Todos estamos de acuerdo, la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías.
Pero un proceso que se está llevando adelante en nuestro país, como en otras partes del mundo en las que no se han tomado cartas en el asunto aún, es el ingreso sin ningún tipo de control, y el funcionamiento de una serie de Apps de transporte de personas que ofrecen diferentes tipos trabajos precarizados, y a la vez, de servicios a los propios ciudadanos argentinos.
¿El Estado nacional autorizó a estas empresas extranjeras a funcionar aquí?
¿Los Estados Municipales en nuestra Nación han intervenido con todas las herramientas legales, para prevenir este servicio de fuga de capitales, evasión tributaria, esclavitud laboral extrema, y manifiesta competencia desleal con el servicio legal que brindan taxis y remises?
¿Qué sucede con muchos Estados Municipales que han consentido (por acción u omisión), que hayan comenzado a funcionar y que lo sigan haciendo en la actualidad, aplicaciones como Uber, Cabify, entre otras?
En los países serios del mundo, el Estado Nacional, Provincial y Municipal defiende el trabajo local y hace cumplir las leyes a los propios y a los ajenos.
La gran mayoría de estas aplicaciones, se traducen en una nueva forma de esclavitud laboral moderna, a nivel mundial.
Los trabajadores de estos servicios que se ofrecen por Apps (de transporte de personas, de alimentos, entre otros), podríamos decir que se encuentran en una situación de “precariado”.
Esta denominación, apunta a visibilizar que forman parte de una franja de trabajadores que se encuentran en condiciones de precarización laboral en el autoempleo, y que en el fondo terminan auto explotándose a sí mismos.
El autoempleo es una forma de explotación laboral de un trabajador, y quienes terminan ganando respecto a esta situación, son las grandes corporaciones a costa de estos trabajadores sin derechos, sin conquistas y que trabajan en condiciones indignas de trabajo.
Cuando por ejemplo se habla de Uber… ¿Cuánto desempleo encubierto existe en el autoempleo de Uber?
¿Si en Argentina, no se hubieran perdido miles de fuentes trabajo nacional genuino (en relación de dependencia estatal o privada), en estos últimos años, Uber tendría posibilidades de conseguir trabajadores aquí?
Algo que hay que destacar, es que estas plataformas para funcionar no pagan impuestos.
Los impuestos sirven para garantizar desde el Estado, derechos de los ciudadanos a la salud, a la educación, a la alimentación, y a la seguridad entre otros.
La ciudad de Córdoba debe modificar urgente a través del Concejo Deliberante el Art. 181 del Código de Convivencia Municipal, para hacer más efectiva y operativa la prohibición de apps no autorizadas por el propio Municipio. Días atrás, le hice llegar a un concejal del oficialismo, un proyecto que elaboré y en el que elaboré a tales fines. Estoy esperando su respuesta y decisión política firme de presentarlo y buscar su aprobación.
Pero a pesar de esta prohibición en la capital cordobesa, estos servicios hacen publicidades en redes sociales, YouTube, pantallas de Shoppings, y cuentan con un poderoso lobby que hacen medios de comunicación que apoyan la precarización laboral en nuestro país.
Este mensaje, nos da la sensación de que ellos estuvieran por encima del Estado Municipal Capitalino y de las ordenanzas locales.
¿Acaso Uber y otras aplicaciones, estarían funcionando en la práctica como un Estado paralelo?
Recientemente en la localidad de Huerta Grande hace unos meses atrás, logre la aprobación de un proyecto de prohibición de este tipo de servicios ilegales en el Concejo Deliberante a través de la concejal Natalia Ariza (que en 2019 tuve la posibilidad que lo presentara la concejal Cavanna). Esta iniciativa legislativa, protege en forma contundente el trabajo legal de taxis y remises en dicha ciudad.
Seguiremos avanzando en todos los Concejos Deliberantes, que demuestren representar los intereses nacionales, por encima de los extranjeros y sobre todo, que defiendan los intereses de nuestra Patria.