El gobierno nacional recibió un duro revés por parte de la Justicia laboral que rechazó la medida cautelar solicitada por la Secretaria de Trabajo para avanzar en la intervención de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), cuyo titular es José Voytenco. De esta manera, el gremio no corrió la misma suerte que la obra social OSPRERA.
La resolución judicial fue dada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los magistrados Carlos Pose, Manuel Diez Selva y Gabriela Vázquez, luego de que la cartera laboral denunciara irregularidades en el congreso donde los afiliados eligieron a sus representantes el 28 de noviembre del año pasado.
No obstante, el juez Pose profundizó en la denuncia contra ex autoridades de la UATRE, en el que se lo involucra como parte de una asociación ilícita junto a funcionarios del Estado para apropiarse de la organización sindical. La causa se encuentra en curso en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº7.
En este sentido, Pose consideró a que “la petición estatal resulta improcedente: nos encontramos dentro de un campo disciplinario donde rige el principio de libertad sindical y, en consecuencia, una solicitud como la intervención resulta solo viable sólo si se acreditase fehacientemente el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado”.
“En el caso, el primero sería dudoso porque todavía sigue controvirtiéndose en sede ministerial, el valor de los actos eleccionarios celebrados para determinar cuál de las listas en pugna habría resultado triunfadora en los comicios celebrados. Pero, soslayando lo expuesto, lo importante es la verosimilitud del derecho invocado por el Estado para proceder a la intervención del sindicato ha sido enervado por la denuncia penal (de UATRE) y su recepción por parte del tribunal competente: estamos ante un fenómeno que interesa al orden público y que la doctrina tipifica como prejudicialidad penal, no correspondiendo que el tribunal civil emita pronunciamiento hasta que el tribunal criminal se pronuncie”, argumentó.
En tanto Vázquez analizó que la intervención “debe ser el último recurso al que se acuda para proteger a los afiliados” y precisó que en el caso de UATRE “no se concretarían prima facie –al menos en esta instancia del proceso-, las circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 56 inciso 3, apartado b de la ley 23.551, como para habilitar desde esta judicatura la pretensión cautelar”.
El pedido de intervención
El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, y el director de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino, fueron los funcionarios que salieron al acecho del sindicato, al denunciar que “se evidencia que dicho evento [el congreso en el que se eligieron autoridades] se llevó a cabo soslayando la suspensión dispuesta, incumpliendolas resoluciones estatales, afectando la gobernabilidad del sindicato y la validez de las decisiones adoptadas en el mencionado Congreso”.
“Que esta autoridad de aplicación no ignora la autonomía de las organizaciones sindicales para darse sus instituciones,establecer sus procesos electorales y tomar todas las decisiones propias de la vida sindical, la que debe ser respetada a ultranza por los poderes públicos por tratarse de una manifestación esencial del principio de libertad sindical, pero ello debe armonizarse con la garantía que la Autoridad Laboral debe otorgar al respeto al principio de democracia sindical”, aseguraron en su momento.