En encuentros informales previos a la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), rectores de todo el país analizaron el impacto de la decisión del gobierno nacional de extender el presupuesto 2023 para el año que viene para la educación superior. Si bien la medida no se formalizó, se espera que en los próximos días se anuncie junto con un DNU que buscará desregular la economía y una serie de leyes que intentan darle forma al plan económico de la gestión de Javier Milei. De confirmarse, en las universidades creen que tendrán tiempos complejos, ya que, en un contexto de alta inflación, mantener los mismos recursos para todo un año puede dejar a las administraciones sin recursos para afrontar sus obligaciones.
Esto puso en alerta a los gremios docentes, que esperan que antes de fin de año lograr reabrir la paritaria, aunque la falta de diálogo con las actuales autoridades retrasa esta idea. Cabe destacar que por decisión de la gestión actual, el Ministerio de Educación fue degradado a secretaría, a cargo del Ministerio de Capital Humano. Por esta situación, desde la CONADU Histórica se declararon “en estado de alerta” y llamaron a todas las organizaciones sindicales a unificar un plan de lucha.
La advertencia de los rectores se dio en la previa de la reunión del CIN, que tendrá lugar en los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires. La posibilidad de que se prorrogue el presupuesto genera alarma entre los funcionarios, ya que aseguran que con esa medida se pone en serio peligro el funcionamiento básico de la educación superior. El tema será eje central de la discusión que tendrá lugar en la próxima reunión de la entidad que reúne a todos los rectores del país, bajo la presidencia de Carlos Greco, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
“Después de la reunión del Comité Ejecutivo haremos un encuentro informal para analizar la situación, compartir información y analizar eventuales pasos a seguir”, adelantaron desde el CIN, que en su último encuentro en septiembre pasado había realizado un llamado a sostener la educación superior, no importa quién gane las elecciones.
“En el reciente congreso de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) ratificamos nuestro compromiso con la defensa de nuestros salarios, y los derechos de los trabajadores universitarios”, recordó Daniel Ricci, titular dela entidad sindical. En diálogo con Data Gremial, agregó que además de estas cuestiones “el gremio hizo un fuerte llamamiento a defender la educación pública como garantía del ascenso social”.
En este contexto, Ricci recalcó que hasta este momento el gobierno de Javier Milei “tomo medidas que hicieron aumentar los índices inflacionarios”. Sobre el congelamiento del presupuesto, alertó que “de continuar esta escalada inflacionaria a la brevedad vamos a necesitar una recomposición de ese presupuesto, sobre todo si llega a darse un aumento de las tarifas de los servicios públicos”. Esta medida incluye además la reapertura de las paritarias, que FEDUN ya reclamó a las nuevas autoridades. En la última reunión salarial realizada en noviembre se acordó un incremento adicional del 9 por ciento y el compromiso de reunirse en la primera quincena de diciembre, algo que no se cumplió.
Estado de alerta
Ante el incumplimiento de las nuevas autoridades de lo firmado un mes atrás, un gremio decidió declararse “en estado de alerta y movilización”. Se trata de CONADU Histórica, cuyo plenario de delegados hizo un análisis de la coyuntura política nacional y de las medidas anunciadas por el nuevo gobierno y debatió en torno a la estrategia “frente al nuevo escenario político y discutió diversos temas gremiales”. En este sentido, ratificó la exigencia de “la inmediata reapertura de la paritaria salarial de la docencia universitaria y preuniversitaria”, para evitar que los salarios queden por debajo de la inflación.
“El reclamo de la reapertura de la paritaria es casi obvio, los analistas aseguran que la inflación va a llegar al 30 por ciento en diciembre y seguirá alta enero y febrero, se necesita una suba salarial porque sino se hace una transferencia de ingresos desde los trabajadores a los sectores más concentrados de la economía fenomenal, lo cual es totalmente injusto”, sostuvo Luis Tircornia, dirigente del gremio universitario. El objetivo de la dirigencia es “por lo menos empatar a la inflación”, para lo cual se debe volver a dar un aumento. Además, se pidió que no se vuelva a aplicar el Impuesto a las Ganancias los trabajadores, y se pronunció “en defensa de la universidad pública, gratuita, al servicio de las clases populares”.
En cuanto a la cuestión presupuestaria, Tiscornia le explicó a Data Gremial que “lo que resolvió el gobierno es prorrogar el presupuesto 2023, es decir, aplicar las mismas cifras para el año pasado. Está claro que esto es menos de la mitad de los recursos en términos reales, por efecto de la inflación, lo que hará que las universidades de mantenerse esta situación en abril o mayo ya no tendrían más fondos para funcionar”. Para Tiscornia, esta medida se termina resolviendo “como sucede en las provincias: el gobierno tendrá la potestad arbitraria los refuerzos presupuestarios, al no haber ley”.
En ese contexto, serán los rectores los que negocien esos refuerzos, y se terminarán de definir por vínculos políticos. “Está claro que estamos ante un ajuste generalizado que también pagará la educación junto con el conjunto de los trabajadores. Queda demostrado que el ‘ajuste lo paga la casta’ era una mentira”, concluyó Tiscornia. CONADU Histórica llamo a la unidad para enfrentar esta realidad.
Horizonte conflictivo
Como los gremios, los rectores de las universidades ya avizoran serios problemas con el anunciado incremento de tarifas, al punto de que varias universidades planifican pedir la ayuda de los gobiernos provinciales y locales para poder afrontar lo que viene. Además, el presidente Milei rubricó su primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) modificando la Ley de Ministerios, con el cual Educación fue degradado a una secretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El último plenario del CIN se celebró enseptiembre en San Luis, en el contexto de una campaña electoral que registraba una fuerte embestida del actual oficialismo contra las universidades públicas y el sistema científico. “No hay ninguna discusión entre los rectores sobre el financiamiento y todos hemos expresado nuestro compromiso con la educación en general y la universitaria en particular, como derecho público universal”, advertía en aquel momento el titular de la Universidad del Litoral (UNL), Enrique José Mammarella.