Cuando hablamos de la violencia laboral, nos referimos de una forma de abuso de poder, que se ejerce de forma sistemática y que tiene por finalidad someter al otro en el lugar de trabajo (en muchos casos se persigue la renuncia de la víctima).
La misma, tiene distintas modalidades, como por ejemplo: el acoso moral o psicológico, el acoso sexual, y la agresión física.
Cuando hablamos de acoso moral o psicológico, nos referimos a toda situación en la que una persona o grupo de personas, ejerzan un maltrato modal o verbal, alterno o continuo sobre un trabajador, buscando así desestabilizarlo, aislarlo, deteriorar su autoestima, disminuir su capacidad laboral, degradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa en su espacio de trabajo.
Cuando hablamos de acoso sexual, nos referimos a toda conducta verbal o física reiterada, con connotación sexual, no consentida por quien la recibe (basada en el poder), que afecta su desempeño laboral.
Cuando hablamos de agresión física, nos referimos a toda conducta que de forma directa o indirecta, esté dirigida a generar un daño físico sobre un trabajador. La violencia laboral no es un hecho aislado. Es una conducta sistemática y casi permanente, que termina resintiendo la salud de un trabajador, pudiendo llegar en algunos casos, hasta suicidios.
La República Argentina adhirió a través de una ley nacional, al Convenio N°190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre violencia laboral.
Si bien es un importante hecho en materia legislativa, hay que resaltar que nuestro país no sólo debería adherir a este importante convenio sobre la violencia laboral, sino que también tiene que avanzar en la aprobación de una ley nacional y provincial, que prevenga y sancione esta forma de violencia en el ámbito del trabajo.
En la actualidad en nuestra querida Nación y a nivel provincial, existe un vacío legal específico sobre esta problemática de la clase trabajadora.
Solo algunas provincias han sancionado sus propias leyes locales contra la violencia laboral, como por ejemplo Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y San Luis; y hasta la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Córdoba (“La Docta”), es una provincia en la que sus propios legisladores se resisten a tratar esta temática.
En mi caso en particular, como ciudadano he logrado a través de distintos legisladores, elevar no menos de veinte (20) proyectos de leyes ordenanzas, proyectos de leyes provinciales y proyectos de leyes nacionales contra la violencia laboral que hice.
Algunos de ellos que han obtenido apoyos contundentes de Sindicatos, Centrales Obreras Nacionales, organizaciones religiosas, incluso uno de ellos, presentado en el año 2016 en la legislatura Unicameral cordobesa, fue declarado de Interés General por ocho (8) Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (Proyecto 18973L16).
¿Cuántos proyectos de leyes en la Unicameral, cuentan con semejante apoyo?
¿Por qué entonces en tantos años aún, la provincia de Córdoba logró aprobar la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral?
Hace ocho (8) años, vengo instando la aprobación de la ley local contra la violencia laboral, y no descansaré hasta que se concrete la misma.
En 2024 Córdoba se debe aprobar la ley provincial contra la violencia laboral.
En mi opinión no se puede seguir con parches, como considero a los protocolos existentes, los que en ciertos ámbitos hoy se aplican y que han demostrado sobradamente que no sirven para nada.
Implementar protocolos contra la violencia laboral, lo considero una herramienta inútil desde todas las ópticas, para ponerle un verdadero freno a esta forma de violencia en el ámbito del trabajo.
Las herramientas contundentes y de alcance general para la prevención y sanción de estás conductas, son las ordenanzas, las leyes locales y una ley nacional contra la violencia laboral.
Como cordobés, estoy convencido de que nuestra clase política, tiene la obligación de atender esta cuestión con suma urgencia.
Miles de personas se han enfermado, y hay casos de muertes causadas por violencia laboral.
En Córdoba, ya existen antecedentes que son de público conocimiento.
Hay que trabajar con urgencia sobre esto, por parte de quienes legislan.
Gracias a la gestiones de algunas legisladoras y legisladores (por ejemplo Luciana Echeverría del FIT y Dante Rossi de la U.C.R., entre otros), hemos venido impulsando otros proyectos de leyes de mi autoría contra la violencia laboral para la Córdoba.
Hasta ahora, solo existió voluntad política de avanzar hacia la aprobación del primer marco legal en esta provincia que elaboré personalmente (hecho histórico) en la ciudad de Río Ceballos, por su Concejo Deliberante, en el que se aprobó la ordenanza municipal (N° 2625/19), que ya se encuentra debidamente reglamentada por el Ejecutivo municipal, impulsada desde el bloque de concejales de la UCR en aquel año.
La política antiobrera que vivimos durante el gobierno macrista y la mirada similar hacia el trabajador que tiene el actual gobierno nacional (y también algunos provinciales), generan una escalada geométrica en los casos de violencia laboral, que padecen miles de activos en todo el país, y Córdoba no está exenta.
Está comprobado por especialistas en temas de salud, que la violencia laboral termina ocasionando a sus víctimas patologías físicas y psíquicas y que existen casos de suicidios y de muertes también.
Así lo pude investigar en mi tesis sobre violencia laboral.
He escrito dos libros sobre violencia laboral.
Con todo el conocimiento y la experiencia que tengo en ésta problemática obrera, quisiera pedirle a la clase política de Córdoba y la nacional, que aprueben marcos legales contra este flagelo. Hasta hoy, hay innumerables proyectos de ordenanzas y de leyes que “duermen el sueño de los justos” desde hace años, en los cajones de varios recintos legislativos, sin tratarse.
De continuar como hasta ahora, seguirá aumentando el número de personas enfermas y/o probablemente también el número de muertes causadas por violencia laboral.
Las iniciativas legislativas sobre la violencia laboral hay que tratarlas, mejorarlas entre todas las fuerzas políticas, y avanzar en sus prontas aprobaciones, no solo en Córdoba sino también en otras provincias y a nivel nacional.
Señores Legisladoras y Legisladores: "Desde hace años, el pueblo trabajador se los demanda".