Es muy angustiante la realidad que les toca atravesar, a millones de personas con discapacidad en la República Argentina.
Si bien nuestra Constitucional en su Art. 14 y 14 bis, la Constitución Provincial de Córdoba en el Art. 23, y la vigencia de Tratados Internacionales; establecen el derecho que tienen las personas en general a trabajar en nuestro país, pues aun así, quienes padecen distintos tipos de discapacidades vienen siendo abiertamente discriminados e ignorados, a la hora de buscar e intentar conseguir un trabajo, y al parecer a nadie le importa.
La dirigencia política en general, demuestra que no tiene entre sus prioridades, a las problemáticas que sufren las personas con discapacidad.
En el sector privado, son muy pocas actividades las que incorporan personas con discapacidad a la hora de tomar nuevos empleados.
En el sector estatal y en sus reparticiones, no se observa que se cumplan los cupos establecidos por leyes específicas que así lo indican.
En la provincia de Córdoba, está vigente la Ley 5.624 (y modificatorias), que establece el derecho que tienen las personas con discapacidad a que se dé estricto cumplimiento al cupo del 5% de agentes con discapacidad, que deben desempeñarse en el Estado Provincial y en sus distintas dependencias.
En la Nación, se encuentra también vigente la Ley 22.431 (y modificatorias), que establece el derecho que tienen las personas con discapacidad a que se dé estricto cumplimiento al cupo del 4% de agentes con discapacidad, que deben desempeñarse en el Estado Nacional y en sus distintas dependencias.
A nivel internacional, tiene plena vigencia la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿En la provincia de Córdoba y en la Nación, se está cumpliendo con dichos cupos?.
¿De los nuevos agentes que han ingresado en los últimos cuatro años, en el Estado Provincial cordobés y en sus reparticiones, cuántas personas con discapacidad lo lograron de igual manera?.
¿De los nuevos agentes que han ingresado en los últimos cuatro años, en el Estado Nacional y en sus reparticiones, cuántas personas con discapacidad también pudieron hacerlo?.
¿Quién controla que ambos cupos laborales se cumplan?
¿Los sectores de oposición, qué trabajos hicieron en los últimos cuatro años en materia de cumplimiento del cupo laboral por discapacidad no solo en la provincia de Córdoba, sino también en la Nación?
La política en Argentina, no tiene la mínima idea sobre las enormes dificultades que atraviesan las personas con discapacidad y sus propios núcleos familiares. Viven en otro planeta, alejados de la realidad diaria de miles de personas que están en esta situación.
Constantemente hablan de inclusión, solo desde lo discursivo; pero en las decisiones que se toman no se observa demasiado al respecto.
¿A quiénes incluyen entonces?
Inclusión, implica como prioridad principal para la provincia de Córdoba y para la Nación, que se cumplan con las leyes de cupo por discapacidad existentes.
Inclusión, implica garantizarle a las personas con discapacidad su derecho a reinsertarse social y laboralmente.
Inclusión, implica entender que las personas con discapacidad quieren superarse, y salir adelante.
Ninguna persona con discapacidad considera que por su condición no haya que luchar más, que haya que bajar los brazos, y no pelear por los sueños que se tienen para la vida.
Hay que recordar que existen normativas específicas (leyes provincial y nacional), normativa Constitucional (Constitución de la provincia de Córdoba y Constitución Nacional), y normativa Internacional (Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad), que estipulan el derecho a trabajar que tienen las personas con discapacidad.
El acceso al trabajo para las personas con discapacidad por parte del Estado y sus reparticiones, es inclusión.
Entonces, es tiempo de inclusión no solo desde lo discursivo, sino también desde los hechos concretos.