Titula el diario de Córdoba La Voz del Interior con fecha 2 de diciembre de 2023: "Ocho de cada 10 personas con discapacidad no consiguen trabajo". Y seguidamente cita: "En Argentina, el 87% de las personas con certificado único de discapacidad está desempleada. La accesibilidad es la gran deuda".
Este es el gravísimo cuadro de situación laboral y económica, que padecen las personas con discapacidad no solo en Córdoba, sino que también en toda la República Argentina.
Desde hace años, el principal sector de la población argentina que se ha visto postergado con relación a su reinserción laboral y social, es el de las personas con discapacidad. Pareciera que su suerte está librada al azar, y a lo que puedan hacer las familias de las personas con discapacidad para ayudarlas.
Lo más alarmante de esto, es que existen leyes especiales, como son la Ley N° 5624 y sus modificatorias (en Córdoba), y la Ley N° 22431 y sus modificatorias (a nivel nacional), que fijan un cupo laboral para que las personas con discapacidad, puedan trabajar en el Estado y en sus distintas Reparticiones.
En el caso de la Ley Provincial en Córdoba, el cupo laboral es del 5%; mientras que en el caso de la Nación, el cupo laboral es del 4%.
¿Hay acceso a la información pública, sobre la cantidad total de agentes que tienen las Reparticiones estatales y el número total de agentes con discapacidad que han accedido allí al trabajo, exclusivamente por este cupo laboral?
¿Cuántos concursos públicos han existido en todos estos años, en los que se convoque a cubrir puestos de trabajo a personas con discapacidad?
¿Qué control ciudadano vigente, permite observar el estricto cumplimiento de ambos cupos laborales, por parte del Estado y sus Reparticiones?
Claramente, con los números puestos sobre la mesa en este informe del diario La Voz del Interior, se vislumbra el notable incumplimiento de ambos marcos legales, en relación con el cupo laboral para las personas con discapacidad, por lo que estoy tiene que cambiar sí o sí.
Ambas normas, deben ser cumplimentadas por quienes se encuentran alcanzados por las mismas.
Existen otros cuerpos legales, que garantizan el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, como por ejemplo: las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (de aplicación en la República Argentina); lo estipulado en los Artículos Nº 23 y Nº 54 de la Constitución de la Provincia de Córdoba; y en los Artículos Nº 14, Nº 14 bis y Nº 16 de la Constitución Nacional.
Hay quienes consideramos urgente, la necesidad de implementar modificaciones a estos cuerpos normativos específicos de cupo laboral para las personas con discapacidad, para hacerlos verdaderamente operativos y sobre todo cumplidos.
Cómo primer paso, elaboramos en conjunto con el Legislador Provincial Dante Rossi, un proyecto que apunta a incorporar algunos cambios en la Ley N° 5624 (Córdoba), en donde entre otras cosas proponemos que sean alcanzados por la misma, todas aquellas personas en la provincia que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (consideramos que es más inclusivo este punto, respecto a la redacción de la actual norma). Se sugiere que la provincia otorgue un mínimo de ciento cincuenta (150) becas de estudios terciarios y universitarios, a quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (ampliando el número de becas sustancialmente al texto actual, y a la vez, fijando que esa cantidad de becas es el mínimo y no el máximo que se pueden otorgar), lo que sin lugar a dudas bajo las condiciones que se fijan, contribuiría a la formación y capacitación que les ayude a acceder a títulos profesionales de calidad (extremadamente importante a la hora de buscar empleo). Asimismo, se apunta a que aquellos hogares en los que haya una o más personas con Certificado Único de Discapacidad, se apliquen grandes beneficios en materia de impuestos provinciales y en servicios, para alivianar la carga tributaria en esos hogares, en los que allí el Estado debe decir presente.
Es fundamental que en la provincia de Córdoba y a nivel nacional, se cumplan con estos cupos laborales obligatorios para ambos Estados (no son voluntarios); para que las personas con discapacidad puedan acceder a su derecho constitucional al trabajo.
La agenda de las personas con discapacidad, debe estar presente para todos los gobiernos, pero también para todos los sectores de oposición.
El Proyecto N° 38946L24 que trabajamos con el Legislador Dante Rossi, ya tiene estado parlamentario y que viene cosechando importantes adhesiones de sindicatos cordobeses (Sadop Córdoba, Sipetaco, Sirelyf, Surrbac, Cispren, entre otros), del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, y de importantes Instituciones (Facultad de Lengua de la U.N.C., Colegio Profesional de Psicólogos de Córdoba, Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina, Cotolengo Don Orione, entre otros).