En la previa al tercer paro general realizado por las centrales obreras contra el gobierno de Javier Milei, la gestión libertaria desplegó su habitual ataque a la medida de fuerza. Primero, con carteles donde calificó la protesta como “ataque a la República”, y volvió a calificar de “casta sindical” a la dirigencia que generó la medida. Para reforzar esto, el Ministerio de Seguridad fomentó las denuncias a una línea telefónica, para que los trabajadores o empresas que sufran supuestos aprietes en día de la jornada de lucha, puedan expresarlo. Los datos posteriores mostraron un rotundo fracaso de esta política, ya que según difundió la propia cartera que conduce Patricia Bullrich de los 823 llamados recibidos a la línea 134, 92 fueron sobre la medida de fuerza, apenas 79 resultaron para denunciar supuestas amenazas o extorsiones y de ellas solo unas 13 recibieron asesoramiento por parte de las autoridades federales.
Pese a esto, este lunes se supo que el gobierno nacional avanzó con denuncias penales a varias organizaciones. Se trata de media docenas de gremios, que fueron llevados a la justicia federal por su participaron en la movilización al Congreso de la Nación. Según las versiones, la presentación apunta a delitos como “atentado, extorsión y coacción”. Para la dirigencia, esto no hará más que tensar la relación que hoy “está rota”, y profundizará la conflictividad.
Las denuncias contra los gremios sorprendieron porque durante la jornada del paro general no hubo mayores señales de que se iba a avanzar con esta clara judicialización de la actividad sindical. Según informaron varios medios, las entidades incluidas en la presentación del Ministerio de Seguridad son el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Unión Ferroviaria. La medida fue promovida entre el 11 y 15 de este mes, a pocos días de la huelga en todo el país. Las denuncias penales se radicaron en los tribunales de Comodoro Py y, entre los principales motivos, se encuentra “atentado, extorsión y coacción”.
Bullrich ya había anticipado dicha estrategia, al declarar que su ministerio había recibido “más de mil llamados” a la línea telefónica con denuncias por “aprietes” de los gremios: “Se saturó, tuvo más de mil llamados, el porcentaje más alto fue por extorsión, amenazas, así tuvimos un porcentaje grande”, afirmó en declaraciones radiales.
En los gremios denunciados, la sorpresa fue la primera reacción. Data Gremial consultó a allegados de las organizaciones llevadas a la justicia, que prefirieron la prudencia ante todo. Saben que la ministra Bullrich suele avanzar en este tipo de procedimientos, como sucedió cuando se denunció a la jueza que liberó los más de 100 detenidos en la marcha de los jubilados que terminó con una violenta represión. Casualmente el encargado de hacer esta presentación fue la misma oficina que la que denunció a los sindicados. “Vamos a esperar que vayan avanzando los procesos”, se limitó a decir una fuente del sector, que alertó que este tipo de maniobras “aumentará la conflictividad”. En este punto, los gremios creen que en momentos que se insiste con pisar las paritarias y hay un repunte inflacionario, la decisión de realizar estas presentaciones agregará más tensión. “Varios gobiernos intentaron este tipo de maniobras, es una novedad, vamos a seguir reclamando por los derechos”, sintetizó la misma fuente.
Detalles
Según la información que circuló el fin de semana, Fernando Soto fue el encargado de realizar todas las presentaciones contra los sindicatos. Se trata del Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera que conduce Bullrich. El 11 de abril, al día siguiente del paro nacional, realizó las primeras dos: una fue por "coacción y extorsión" y quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, la otra fue contra SMATA por "amenazas y extorsión" y salió sorteado para tramitarla el juzgado federal Nº 12 que subroga el juez Ariel Lijo, el candidato fallido del gobierno para la Corte Suprema. Luego denunció por "amenazas” y “extorsión" a la UOM, la UOCRA, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Unión Ferroviaria. Estos casos quedaron radicados en los juzgados Nº 12 (que subroga Lijo), el Nº 4 (en el que Lijo es el juez titular) y los restantes dos en el Nº 2 a cargo del juez Sebastián Ramos.
Bullrich había adelantado su estrategia contra los sindicatos el mismo día del paro cuando dijo que el ministerio recibió "más de mil llamados" para denunciar a sindicatos por supuestos "aprietes" para parar. Pero los datos que se difundieron luego de la jornada contradicen los dichos. Como informó en su momento Data Gremial, el 100 por ciento de las comunicaciones recibidas, un 9,59 por ciento pertenecieron a maniobras de hostigamientos por la huelga y tan solo 1,57 por ciento se tradujeron en respuestas. Pese a esto, la funcionaria dijo que hubo "otro porcentaje grande de gente que llamó sin una denuncia concreta, pero acusando a los gremios de impedir que el país funcione", dijo la ministra. “La Argentina es retrógrada en instituciones sindicales que trabajan para ellos y en su propio interés”, agregó.
Aumenta la conflictividad
En este contexto, desde que asumió el gobierno de Mieli, aumentaron los eventos represivos, de la mano del protocolo “anti piquetes”, punta de lanza de la gestión libertaria para frenar la protesta social. para seguir el avance de este tipo de eventos, la CTA Autónoma creó el llamado Monitor de Respuestas Represivas, que reúne datos de las acciones de las fuerzas estatales y paraestatales contra las organizaciones del campo popular, y da cuenta de la dimensión del operativo montado por el Ministerio de Seguridad de Nación y de la CABA. Los datos del 2024, los últimos disponibles, son contundentes. El año pasado, los eventos represivos por mes fueron 134, con un pico de casos en junio, con 41. Esta escala “da cuenta de la cantidad de hechos donde existió represión contra los manifestantes y sus organizaciones”, y la incidencia se agrupan por mes desde diciembre de 2023 a la fecha. Además, se le abrieron causas judiciales a 179 personas, marcando que la estrategia de la cartera de seguridad es aumentar la presión contra la protesta social.
Este año, la mayoría de los eventos represivos se dieron frente al Congreso, en el marco de las marchas de apoyo a los jubilados, que fueron apoyadas por diversas organizaciones y sectores. Según un informe preliminar de Posta de Salud y Cuidados, durante la jornada de del 12 de marzo se registraron 317 personas atendidas por diversas lesiones entre lxs manifestantes, incluyendo traumatismos de cráneo (con y sin pérdida de conocimiento), traumatismos de tórax, síncopes, lipotimias, heridas abiertas en el rostro, hemorragias, esguinces, luxaciones y dificultad respiratoria aguda. Por su parte, la Comisión por la Memoria reportó 672 personas heridas con postas de goma, traumatismos de cráneo con y sin pérdida de conocimiento, traumatismos de tórax, síncopes, lipotimias, heridas abiertas en rostros, hemorragias, esguinces, luxaciones, quemaduras en cara y distintas partes del cuerpo, pérdida temporal de la visión y dificultades respiratorias agudas. Entre ellos: Periodistas y defensores de derechos humanos, personas de la tercera edad, jubilados, mujeres y jóvenes.