, a los marcos legales laborales de nuestro país, con relación a sus dependientes (a quienes los tienen con un simple monotributo), bajo una forma de explotación laboral moderna.
Desde los municipios se tiene la obligación proteger sin matices la actividad de los taxis (que se encuentra regulada mediante la Ordenanza pertinente), por prestarse a través de los mismos un servicio de transporte público (automotor).
Asimismo, es necesario señalar que quienes ejercen el transporte automotor de pasajeros por fuera de la ley, sin habilitación Municipal, que es publicitado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas; generan una clara competencia desleal, lo que en la práctica pone hoy al taxi en riesgo de extinción.
Eso sucede, debido a que los primeros no invierten, no trabajan dentro del marco legal vigente para la actividad; no tienen que circular las 24 horas del día (los 365 días del año incluyendo sábados, domingos y feriados); no tienen radio; GPS; botón de pánico; ni inspecciones municipales; cualquiera se sube o se baja del auto; evaden impuestos; tienen enormes hechos de inseguridad en todo el mundo, poniendo en riesgo no solo el propio sistema, sino fundamentalmente a miles de fuentes de trabajos, lo que es inadmisible e inaceptable
No se sabe si cuentan con seguros que cubran los riesgos de las personas transportadas, por lo cual ni los conductores, ni estas empresas de transporte automotor de pasajeros por plataforma electrónicas, serían responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio ilegal a usuarios o terceros, no tributan impuestos y/o tasas provinciales y/o municipales.
La clase trabajadora en Córdoba y en el interior; exhorta y reclama a quienes legislan en los Concejos Deliberantes, y a quienes gobiernan en los respectivos Ejecutivos municipales; que hagan cumplir la ley y que avancen en todas las medidas que sean necesarias para defender el trabajo local.
En el Concejo Deliberante de Córdoba, el Secretario General del Sindicato de Peones de Taxi (Héctor Miguel Arias), presentó e impulsó una iniciativa legislativa en la que trabajamos en conjunto sobre Apps Extranjeras para la ciudad capitalina, para que los Concejales lo tomen, lo analicen y lo discutan.
El mismo, nunca se debatió.
Hasta el día de hoy, observamos una falta de decisión política, sobre esta problemática grave de la familia del taxi cordobesa, lo que es realmente muy preocupante.